Tumba Juez asesores victimales de la UAS

AUTORIDADES Y ASESORES. El doble papel.

Por defender a los funcionarios, más que a la Universidad

La Fiscalía General del Estado acusó que los funcionarios de la UAS involucrados en procesos penales usan como abogados a trabajadores de la universidad, por lo que su defensa se está pagando con recursos públicos.

En dos audiencias por la compra de 45 millones de pesos en tortillas y 77 millones de pesos de carne, la FGE pidió al juez revocar a los asesores victimales de la UAS debido a que estaban defendiendo los intereses de los imputados, particularmente de Jesús Madueña Molina, y no a la universidad, por lo que fueron removidos del cargo.

Los asesores victimales son los encargados de velar por los intereses de la víctima, que en los procesos penales es la UAS.

En los procesos están involucrados el rector separado, Jesús Madueña Molina; el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y los integrantes del Comité de Adquisiciones, Salvador Pérez Martínez; Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Manuel de Jesús Lara Salazar, Héctor Melesio Cuen Díaz, Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro.

El fiscal, Marco Antonio Álvarez Armenta, señaló que los abogados de los imputados son trabajadores de la universidad y cobran como empleados y al mismo tiempo son defensores.

El abogado Milton Ayala Vega es director de la Facultad de Derecho en Los Mochis; Carlos Lorenzo Flores, es coordinador en Asuntos Jurídicos de la Zona Norte; Ian Miguel Alonso Luna Sosa, está adscrito al bufete jurídico en Mazatlán; Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, es profesor en la Facultad de Derecho, en Culiacán; y Aldeir Alonso Astorga, está adscrito a la Facultad de Derecho de Los Mochis.

Álvarez Armenta aseguró ante el juez que como trabajadores de la universidad están llevando las defensas, por lo que los honorarios de los abogados se cubren con recursos de la universidad.

El fiscal dijo también que había conflicto de interés con los asesores victimales, porque en lugar de defender a la UAS, defienden a los imputados.

“Defienden los intereses de los imputados, particularmente de Jesús Madueña Molina”, expresó.

Hasta la semana pasada los asesores victimales eran Rogelio Aurelio Morones, Ramón Bonilla Rojas, Jesús Moroni Arellano y Sanjai Molina; y el apoderado legal, Yamir de Jesús Valdez Álvarez.

Robespierre Lizárraga Otero también era asesor, pero días antes de la audiencia informó al juez que dejaba el cargo.

El fiscal, Manuel Carvajal, señaló que en las audiencias iniciales de agosto y noviembre, los asesores pidieron al juez que dictara auto de no vinculación a proceso a los imputados y en la revisión de medidas cautelares solicitaron que no separaran del cargo al rector.

El ministerio público consideró que con las solicitudes se alejaron de la defensa de los intereses de la universidad para favorecer a los imputados.

Cuando Madueña Molina fue separado del cargo, dijo, al terminar la audiencia, Yamir de Jesús gritó al juez que lo invitaba a una marcha contra “violadores como usted, de la autonomía universitaria” y la marcha fue para defender a Madueña.

Robespierre Lizárraga, mientras era asesor victimal y debía defender a la universidad, promovió amparos y luego una queja contra la separación del cargo de Jesús Madueña, indicó.

Al salir de las audiencias, detalló, tanto imputados como asesores dan entrevistas conjuntas a Radio UAS, para defender a los involucrados, principalmente a Madueña, y denostar a la Fiscalía y al Poder Ejecutivo.

Abundó que el asesor victimal, Sanjai Molina, aparece como representante de los imputados en demandas de amparo contra el auto de vinculación.

Yamir de Jesús, prosiguió, obstruye la investigación debido a que desde la integración de la carpeta de investigación le han solicitado información y la niega.

En su defensa, Yamir de Jesús dijo que no tienen ningún interés con ninguno de los imputados.

Señaló que ellos son empleados de la UAS y su relación laboral es con una persona moral, no con los imputados.

Jesús Madueña, manifestó, ya no es superior jerárquico de ellos porque está separado del cargo.

Expresó que ellos están actuando conforme a derecho para velar por los intereses de la universidad; y es la Fiscalía la que vela por intereses ajenos.

El abogado reveló que ellos no conocían el sistema penal y pagaron a Julio Hernández Barros para que los asesorara. El comentario fue usado después por la Fiscalía para reforzar su teoría del conflicto de interés, ya que Hernández Barros, también era defensor de Héctor Melesio Cuen Díaz, quien es imputado; por lo que al mismo tiempo asesoraba a los asesores victimales y defendía a un imputado.

Mencionó que la Fiscalía solo repite lo que dice el gobernador en sus conferencias semaneras. A lo mejor traen un chícharo de Rubén Rocha Moya, expresó.

Ramón Bonilla acusó que la Fiscalía defiende los intereses del gobernador.

“El señor del tercer piso anda enojado porque no ha podido colonizar a la UAS”, expresó.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum consideró que sí había conflicto de interés y removió a todos los asesores y nombrarán asesores victimales públicos.

Mencionó que en agosto la Fiscalía ya había manifestado que había conflicto de interés, pero debido a que todavía no empezaba el proceso penal, no tenía elementos para calificarlo, pero después de varias audiencias sí se actualiza.

Detalló que pedir la no vinculación a proceso de los imputados va en contra de los derechos de la universidad y desestima que se esclarezcan los hechos y, que, de ser procedente, haya reparación del daño.

“Pasan por alto los principios rectores del sistema de justicia, que son que se proteja al inocente y se sancione al culpable”, expresó.

Que los asesores promuevan amparos a los imputados, detalló, también va en contra de los intereses de la universidad.

Los asesores que promovieron amparos, añadió, estaban al mismo tiempo defendiendo a la víctima y a los imputados.

“Hay un interés marcado por defender a los imputados”, manifestó.

En los próximos días, asesores victimales públicos serán nombrados para representar a la universidad en los procesos penales.

Artículo publicado el 17 de marzo de 2024 en la edición 1103 del semanario Ríodoce.

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