Acusan a gobierno de Rocha de escalar violencia en comunidad mayo-yoreme

Rodolfo Jiménez López, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa; María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Social (Sebides) y el indígena triqui, Crescencio Ramírez Sánchez, comisionado de Asuntos indígenas del Gobierno de Sinaloa (Copasis), fueron responsabilizados del baño de sangre en que se están convirtiendo las comunidades mayo-yoreme del norte de Sinaloa al fomentar la duplicidad de mandos y la confrontación étnica.

El pasado jueves, en asamblea con líderes comunales del norte de Sinaloa atestiguada por Óscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, el funcionario aceptó sancionar una asamblea en la comunidad de Ohuira, en donde dos partes confrontadas unificarán al gobernador tradicional. Las partes aceptaron que la elección se definirá el domingo 21 de abril.

Y es que dos semana antes, la violencia había estallado en el centro ceremonial de Ohuira en pugna, cuando hombres disfrazados de judíos cargaron un castillo de fuegos pirotécnicos y en procesión se enfilaron a dicho centro ceremonial, Nuestra Señora del Carmen, en Ahome, para encenderlo, mientras la cofradía de chicoteros y capitanes mayores se apostaban en la entrada para defender el recinto… tras una alegata inicial, los invasores desenfundaron machetes y sacaron puntales, lanzaron tajos y garrotazos a los líderes tribales, y luego apedrearon a las huestes y feligreses que se preparaban a velar el miércoles de ceniza yoreme.

Para los mayos-yoremes, el Miércoles de Tinieblas es de dolor, pues recuerdan la aprehensión de Jesús, apagan las luces del templo y oran por la pronta liberación del nazareno. Cualquier luz encendida en el centro ceremonial, es un sacrilegio, y el castillo, prendido, lo era, por eso la defensa del puesto, opinó uno de los fiesteros entrevistado sobre los hechos.

El saldo de la intromisión fue de al menos un herido por arma blanca, tres descalabrados por las pedradas y dos mujeres golpeadas.

Cuando la policía arribó a la escena, los agresores ya se habían dispersado y escapado, entre ellos, ocultos, Antonio Valenzuela Combera, gobernador tradicional respaldado por el Gobierno de Rubén Rocha Moya, y su hijo, Antonio Valenzuela Castañeda. El castillo de pólvora quedó en el lugar.

Esa noche de Miércoles de Tinieblas (27 de marzo), Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira y líder del colectivo ¡Aquí No!, que se opone a la planta de fertilizantes a construirse en la bahía de Ohuira y en sus territorios sagrados, terminó garroteado; cuando el pleito estalló. Él quedó en medio de los bandos, buscando la conciliación. El chaleco antibalas que portaba lo salvó de lesiones graves.

Adrián Castañeda Bacasegua, capitán mayor de los judíos, líder de las fiestas tradicionales y miembro prominente de ¡Aquí No!, fue herido de un machetazo por un judío.

Susana Quintero Sandoval, lideresa de la misma comunidad y fundadora del mismo colectivo, también fue atacada. Ella recibió varios golpes cuando protegía a las mujeres para que se replegaran y se pusieran a salvo de los machetazos, garrotazos y pedradas que volaban. Su hijo, un judío, fue descalabrado por una pedrada cuando defendía a su madre y a sus compañeros.

La madrugada del Jueves Santo, todos los heridos y la cofradía amanecieron en la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte denunciando los hechos. La querella fue ampliada a Antonio Valenzuela Combera, pues en la víspera de la Semana Mayor provocó a sus detractores, incluso, en un centro ceremonial ajeno y en fiestas patronales adversas.

Las fiestas tradicionales concluyeron sin otra provocación étnica.

Durante la Semana de Pascua, el Consejo de Ancianos, cofradía y el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño Valenzuela, acusaron que detrás de la provocación a los yoremes y de la desestabilización étnica para eliminar la resistencia a la planta de amoniaco que inversionistas extranjeros pretenden construir en territorios sagrados, y el intento de asesinato del capitán mayor, está el dinero público dispersado por el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya al Consejo Supremo de Kobanaros del Norte de Sinaloa.

Montaño, Claudia Quintero Sandoval, Abraham Cozari, Adrián Castañeda Bacasegua, todos de Ohuira, y Luis Soto Vega, de Capomos, El Fuerte, acusaron que los responsables de la confrontación son Rodolfo Jiménez López, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa, María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Social (Sebides) y el indígena triqui, Crescencio Ramírez Sánchez, comisionado de Asuntos indígenas del Gobierno de Sinaloa (Copasis).

Estos porque con el lenguaje ambiguo y dando dinero a dirigentes sin pueblo y sin cofradía generan división, insultos, amenazas y ahora golpes, señalaron.

“Respeten la normativa de los pueblos originarios, es un llamado urgente antes de que las cosas se tornen mucho más violentas. Están irrespetando las decisiones de las asambleas de los pueblos originarios, distribuyendo dinero a quienes no tienen ninguna organización étnica”.

