Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el Colectivo EPUMX denuncia que las condiciones para los representantes de medios de comunicación han empeorado
El entorno para el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos, que ya era hostil, y violento empeoró durante el gobierno de Andrés López Obrador, con el espionaje y asesinato de defensores de los derechos humanos, periodistas, familiares que buscan a sus desaparecidos, y activistas que protegen el medio ambiente, denunció el Colectivo EPUMX ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el informe denominado “México habla sobre derechos humanos”, acusaron que el gobierno de la 4T en vez de regresar a los soldados a los cuarteles como había prometido “ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas la construcción de obras públicas, la implementación de la política migratoria, la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos, entre otras”.
En su denuncia presentada ante el organismo internacional contra el gobierno de López Obrador, afirmaron que “desde hace décadas, México enfrenta una alarmante crisis en materia de derechos humanos que, lejos de atenuarse, se ha profundizado, particularmente desde el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), efectuado en noviembre de 2018, periodo que coincide con un cambio en la administración federal”.
Indican que existe “la resistencia del gobierno federal no sólo de reconocer la continuidad de esta crisis, sino incluso de negarla del todo, aludiendo a que en México ya no se violan derechos humanos, ha exacerbado la situación y ha generado retrocesos en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos”. Sumaron que el gobierno de México se resiste también “al escrutinio internacional”.
Son constantes dijeron “los mensajes de deslegitimación a la observancia de la comunidad internacional – incluyendo la de Naciones Unidas– y a las labores de observación de la sociedad civil organizada”.
Contrario al discurso de AMLO, una coalición conformada por más de 300 organizaciones, y redes de la sociedad defensoras de derechos humanos denunciaron ante la ONU que:
- De acuerdo con organizaciones que documentan asesinatos de periodistas, desde diciembre de 2018 a finales de 2022, se han documentado 35 asesinatos de periodistas por razones relacionadas con su labor. Durante 2023, hasta el 17 de junio habían sido asesinados al menos siete periodistas.
- Es particularmente alarmante la situación de familiares de personas desaparecidas, sobre todo de quienes realizan labores de búsqueda de sus seres queridos. Entre 2018 y mayo de 2023 fueron asesinadas al menos 10 familiares buscadoras, cuatro de ellas en el último año.
- Persiste la violencia específica contra quienes protegen el medio ambiente o defienden la tierra, entre ellas personas indígenas: de 2019 a 2022 se contabilizaron, al menos 82 asesinatos relacionados con la defensa del medio ambiente y 409 eventos de agresión.
- En cuanto a los ataques digitales, durante 2022 y el transcurso de 2023, se dieron a conocer nuevos casos de espionaje presuntamente por parte del Ejército contra tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas, todos ocurridos durante la actual administración y periodo en revisión – y mediante el uso del malware Pegasus.
En su informe, integrantes del colectivo EPUMX, aseguraron que “la protesta social se violenta y reprime desde el Estado con reformas de leyes locales y federales que la criminalizan mediante tipos penales ambiguos que generan un contexto permisivo para el uso indebido del derecho penal sobre actos de protesta”.
En específico afirman que las mujeres feministas que protestan, “han sido significativamente estigmatizadas y criminalizadas”. Agregaron que también indígenas y migrantes son de los más afectados, “se han documentado múltiples agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización, uso excesivo de la fuerza e incluso graves violaciones, como tortura, en diversos eventos de protesta, con impactos diferenciados en casos de personas indígenas protegiendo su territorio, personas migrantes en detención o que se movilizan en caravanas”.
Crecen las ejecuciones extrajudiciales y la tortura
En la presentación del informe los organismos de derechos humanos solicitaron que al examinar a México se revisen las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura.
