Productores acusan errática conducción de la política de comercialización de granos por deficiencias burocráticas

La errática conducción de la política de comercialización de granos básicos pone en riesgo la seguridad agroalimentaria nacional, consideraron líderes de agrupaciones de productores agrícolas del sector privado y ejidal del norte de Sinaloa.

Ambos sectores productivos advirtieron que la agricultura comercial que se practica en Sinaloa está en riesgo por la burocracia que pretende manejar algo que nunca han tenido entre manos.

De no dar reversa y mantener el avance de lo que ya se probó que es infuncional, como el programa de compras de cosechas por los gobiernos federal y estatal, y la cancelación de subsidios, la agricultura comercial se conducirá al abismo, y en un plazo corto, muy corto, desaparecerá, poniendo la soberanía alimentaria a merced de extranjeros.

“Eso es un gran riesgo, depender de las importaciones. Ningún país puede permitir desmantelar la agricultura comercial por la de subsistencia, que es bueno que reciban apoyos, pero no producen alimentos para las ciudades ni para mantener en equilibrio la balanza comercial”, opinó César Enrique Galaviz Lugo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS).

En su reflexión, dijo, que el ensayo del Gobierno de Sinaloa de comprar la cosecha de maíz no debe repetirse porque demostró ineptitud, al grado que puso en serios problemas económicos a los productores que cosecharon hasta 15 hectáreas por retrasos en los pagos, saturaron bodegas y generaron problemas que no encontraron solución.

Lo que debe de empujar es lo que funcionaba, es decir, empujar precios competitivos para todos o liberar subsidios cuando las condiciones de mercado lo exijan, a fin de mantener en un rango de competitividad la actividad agrícola, como sector primario de la economía nacional.

El ciclo 2022-2023 tiene un saldo negativo, consideró. “Fue la comercialización más complicada en la historia de la agricultura, porque el productor quedó solo, sin respaldo. Se apoyó a pequeños productores, pero en Sinaloa predomina la de gran escala que produce alimentos. Todos los productores tienen derecho a la rentabilidad, pero el negocio está en riesgo. El que no se hubiese apoyado en lo parejo a todos, puso en riesgo la actividad, pese a que los costos de producción son los mismos para el de 10 hectáreas como el que siembra 50 y 100 hectáreas, aunque a mayor superficie más riesgo”, dijo.

A la comercialización difícil se suma una reducción del 50 por ciento en superficie por sequía, comentó.

El productor tendrá muy pocas posibilidades de recuperarse, lo que complica aún más el panorama, y se anticipa que este será un ciclo más bajo que el anterior”.

Productores, comercializadoras y el gobierno deben de trabajar coordinados para avanzar en la comercialización, pero la desinformación y descoordinación ocurrida truncó el desarrollo, pero más que cualquier cosa se requieren recursos similares a los de sexenios anteriores cando había financiamiento, seguro agrícola, apoyos a comercialización, sanidad, inocuidad, añadió.

“Estamos comercializando en economía globalizada con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y China; los inventarios mundiales están en niveles muy altos, mientras que México está inmerso en un Tratado de Libre Comercio que lo mismo puede salir el grano que entrar. Estados Unidos oferta por debajo de los costos de producción de México, lo que obliga los apoyos a la comercialización, que no se tienen etiquetados como tales en el presupuesto. Ese dinero se fue a gasto social, entonces, se advierte una crisis”.

Baltazar Valdez Armentía, fundador del colectivo Campesinos Unidos de Sinaloa, aseguró que el fracaso en los experimentos de comercialización del gobierno fue estrepitoso, a tal grado, que los productores cosecharon pérdidas en lugar de ganancias porque los costos financieros se incrementaron ante el retraso en los pagos, que en casos graves son de nueve meses, aunque el estado pretenda minimizarlo.

En términos reales, los productores terminaron pagando de 800 a mil pesos de intereses extemporáneos, lo que redujo el precio de garantía a 6 mil pesos de lo que el gobierno fijó en 6 mil 965 pesos, quedando en tasa real hasta los 5 mil 800 pesos. “eso sin contar que se perdió el trabajo de seis meses, la depreciación de maquinaria y otros costos invisibles”.

Lo que el gobierno en realidad cosechó fue descapitalización y endeudamiento, al grado de que muchos de los productores de la agricultura comercial tendrán que vender activos para aventurarse en un ciclo agrícola que no es nada rentable, pese a la reducción de la superficie.

Valdez Armentía aseguró que debe de ocurrir una comercialización en donde la burocracia no meta las manos, a excepción de liberar subsidios, porque está condenado al fracaso todo lo que toca, cuando no tienen idea de lo que están manejando y como solucionarlo.

Artículo publicado el 25 de febrero de 2024 en la edición 1100 del semanario Ríodoce.