El Gobierno del Estado es quien tiene y da recursos a centros ceremoniales y como tal empieza a dirigir esos recursos a personas sin autoridades cuaresmales y sin pueblo, porque no son elegidas por usos y costumbres, sino en sitios y mecanismos alternos, dijeron.

Esa duplicidad de cobanaros patrocinada debe de finalizar ya, demandó Montaño.

Rodolfo Jiménez debe de tomar cartas en el asunto y no evadir su responsabilidad de lo que provocan en las comunidades. Ellos son directamente responsables de la integridad de las personas que ostentan una jerarquía étnica, obligando el respeto, exigió.

Adrián Castañeda Bacasegua, capitán mayor de la cofradía de Ohuira, aclaró que cada peso del erario tiene que ser comprobado con facturas y recibos firmados por las personas de los oficios y copia de credenciales de elector (rezanderos, pascolas, músicos tradicionales, danzantes de venado), así como las limosnas de la comunidad se deben de comprobar en asamblea, además de atestiguar las fiestas, pero por desconocimiento o de manera intencional, las autoridades municipales y estatales creen que las fiestas cuaresmales son organizadas por los gobernadores tradicionales y es un error porque la Semana Santa es organizada por los capitanes y chicoteros, y el cobanaro es excluido de estas, convirtiéndose en un gestor, solamente.

Quintero Sandoval reiteró que ellos son los responsables por el discurso ambiguo de negarse a asistir a una asamblea tradicional, pero otorgando poder de fe pública a una asociación civil para que reconozca a impostores e ignore y censure a un gobernador tradicional, elegido por la comunidad en asamblea bajo la enramada.

El llamado del Instituto

Este viernes, el Instituto de Protección a Personas de Derechos Humanos y Periodistas emitió un comunicado respecto de los hechos de Ohuira: “situación que preocupa y ocupa”.

E instó a las partes involucradas a establecer como eje rector, el diálogo, respeto y la solidaridad mutua.

Es imperativo que las autoridades estatales y municipales provean de las mejores prácticas gubernamentales que garanticen, respeten y protejan los usos y costumbres del pueblo yoreme, dentro del marco del respeto de los derechos humanos de las personas. La unidad y la concordia entre los integrantes de dicho grupo étnico indígena son fundamentales para promover la pluralidad de ideas y garantizar el respeto de los derechos de todos.

El mismo instituto resolvió otorgar a los agredidos tres medidas cautelares: vigilancia con rondines de la Policía Estatal Preventiva, la promesa de instalar cámaras de videovigilancia en domicilios y vehículos y la evaluación mensual del riesgo.

Mal general

Luis Soto Vega, músico tradicional en el centro ceremonial de Capomos, El Fuerte, dijo que la táctica del gobierno de Rocha Moya de “divide con dinero público y vencerás”, es generalizada en el norte de la entidad, y ocurre en todos los centros ceremoniales, fomentando la duplicidad de mandos.

Esto ha ocasionado una división que ya llegó a los golpes y macheteados, y es probable que escale, si no se le pone un alto a las tácticas, dijo.

Exigió a Rocha Moya y aliados que saquen las manos de las comunidades y se dedique a ser gobernador para todos, no solo para sus intereses.

Y ahora, la discriminación educativa

Juana Rivas Moroyoqui, dirigente, lideresa y gestora mayo-yoreme en el Cerro Cabezón, Guasave, denunció la marginación educativa sistemática de la juventud y niñez yoreme como una treta para despojarlos de identidad y de desarrollo, condenándolos al atraso social.

Dijo que cuando los adolescentes indígenas estaban a punto de concluir con su educación básica, la directora de la escuela secundaria Renovación, Yesa Vanessa Carrillo Castro, inició una purga yoreme expulsando a los alumnos, devolviendo documentos con el argumento que están expulsados por bajos promedios académicos: “les está coartando el derecho de concluir sus estudios básicos con un trato prepotente, abusivo, de maltrato, pero los padres de familia están dispuestos a luchar por el futuro de sus hijos hasta las últimas consecuencias”.

Añadió que en un mes suman ya cinco o más estudiantes expulsados, entre estos, la hija de Alma Beatriz Mercado Pava.

Ella denunció que su hija sufrió bullying y maltrato durante los tres años de su educación básica debido a que no portaba falda sino pantalón como uniforme, siendo sometida a discriminación porque la obligaban a limpiar las aulas, sanitarios y las instalaciones. “Esa situación la aguanté porque quería que ella terminara la secundaria, pero en el último año bajó su rendimiento académico, al grado que todos los días era citada a la dirección”.

Sin embargo, esos llamados terminaron en el último semestre y pensó que ella había mejorado, pero resultó que la directora la citó para entregarle los documentos porque la estudiante estaba reprobada y no tendría constancia para preinscribirse en la preparatoria. “No los recibí, sino que busqué cómo pasara el año, con trabajos escolares. Pero la directora le negó ese derecho y ahora no quiere ni recibirla, es una expulsión prácticamente. No voy a permitir ese trato discriminatorio ni abusivo”.

La madre de familia recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Aracely Sepúlveda, visitadora en la zona norte, inició una investigación por discriminación.

Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.