Logra Madueña otra victoria más en tribunales

ROBESPIERRE LIZÁRRAGA. Amparado.

Y mientras… siguen aplazando inicio de juicios

Mientras en los juzgados locales los universitarios siguen con estrategias para aplazar el inicio de los procesos penales, en un juzgado federal un juez determinó que la Auditoría Superior del Estado no tenía facultades para realizar la auditoría que pretendió hacer a los ingresos propios de la UAS y por la que fueron denunciados penalmente y vinculados a proceso el rector y el abogado general.

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La semana pasada en el Centro de Justicia Penal de Culiacán, de nueva cuenta lograron diferir audiencias con la revocación de abogados e inasistencias por enfermedad y en un juzgado federal obtuvieron un amparo contra la auditoría 12/2023 que la ASE intentó realizar el año pasado.

El rector, Jesús Madueña Molina, y el entonces abogado general, hoy encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, se negaron a la auditoría y fueron denunciados por abuso de autoridad y en septiembre vinculados a proceso penal.

De acuerdo con las sentencias de amparo del juzgado de distrito y de recursos de queja del Tribunal Colegiado Administrativo, los jueces federales determinaron que la ASE invade la competencia de autogobierno y autonormación.

Las sentencias detallan que el patrimonio universitario se conforma con recursos públicos que el Estado provee y con otros bienes que provienen de fuentes particulares como legados, donaciones, aportaciones de dinero, cuotas, producción científica, tecnológica y artística, y éstos últimos, al ser de origen privado, no son susceptibles de fiscalización estatal.

Señala que los ingresos o recursos que provienen de fuentes particulares, adquieren el carácter de un particular frente a actos de Estado.

En el presente caso la Universidad quejosa se encuentra como un particular frente a un acto del Estado, concretamente de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, indica.

Detalla que los ingresos propios no forman parte de la cuenta pública porque, al no ser ministrados por un poder público, son recursos privados que recibe la universidad.

Los actos que pretendan fiscalizar y revisar el patrimonio universitario ajeno a los recursos públicos que el Estado provee, es decir, fiscalizar otros ingresos y recursos que provienen de fuentes particulares, deben ser considerados por los tribunales de amparo como violatorios del Artículo 3 Constitucional, menciona.

El juez ordenó a la ASE dejar insubsistente la auditoría 12/2023 y sus consecuencias.

Durante el juicio de amparo, la ASE presentó recursos de quejas en el Tribunal Colegiado Administrativo, pero fueron declaradas infundadas.

La ASE intentó realizar la auditoría el 30 de marzo de 2023 para verificar los estados financieros, la recaudación de ingresos propios, registros contables y documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio fiscal 2022 por un monto de 446 millones de pesos.

Los auditores fueron atendidos por el entonces abogado General, quien se negó a permitir la auditoría y el mismo día él y el rector, Jesús Madueña Molina, fueron denunciados en la Fiscalía General del Estado y en septiembre vinculados a proceso penal por abuso de autoridad.

En los procesos penales que enfrentan han utilizado estrategias para aplazar el inicio.

De ocho causas penales, solo en tres se ha podido celebrar la audiencia inicial y en el resto las han diferido argumentando enfermedades tanto de imputados como abogados, accidentes y revocaciones de abogados.

La semana pasada hubo una audiencia para Madueña Molina y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones: Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuen Díaz y Óscar Orlando Guadrón.

Los abogados de Madueña Molina y Óscar Orlando Guadrón no se presentaron por problemas familiares; y ambos nombraron nuevos defensores, quienes pidieron reprogramar la audiencia debido a que no conocían la carpeta de investigación.

Salvador Pérez revocó a su abogado, por lo que pidió al juez un plazo para nombrar a un nuevo defensor.

El Vicefiscal Anticorrupción, Marco Antonio Álvarez, señaló que la inasistencia de abogados y las revocaciones son una táctica dilatoria para retrasar el inicio del proceso penal.

Señaló que están abusando del derecho a elegir libremente a un abogado, por lo que será un “cuento de nunca acabar” el cambio de abogados.

El defensor de Soila Maribel Gaxiola, Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal, aseguró que no están abusando de ningún derecho y que no hay un límite para que los imputados elijan libremente a un abogado.

Advirtió que dará vista a la defensoría de oficio para que estén preparados para que en caso de que en la próxima audiencia no se presente un abogado, nombrar a un defensor público.

En otra audiencia, el ex director de Bienes e Inventarios de la UAS, Héctor Melesio Cuen Díaz, cambió de abogado por cuarta vez.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum dijo que hay varios factores que indican que está empleando tácticas dilatorias para retrasar el inicio del proceso.

La Constitución, indicó, garantiza el derecho a elegir a un abogado libremente, pero en este caso ese derecho ya se está confrontando con otros como el derecho a la justicia y al debido proceso.

Manifestó que el inicio del proceso penal no puede quedar a voluntad de una de las partes.

Advirtió que no pueden pasarse años nombrando abogados para que el proceso jamás inicie.

Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.

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