No son los primeros y, probablemente no serán los últimos asesinatos, los de Miguel Ángel Zavala Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del PAN, que aspiraban a gobernar la alcaldía de Maravatío —de acuerdo a la lengua purépecha viene del vocablo Marhuáti y asociado a Tsakápu se traduce como “piedra preciosa” o “lugar precioso”, que es en ese imaginario Maravatío.
Estremece saber que en estos pueblos originarios michoacanos con nombres que remiten a imágenes bellas y a gente buena, sean escenario de lo que podría ser en estas elecciones concurrentes el precipicio democrático.
Si, porque los asesinatos de Miguel Ángel y Armando, que militaban en bandos distintos fueron sacrificados a decir del diputado Rubén Moreira por “haber cometido la falta” de postularse al cargo sin haber “pedido permiso” al dueño de la plaza. Algo, que, en Sinaloa, lo hemos escuchado en sentido inverso, o sea, que van y piden permiso no a su partido sino a la “persona correcta”.
¿Cuántos aspirantes de todos los partidos estarán en este momento preguntándose si vale la pena arriesgar su vida por un cargo de elección popular? o, peor, ¿cuántos aspirantes de cualquier estado o municipio del país tocaron o están tocando las puertas del dueño de la plaza para recibir su bendición en este proceso electoral? ¿Cuántos de ellos son conminados por los propios grupos del crimen organizado para que se postulen a cargos de elección popular? Vamos ¿Cuáles son los compromisos de unos y otros, en el caso, casi seguro, de ganar porque el permiso viene acompañado de logística, dinero e intimidación a los adversarios? ¿Cuántos más habrán de morir?
Decenas, cientos, miles, nunca lo sabremos, como tampoco sabremos los compromisos de cada uno de ellos con su promotor, aunque no sea difícil intuirlo o verlo, ya en el ejercicio de gobierno entregando la jefatura de policía o la dirección de compras a uno de los recomendados por el padrino.
De ese tamaño es la tragedia democrática, que ya se ha vuelto rutinaria y la vemos en cada renovación de la representación política. Bajo esa dialéctica perversa donde las instituciones democráticas pierden terreno mientras el crimen organizado captura a la población y la representación política.
Abriendo fisuras que paulatinamente se van convirtiendo en huecos que nadie está investigando y los ciudadanos, nos quedamos, asombrados al escuchar el relato de procesos electorales impecables y “elecciones pacíficas”, como gustan declarar las autoridades electorales, como si la democracia, fuera cuántas casillas se instalaron en estados y municipios, cuantos ciudadanos salieron a votar o que partidos o que candidatos ganaron o perdieron cada una de las posiciones en disputa y no, lo que perdemos en cada elección, con la llegada al poder, de personajes con anclajes oscuros.
Esta visión técnica que domina el imaginario de los funcionarios electorales deja fuera lo sustantivo que tiene que ver con la oferta de los partidos o coaliciones, el nivel de debate público, la institucionalidad democrática, la profesionalización de la política o hasta qué punto, esa institucionalidad, fue capaz de impedir que los actores del crimen organizado influyeran en la selección de candidatos, en las campañas electorales, en el financiamiento ilegal o en la representación política directa o interpósita.
Ahí está Maravatío, pero antes de ese municipio michoacano, están otros municipios de Morelos, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco, si nos vamos al recuento y al origen de los políticos que han sido asesinados en los albores de estas elecciones concurrentes.
Asombra ver cómo la mancha se extiende por la geografía nacional, para no ir muy lejos, está ahí lo sucedido esta semana en el municipio sinaloense de El Fuerte, donde fue asesinado el joven Román Quezada Anduaga, Romancito, presidente del Comité Directivo municipal del PAN, que nos recuerda el asesinato en 2021 de los políticos morenistas José Román Rubio López y Esteban López Beltrán en la cabecera municipal de Sinaloa.
En definitiva, las democracias frágiles, como la nuestra, tiene una corteza muy débil por lo porosas que son las instituciones de prevención e impartición de justicia o el desgano para aplicar la ley, lo que representa un incentivo, para que los personeros del crimen organizado, sigan actuando impunemente; no es casual, que haya una alerta de las iglesias y grupos de la sociedad organizada que no debe dejarse de escuchar porque estamos en juego todos los que queremos un México en paz y bajo el imperio de las leyes.
Artículo publicado el 10 de marzo de 2024 en la edición 1102 del semanario Ríodoce.
