Parece el mundo al revés. Héctor Melesio Cuen Ojeda pide transparencia en el proceso electoral. Y aún más, denuncia que candidatos del Partido Sinaloense (PAS) han sido víctimas de abusos y amenazas, haciendo responsable de ello al gobernador Rubén Rocha Moya.
Expone los casos de José Alfredo “Alfredín” López Castro, quien declinó en su aspiración a la alcaldía de Mocorito por el PAS y, en Angostura, el de Alberto “el Capy” Rivera, quien, hasta ahora, dice, se mantiene firme pese a presuntas amenazas, aunque no expone qué tipo de amenazas.
Contra toda violencia debiera ser una consigna permanente en México, siendo nuestro país uno de los más violentos del mundo, con miles de mujeres asesinadas y desaparecidas —la mayoría en la impunidad—, con niños y jóvenes que antes de aprender a leer y a escribir saben cómo sostener un fusil, muchas veces, ante la inacción de los gobiernos, para defenderse de la delincuencia y otras porque son cooptados por el crimen. Con los índices de homicidios más altos del planeta, en México hay que sumar la violencia y acoso laboral, violencia verbal en redes sociales, violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, violencia del Estado, violencia en las escuelas, violencia por todos lados y, junto con ella, la impunidad y la corrupción como sellos imperturbables.
Lo que parece sacado de un cuento del absurdo es que el reclamo venga de un hombre renuente a la transparencia en los contextos que domina, entre ellos la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los pleitos que tiene ahora con el gobierno estatal son, en gran medida, porque la UAS se ha negado sistemáticamente a ser verdaderamente auditada. Ya no se diga que ese control que tiene sobre la casa rosalina lo ha logrado también mediante prácticas porriles –que Ríodoce, por cierto, ha expuesto en muchas de sus ediciones, a propósito de procesos internos, muchas veces sindicales y laborales.
Pero vale el llamado, aunque venga de Cuen. Tomando en cuenta lo que ha sucedido en los últimos procesos electorales en México, donde la violencia se ha ensañado contra actores políticos, candidatos, aspirantes, dirigentes de partidos, alcaldes, diputados… una de las aspiraciones que debiéramos tener en Sinaloa es que las elecciones transcurran en paz. Que sean equitativas, libres, pero, sobre todo, que se lleven a cabo sin violencia y sin presiones de ningún tipo, de ningún ámbito, ni de gobernantes ni de poderes fácticos y, mucho menos, de los grupos del narco.
Que no nos ocurra lo del 2021, cuando candidatos y candidatas —y aspirantes— se retiraron por amenazas del crimen organizado. Ocurrió en Badiraguato, en Concordia, en Escuinapa, en Culiacán… En el país se contaron 90 víctimas mortales de la violencia en las elecciones del 2021, más que las registradas en las federales del 2018.
En esa elección se registraron, de acuerdo a datos oficiales, 782 agresiones a 737 víctimas, y quienes tuvieron la suerte de no morir, sufrieron secuestros, golpizas, amenazas y algún otro tipo de violencia.
Igual que en la mayor parte del país, en Sinaloa la violencia se concentró en las candidaturas municipales. Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato, fueron los estados con la mayor cantidad de asesinatos políticos. Y aunque aquí no ocurrió ninguno, las presiones de grupos del crimen organizado descarrilaron varias candidaturas.
Durante las campañas varios candidatos tuvieron que retirarse “por motivos personales”, aunque en realidad fueron amenazados de muerte por grupos armados; en el transcurso de la jornada electoral cientos de operadores del PRI, en Culiacán, y en Guasave y Sinaloa, de Morena, fueron secuestrados para que no pudieran movilizar votantes. Y lo peor, después de las elecciones fueron asesinados los morenistas Román Rubio y Esteban López en el municipio de Sinaloa.
Bola y cadena
IGUAL QUE EN TODO EL PAÍS, las agresiones nunca se aclararon; nunca se supo quién secuestró al hermano de la que era candidata a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe; tampoco quiénes levantaron en Culiacán al secretario general del PRI, José Alberto Salas Beltrán, dos días antes de la elección. No se supo quién amenazó de muerte al candidato del PRD a la alcaldía de Concordia, Juan Isidro Paredes, ni quién amenazó a Acela Esmeralda Zatarain, aspirante del PRI en ese mismo municipio. Lo único cierto es que en todos esos casos los candidatos que ganaron fueron de la alianza Morena-PAS.
Sentido contrario
HAY UN DEJO DE AUTOCRÍTICA EN el Químico Benítez cuando dice que, efectivamente, cometió un error en contratar las lámparas Lighting por adjudicación directa, pero que el gobernador Rubén Rocha y Enrique Inzunza aprovecharon esto para descarrilar sus aspiraciones al hundirlo en el descrédito ante todo el mundo. Lo cierto es que, en su caso, el principal responsable es él mismo por la frivolidad con que se desempeñó en la administración municipal. ¿Quiere Luis Guillermo Benítez recuperar la confianza de los ciudadanos? Diga entonces quiénes estuvieron metidos en ese negocio y quién le dio la orden de gastar 400 millones de pesos sin licitación. Solo eso. Igual, hundido está y esos que ha protegido hasta ahora no van a meter la mano por él.
Humo negro
LAS MUJERES TOMARON LAS CALLES y las ciudades del país. Pacíficas, pero con voces hechos gritos y coros y consignas y reclamos y demandas, exigieron seguridad, no más muertes, no más agresiones, cero impunidad. Dejar que sus reclamos puedan leerse en una pared es lo menos que un gobierno puede hacer. Mínimo. Pero hay mierda en la cabeza de muchos de los que nos gobiernan. Por eso las pintas que las mujeres de Culiacán hicieron en el palacio municipal fueron borradas con pintura nada más continuaron su marcha. No solo es un signo de indolencia, es también de estupidez.
Artículo publicado el 10 de marzo de 2024 en la edición 1102 del semanario Ríodoce.
