Desde el narco, alcaldías y gobiernos estatales, desde el púlpito presidencial

México continuó siendo uno de los países con más ataques a periodistas, pues tan sólo en 2023 se registró un ataque contra periodistas o comunicadores cada 16 horas, lo cual incluyó el asesinato de cinco reporteros y la desaparición de otro, todos ellos efectuados durante el ejercicio de su labor periodística, destaca un informe de la organización Artículo 19.

El reporte destaca que, fuera de Israel y los territorios ocupados en Palestina, zonas que viven conflictos bélicos y que incluyen ataques suicidas con bombas y todo tipo de arsenal de guerra, además de misiles, lo que enfrentan los comunicadores en territorio nacional, sigue colocando a México entre los países más letales para ejercer el periodismo.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, añadió que el problema más grande, sin embargo, es que el 98 por ciento de estos ataques queda impune, lo cual da una muestra del vacío de justicia en el sistema, que, además, alimenta que este tipo de agresiones se sigan dando porque no hay castigo a los responsables.

“Hay que agregar que una de cada dos agresiones contra periodistas viene por parte de servidores públicos, lo cual vuelve la situación más grave, porque se trata desde amenazas, intimidaciones, y situaciones que atentan contra la libertad de expresión, que no vienen de criminales como muchos creen, sino de funcionarios que miran sus intereses trastocados”, dijo Maldonado Gutiérrez, durante una entrevista telefónica con este semanario.

El quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más agresivo con 561 agresiones, comparado con el mismo año de administraciones previas. En 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron 172 agresiones contra periodistas y en 2017, con Enrique Peña Nieto, el reporte fue de 507 ataques contra comunicadores; con AMLO significó un aumento de casi 15 por ciento con relación a su antecesor, según Artículo 19.

La situación se ha vuelto aún más crítica en estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas, incluso en Sinaloa, donde los comunicadores han tenido que improvisar métodos para cubrir hechos violentos o ir a zonas controladas por narcos, aunque lo que más parece afectarlos es la figura del servidor público, como enfatiza Artículo 19.

Ernesto Martínez Cervantes, quien ganó del premio Emmy en 2020 por una cobertura para el diario The New York Times, y uno de los reporteros de nota roja más legendarios que hay en Sinaloa, detalló cómo la situación se vuelve cada vez más difícil para reporteros y comunicadores, pues contrario a la creencia popular de que los periodistas tienen más miedo al narco, la realidad es que el reportero actual “teme más a los funcionarios públicos que a los mismos malandros”.

“A mí me pasó el año pasado, un policía estatal me amenazó porque grabé cómo estaba contaminando una escena de un crimen de manera incorrecta, pero como yo seguí haciendo mi trabajo, el agente levantó su rifle y me apuntó al pecho y entonces me dijo que si no entendía que no debía grabar lo que estaba haciendo”, recordó el comunicador.

Martínez Cervantes denunció la agresión ante las autoridades correspondientes, pero la respuesta fue que el policía lo amenazó porque “estaba estresado” y que por ser Año Nuevo no estaba capacitado para controlar sus emociones.

“Y con esa respuesta el policía se quedó sin castigo, y yo sólo les respondí que, ‘si se estresaba por su labor’ que mejor dejara el trabajo de policía porque ponía en riesgo a la ciudadanía, ya que seguro iba a tener momentos de mayor estrés”, recordó.

AMLO desde el púlpito presidencial

La gota que ha derramado el vaso son los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador contra periodistas y diversos medios de comunicación, a quienes desacredita por su labor periodística. A finales febrero cuestionó una publicación que realizó el diario estadounidense The New York Times sobre una investigación realizada por la DEA, en la que expone que algunos de sus colaboradores recibieron dinero del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de 2018. Aunque los autores de la nota reconocen no haber corroborado los presuntos hechos. AMLO expuso públicamente el número telefónico de la periodista que le había enviado un cuestionario sobre el tema que se iba a publicar.

“Lo que hizo el presidente es inaceptable, porque pone en riesgo a la corresponsal e inhibe la libertad de expresión, y son omisiones que no pueden repetirse en autoridades estatales ni federales, y menos a nivel local, donde la situación es todavía más crítica”, dijo Balbina Flores Martínez, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras.

El New York Times junto con los medios Insight Crime, Propública y DW, publicaron que colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador recibieron al menos 2 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de 2006 de quien entonces era candidato a la presidencia.

El mandatario ha negado que narcotraficantes hayan hecho aportaciones a su campaña y que se trata de calumnias en su contra, pues los cuatro reportajes publicados por los diferentes medios carecen de pruebas, y sólo citan fuentes anónimas.

“Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos, y lamentablemente la prensa, como hemos visto no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder”, dijo el presidente durante una de las conferencias de prensa conocidas como “las mañaneras”.

De acuerdo a documentos filtrados por agentes de la DEA a este medio, más allá de la posibilidad de que existan pruebas o no, la investigación contra López Obrador realmente existió, aunque el presidente no ha dejado de insistir en que se presentaran pruebas.

El último de estos reportajes, publicado por el diario The New York Times retoma la investigación, pero como hicieran los otros medios, tampoco presenta pruebas, y el presidente publicó una carta solicitud presentada por los reporteros de ese medio de comunicación, donde no sólo exhibe el nombre de la reportera, sino que además muestra su número telefónico.

“Reprobamos el discurso del presidente, que no sólo reprueba el quehacer periodístico contra quienes investigan a su administración, sino que además pone en situación de riesgo a una comunicadora, lo cual la vuelve más vulnerable”, observó Maldonado Gutiérrez.

Agregó: La labor periodística es de por sí, riesgosa, y ese tipo de discursos y acciones por parte del presidente vuelve todo más complicado, lo cual se suma a lo difícil que es hacer periodismo en nuestro país, que puede ser aún más complicado durante las próximas elecciones en México.

Según Artículo 19, aunque de las agresiones a periodistas sólo el 10 por ciento de ellas vienen por parte de miembros del crimen organizado y el 50 por ciento provienen de servidores públicos, es engañosa la cifra, porque los ataques del crimen organizado resultan más agresivos, y en la mayor parte de los casos son agresiones letales, pero lo peor es que muchas veces son ordenadas por servidores públicos, que terminan siendo los autores intelectuales.

Reporteros consultados de Chiapas, donde pistoleros afiliados a capos del Cártel de Sinaloa pelean contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), han dicho que ellos han debido realizar un mapa de locaciones y temas que pueden cubrir, por las amenazas que existen en contra de ellos, incluso, hay reporteros que debieron dedicarse a otras labores tras ser amenazados por miembros del crimen organizado.

“Hay una guerra en toda la región central serrana que atraviesa el estado de Chiapas, incluyendo la zona de Frontera Comapala, donde ya no se puede transitar, y si dices que eres reportero, te pueden matar porque dicen que estás con un grupo cuando en realidad nosotros no estamos con nadie, pero es tan fuerte el conflicto, que los delincuentes no confían en nadie, y por eso matan a todo el que no identifican y que entra en sus territorios”, dijo un reportero de prensa escrita de Tapachula, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

Artículo publicado el 03 de marzo de 2024 en la edición 1101 del semanario Ríodoce.