En diciembre de 2022, en Ruiz Cortines, una bebé de siete meses murió de hipotermia. El 6 de marzo de 2023, Ramoncito, de seis meses pereció por neumonía. El 18 de marzo, Lupita, de nueve meses, fue encontrada sin vida en el piso de una vivienda, en Juan José Ríos, por infección en las vías respiratorias.

El 26 de marzo siguiente, un bebecito de seis meses, en Juan José Ríos, murió por deshidratación. Dos días después, en la sindicatura de Nío, Guasave, otro menor falleció por un mal respiratorio. El 10 de abril: una niñita de un año cuatro meses perdió la vida a causa de neumonía.

Este recuento lo publica el diario La Jornada.

Duermen en el suelo, comen mal, no tienen acceso a servicio médico, sus mamás se los llevan al campo donde respiran pesticidas.

La reacción del gobierno del estado ante esas muertes del inicio del 2023 consistió en la visita de varios secretarios a la zona, muchas declaraciones a la prensa y brigadas de atención por un breve tiempo.

“Un modelo de atención sin precedentes”, “humanitarista” festinaron plumas obsequiosas y festejaron las promesas del gobernante.

No sirvió de nada.

Se siguen muriendo los niños, de lo mismo y donde mismo.

Dos menores murieron el 24 de diciembre pasado en Ruiz Cortínez. María tenía 3 años, murió de gastroenteritis. Ángel, de tan solo un año y dos meses, dejó de respirar por neumonía.

El 18 de enero murió Karen de ocho meses de edad por enfermedad respiratoria y otra niña de 2 años por intoxicación.

La solución al problema no es desconocida, no es un misterio, existe en muchas partes, está probada aquí mismo en Sinaloa.

La solución es que los hijos de madres trabajadoras estén en centros de desarrollo infantil (guarderías es el término popular) donde reciban alimentación, cuidado, atención de salud y educación mientras su familia está en el surco.

Las familias migrantes deben habitar en albergues temporales con los servicios básicos que les garanticen higiene y salud.

Debe haber clínicas con doctores y medicinas en las zonas de trabajo agrícola.

Los trabajadores deben tener licencia con goce de sueldo para atender su salud y la de sus hijos.

En Sinaloa hay familias que trabajan, generan riqueza, y a pesar de eso viven en la miseria y sus hijos se mueren de hambre y enfermedades evitables.

La razón de ser de los gobiernos es la solución de estos problemas, para eso existen.

Para construir las soluciones: invirtiendo los impuestos en la infraestructura necesaria, incentivando la responsabilidad empresarial, estructurando una distribución equitativa de la riqueza y regulando la prestación de servicios de vivienda.

No hay gobierno eficiente ni con sentido social en Sinaloa.

El gobierno del estado prometió servicios básicos y vivienda a los trabajadores del campo.

“Una deuda social pendiente lo constituye la población de jornaleros agrícolas que migran cada año a los campos de Sinaloa, para emplearse en las temporadas de siembra y cosecha de hortalizas.” Así dice el Plan Estatal.

“Promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos temporales con servicios básicos”, fue el compromiso.

Los dos informes del gobierno reportan que en dos años no se ha construido ningún alojamiento temporal, ni se mejoró uno solo y no se construyó ningún servicio básico para jornaleros agrícolas con inversión del gobierno del estado.

No han construido una sola guardería, ni una sola clínica y ni una sola aula para esos niños.

No se hizo nada de fondo.

Solo paliativos, de esos para Facebook.

Tampoco hay presupuestado nada para ello en 2024.

A su vez, los ayuntamientos son inútiles.

No regulan ni supervisan eficazmente las condiciones de los cuartos que se rentan a las familias jornaleras.

Con el antecedente del año pasado, debieron regular las cuarterías y no lo hicieron.

El gobierno federal tampoco ayuda a los jornaleros, les quitó lo que había. Desapareció el programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas.

Eliminó las acciones para construir albergues y guarderías en coinversión con los agricultores.

En la campaña prometió una nueva estrategia, pero no cumplió. Desapareció lo que había y no lo sustituyó con nada.

Eliminaron, también, las pocas becas para sus hijos.

Los jornaleros, no existen ni para el Plan Nacional de Desarrollo ni en los programas de la Secretaría de Bienestar.

No reciben ningún apoyo federal pues no son adultos mayores, no son jóvenes desempleados, no son estudiantes de bachillerato y no tienen tierra donde “sembrar vida”.

El gobierno federal no supervisa cabalmente que las empresas inscriban al IMSS a sus trabajadores ni construye las clínicas necesarias.

De la misma forma, los jornaleros vuelven a sus pueblos y los encuentran con las mismas carencias. El programa para construir servicios básicos en las comunidades indígenas, donde habita la mayoría de ellos, desapareció también.

Los programas sociales del obradorismo no construyen infraestructura social básica de la que garantiza el derecho a la salud y educación de los más pobres.

Los programas sociales entregan efectivo a sectores determinados, no a los más pobres.

La política social del presidente consiste en dedicar el dinero a ampliar el programa para adultos mayores, y así cubrir, ahora, a los que ya tenían pensión.

Un resultado es que, por ejemplo, varios gobernadores reciben su apoyo de 6 mil pesos bimestrales.

Otro resultado es que los bebés Ramón, Lupita, Ángel, María y Karen no recibieron nada…y murieron.

Los que más trabajan siguen siendo pobres.

Los hijos de los pobres siguen muriendo de miseria.

Los gobiernos no trabajan para ellos.

Artículo publicado el 28 de enero de 2024 en la edición 1096 del semanario Ríodoce.