Ciudades y pueblos enteros a merced de los grupos criminales; ante la incapacidad y el abandono del Gobierno, la población hace “justicia” por mano propia.

Como una metástasis extendiéndose cada vez más por comunidades, regiones y ciudades enteras en la república mexicana, la extorsión se ha convertido en el nuevo modus operandi de células criminales aliadas a cárteles como La Familia Michoacana, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y grupos afiliados al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a analistas de seguridad, académicos y periodistas, la extorsión creció como nunca en los últimos años, principalmente en estados como Guerrero y Chiapas, donde antes se sembraba amapola y mariguana, pero tras la despenalización del cannabis en Estados Unidos, y la aparición del fentanilo, los grupos delictivos dejaron de sembrar esos enervantes porque ya no les representaba ingresos, encontrando en la extorsión una forma de lucrar.

“Los grupos delictivos cobran a los ejidatarios el 10 por ciento de lo que produce cada uno de ellos, sea maíz, habas, avena, flores, lo que produzcan; el 10 por ciento va para gente de La Familia Michoacana”, dijo un fotoperiodista que cubre la zona de tierra caliente y Tenancingo.

Cuando los ejidatarios no logran tener una buena cosecha, los grupos delictivos hacen un trueque con los campesinos, pues acceden a que les paguen con maquinaria, o bien les ofrecen servicios de transportación o renta de góndolas y de gasolina para que los grupos criminales puedan recuperarse de la merma, y junten dinero suficiente para pagar a sus pistoleros, según explicó el fotoperiodista.

Esta información fue confirmada por otros comunicadores quienes señalaron que todo empezó cuando los precios de la mariguana se vinieron hasta abajo, a principios de la década pasada, lo que hizo que muchos de esos criminales se enfocaran en la siembra de amapola, pero la llegada del fentanilo, un opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína, tumbó completamente la producción de goma, “obligando a los cárteles a buscar otro tipo de ingreso”.

“Fue La Familia Michoacana la primera en pedir ‘ayuda’ a la gente, como estaban peleando el territorio a los Cárteles Unidos, pedían dinero a la gente para que los apoyara. Pero pronto se volvió obligatorio, porque si no, los mataban, de modo que la extorsión se extendió a todas las formas posibles, y hoy en día cobran extorsión por todo: por venta de carne, pollo, cerveza, frijol, arroz, leche. Y antes, les cobran a los transportistas que mueven esos comestibles, al comerciante que comercializa el producto, y al comerciante pequeño que lo vende al público, y el gobierno no hace nada”, dijo un reportero de nota roja que desde hace 20 años cubre Acapulco.

Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, dijo que otro de los problemas que está enfrentando la población en esa entidad es que nadie está reportando este delito porque los cárteles de la droga tienen amenazados a los medios de comunicación para se callen y no publiquen las extorsiones, ni la muerte de pre candidatos, ni nada que pueda hacer ver mal a los grupos criminales.

“Estamos solos en esto, y claro, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice que él tiene otros datos, porque cuando viene a Guerrero viene bien resguardado, y sólo va a Acapulco, y bien protegido, pero la realidad es que hay mucha extorsión y más de 30 mil personas desplazadas de pueblos que han quedado abandonados”, dijo Ocampo.

De acuerdo al Inegi, la tasa de casos por extorsión registrados en 2022, fue de 7.95 casos por cada 100 mil habitantes. Considerando que en México hay 126.7 millones de habitantes, el número de extorsiones registradas ese año serían de 7 mil 950 casos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que en 2022 en México hubo 5 millones de extorsiones.

Chiapas: nuevo foco de extorsiones

Primero fue Tamaulipas, después Michoacán, entonces siguió Veracruz, Ciudad de México y más tarde Guerrero. Ahora, según reportan periodistas, es Chiapas, donde el Cártel de Jalisco llegó hace más de un año a disputarle el territorio al Cártel de Sinaloa por el control de tráfico de drogas, de armas, y de migrantes. Pero debido a que mantener una guerra cuesta caro, grupos asociados al CJNG han empezado a extorsionar negocios y personas para financiar su guerra.

“El tema de la extorsión ha hecho que muchas personas se vayan de sus pueblos, pero otros se han empezado a organizar para enfrentar a los grupos criminales, pero son campesinos que lo único que buscan es defender a sus familias, pero no cuentan con el armamento que tienen los cárteles”, dijo Damián Sánchez, reportero que cubre el área de Tapachula.

El otro problema que enfrenta la población, agregó el reportero, es el nivel de corrupción que existe, y que ha hecho que el CJNG logre cooptar a las autoridades, haciendo que los pobladores no confíen ni en el ejército ni en los grupos criminales.

“Es muy difícil la situación porque la gente tiene miedo y desconfía de los militares y hasta de los medios de comunicación, porque ya no saben quién es quién, y ha preferido irse y dejar sus comunidades a ser levantados y después ni aparecer, porque desaparecen a los muertos”, dijo explicó Sánchez.

Intentos fallidos

No es la primera vez que la extorsión intenta llegar a ciudades enteras. En Tamaulipas, antes del Cártel del Noreste, los Zetas eran conocidos por extorsionar a ciudades enteras. En Culiacán se habla que, en algún momento, células delictivas intentaron extorsionar a pequeños comerciantes, pero cuando Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán se enteraron, detuvieron ese tipo de actividades y mandaron “castigar” a los extorsionadores.

Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Cisen, dijo en una entrevista con este semanario que parte del éxito por el cual el grupo delictivo conocido como Cártel de Sinaloa mantenía una buena relación con la población es porque no extorsionaba, como ocurría en otras entidades.

En Ciudad de México, pandillas locales extorsionan a los más de 5 mil puestos de negocios que se instalan en el barrio de Tepito con 300 pesos semanales, pero ninguno de los locatarios se atreve a denunciar la extorsión por temor a represalias, incluso, ni los mismos medios de comunicación locales y nacionales investigan la extorsión al sentirse vulnerables en la ciudad.

El 2 de enero pasado, un enfrentamiento en la alcaldía de Iztacalco entre presuntos extorsionadores y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dejó un saldo de dos muertos, siete lesionados, entre ellos un menor de edad, además de diez hombres detenidos y aseguradas cinco armas cortas.

“Extorsionan a negocios en La Condesa, en la colonia Roma, en la Cuauhtémoc, pero nadie dice nada porque saben que son pandillas muy poderosas que pueden localizar a quien quieran y pegarles un buen susto”, dijo un agente policial, quien solicitó no se revelara su identidad.

Lo que está ocurriendo en casi toda la república, confirmaron las fuentes entrevistadas, es que minas de toda la república pagan una fuerte cuota a las organizaciones criminales para que los dejen trabajar en paz, y al mismo tiempo, evitar manifestaciones de los trabajadores.

“En Sinaloa, para lado de San Ignacio, hay minas que son controladas por el crimen organizado, y pagan una gran cantidad de dinero para que los dejen trabajar”, dijo un investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La misma observación se hizo en estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Colima y Jalisco, donde hay minas de oro, plata, cobre y hierro, y donde las minas pagan una fuerte suma para que los dejen trabajar.

Artículo publicado el 04 de febrero de 2024 en la edición 1097 del semanario Ríodoce.