Las fuentes que otorgaron información sobre él, debieron ser bastante confiables para sellar el expediente, porque todo dato o estatus de la petición se mantendrá en secreto para evitar que se filtre información que pueda entorpecer el proceso para que Pérez Salas sea llevado a Estados Unidos, donde enfrentaría acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y asociación delictuosa.

Meses antes del arresto de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaron a la corte del Distrito de Columbia sellar la investigación que la DEA realizaba, para proteger a infiltrados al interior de la facción de Los Chapitos, que proporcionaban todo tipo de información sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y sus principales operadores.

Lea: El ‘Nini’: Crónica de una entrega

De acuerdo a información parcialmente desclasificada por una corte federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, los reportes que llegaban a los investigadores de la DEA que seguían de cerca al Nini, eran tan buenos que hasta mencionaban datos para identificarlos, y puesto que muchos de ellos estaban aún libres, la corte acordó sellar el caso.

Fue meses después del arresto de Ovidio Guzmán López, el Ratón, en enero de 2023 en la sindicatura de Jesús María, que la magistrada Tanya S. Chutkan, ordenó que parte del expediente se reabriera, pero omitiendo nombres e información sensible que pudiera poner en riesgo a los informantes y afectar la eventual extradición de Pérez Salas.

La investigación confirma un rumor que desde hacía años circuló entre las diferentes facciones que conforman el Cártel de Sinaloa, y que afirma que la ciudad de Culiacán y sus alrededores está infiltrada y sumamente monitoreada por elementos de la DEA, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), y que se valen de informantes y colaboradores pagados, además de drones de gran alcance que no se detectan a simple vista, para corroborar información sobre domicilios y vehículos de los capos.

“Nosotros tenemos scanners, y todos los días se miran los drones de gobierno que andan sobrevolando el cielo, y estamos alertas”, dijo un jefe de célula de un grupo asociado a una de las facciones del cártel.

En una moción presentada recientemente y que forma parte del expediente número 21-cr-146, radicado en la corte de Distrito de Columbia, presentada el 13 de abril de 2023, se puede leer que la magistrada Chutkan, observa que la acusación debe permanecer sellada por cuestiones de seguridad, pero aprobó la elaboración de una copia alterna, hecha exclusivamente para el público interesado en el caso, pero omitiendo información sensible que ponga en riesgo a los informantes, colaboradores o testigos protegidos.

Según los estatutos del gobierno de Estados Unidos, cuando una persona decide colaborar con agentes de la DEA, CIA, FBI, ICE o ATF, nunca se usa su nombre verdadero ni su apodo como una forma de brindarle seguridad y evitar que sea identificado y asesinado por miembros del cártel al que pertenece, por algo que el mundo del narcotráfico llama “traición”.

Posteriormente, y dependiendo de los acuerdos hechos con la justicia americana, al informante o colaborador se le otorga un número de identificación, que excluya su nombre, y entonces se le toman todos sus datos biográficos, incluyendo nombre, fecha de nacimiento, huellas dactilares, copia de sus identificaciones, firma, fotos; y si el informante está libre, se acuerda un pago, pero si está preso se reduce su condena, o bien se le dan beneficios durante el proceso judicial.

En el caso del Nini, las fuentes que otorgaron información sobre él, debieron ser bastante confiables para sellar el expediente, además que hasta la fecha existe una petición de extradición que ya fue presentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero todo dato o estatus de la petición se mantendrá sellada para evitar que se filtre información y que pueda entorpecer el proceso para que Pérez Salas sea llevado a EU, donde enfrentaría acusaciones relacionadas con tráfico de droga y asociación delictuosa.

Pieza clave

Analistas consultados para este reportaje opinaron que la extradición del Nini es inevitable, por la información que conoce de la facción de Los Chapitos, y que por tanto será determinante durante un eventual juicio contra Ovidio Guzmán López, o bien contra cualquier otro criminal que pertenezca a esa facción, ya que su testimonio durante un posible careo hundiría a cualquiera de ellos.

Mike Vigil, ex agente de la DEA en México, señaló que, efectivamente Pérez Salas puede dar mucha información por la cercanía que tenía con los hijos de Guzmán Loera, y sin duda sabía cuáles son las casas dónde se esconden, quiénes son los encargados de la seguridad y cómo se protege la cúpula de ese grupo, y hasta puede aclarar si los hijos siguen en el negocio del fentanilo, así como las rutas usadas, y cómo introducen precursores, quiénes son los contactos.

“Puede decir muchas cosas, pero la realidad es que, aunque un testimonio del Nini, es sumamente fuerte, durante un juicio los fiscales no sólo van a tomar lo que él diga ante el jurado, sino que van a necesitar más testigos que también digan lo mismo o algo parecido, y van a necesitar evidencia, porque así siempre ocurre, es decir, nunca utilizan la información de un solo informante, colaborador, sino que son varios”, dijo.

Pérez Salas fue arrestado el 22 de noviembre de 2023 durante un operativo militar en Culiacán, donde fue sometido cuando intentaba escapar por la azotea de una casa, pero sin que nadie de su equipo de seguridad intentara rescatarlo.

El Nini es acusado no sólo de ser uno de los principales colaboradores de Los Chapitos, sino también por tráfico de drogas, incluyendo cocaína, metanfetaminas, además de portación ilegal de armas de fuego semiautomáticas, y de haber conspirado para asesinar a una o más personas que el grupo Los Chapitos consideraba sus enemigos, lo cual incluye intimidación y amenazas.

La acusación precisa que, de enfrentar al gobierno de Estados Unidos durante un juicio, o bien llegar a un acuerdo con Pérez Salas, la corte buscará que le confisquen dinero, bienes y propiedades que estén a su nombre para compensar el daño hecho a ese país.

Aunque no se precisa la cantidad de dinero que los fiscales decomisarían, el expediente indica que todo bien decomisado será equivalente a una suma igual a los ingresos obtenidos directa o indirectamente por sus actividades derivadas del tráfico de drogas y por su labor criminal.

En otra acusación distinta, la número 1:23-cr-00180, radicada en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, Pérez Salas es acusado junto con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Óscar Noe Medina González, el Panu, a quienes las autoridades estadounidenses no sólo consideran la cúpula de esa organización criminal, sino a los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Esta acusación sería la que eventualmente determinaría la supuesta prohibición de producción de fentanilo a todos los cocineros “independientes” en Culiacán, que, aunque producían fentanilo en los terrenos controlados por gente allegada a los hijos de Guzmán Loera, no rendían cuenta a ellos, razón por la cual fueron ejecutados quienes desobedecieron.

Pérez Salas representa la principal carta para desenmarañar esa realidad, pero al mismo tiempo un fuerte testimonio para un eventual encontronazo judicial contra la estructura criminal conformada por Los Chapitos, que incluye a más de 20 personas acusadas por narcotráfico, además de cuatro ciudadanos de origen chino.

Artículo publicado el 10 de marzo de 2024 en la edición 1102 del semanario Ríodoce.