En el testimonio, documentan “la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad estatales y federales. Según datos oficiales, desde su creación y hasta el cierre del 2022, la Guardia Nacional ha hecho uso de la fuerza con arma de fuego en 402 eventos, en los cuales fallecieron 162 personas civiles. La GN reportó en esos años sólo tres casos de uso excesivo de la fuerza refiriéndose exclusivamente a aquellos en los que la CNDH emitió una recomendación”.
Advirtieron que la SEDENA también ha sido señalada como responsable de ejecuciones en los últimos años. En uno de sus párrafos se lee: “de diciembre 2018 y hasta el 29 agosto de 2022, periodo correspondiente a la actual administración, la SEDENA reportó haber abatido a 739 civiles; y en 2023, en los meses de marzo y junio, agentes militares ejecutaron a 10 civiles más”.
Señalaron la opacidad en las fuerzas armadas “con frecuencia se niegan a transparentar información sobre estos eventos, amparándose en cuestiones de seguridad nacional. Pese a que, por ley, todas las fuerzas de seguridad pública tienen la obligación de emitir reportes pormenorizados en eventos donde se haga uso de la fuerza, la GN reservó por cinco años la información y después hizo públicos sólo seis informes, mientras la SEDENA aseveró que no cuenta con ningún registro y la Secretaría de Marina que carece de obligaciones para emitirlos”.
En el reporte dedican un apartado a la tortura, y afirman que continua como una práctica generalizada cometida por autoridades de todos los niveles de gobierno, incluidos agentes de seguridad y fiscales, como reflejan las más de 9 mil 500 quejas interpuestas entre 2019 y 2022 por hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ante los distintos órganos estatales de derechos humanos del país.
Revelan que “La tortura en contextos de detención continúa siendo una práctica persistente como medio de investigación: según la ENPOL 2021, el 18.2 por ciento de las personas privadas de libertad encuestadas refirió que rindió o firmó su declaración por recibir amenazas o presiones; mientras el 20 por ciento señaló haber sido agredida físicamente para declararse culpable”.
Denuncian que “las mujeres son especialmente vulnerables a esta grave violación de derechos humanos, particularmente a la persistente práctica de tortura sexual, como demuestra el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México presentado por el Estado en 2022, que reveló que más del 79 por ciento de las mujeres en prisión entrevistadas fueron víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales más del 43 por ciento sufrió tortura sexual o actos con esta connotación”.
Informan que el país no cuenta con una política efectiva de persecución penal de la tortura. “Las fiscalías son incapaces de investigar adecuadamente este delito, careciendo de recursos y capacidades: ocho de cada 10 investigaciones inician porque juzgados dan vista a las autoridades ministeriales. En 2022, se emitieron a nivel federal cuatro sentencias por tortura; sólo el 0.12 por ciento de las investigaciones iniciadas por este delito derivó en sentencia”.
Militarización del país, riesgo para democracia: ProDH
En septiembre de 2022 Andrés Manuel López Obrador daba la espalda a su promesa de regresar a los militares a los cuarteles. Bajo el multi usado argumento de que le “heredaron” un grave problema de inseguridad, el jefe del ejecutivo federal justificó que continuarían en las calles porque eran la mejor opción para enfrentar la violencia.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) publicó en noviembre del 2023, la segunda edición del informe “Poder Militar, la guardia nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”.
En este escrito el organismo “da cuenta del proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización en este sexenio”. Destaca que “tradicionalmente, la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones: primero, la relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia; segundo, la vinculada con que este despliegue suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos; y, tercero, la asociada con que el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar”.
En uno de sus apartados el estudio conjunto que se presentó previo al Examen Periódico Universal México 2024 (EPU) que realiza la ONU cada cuatro años y medio en materia de derechos humanos, destaca que “a lo largo de este sexenio, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedentes. El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas”.
Afirma que aunque el gobierno federal negó el espionaje y la Secretaría de la Defensa Nacional reservó la información sobre los contratos relacionados con Pegasus, se pudo constatar mediante documentos oficiales de la SEDENA hechos públicos la utilización del malware para espiar, “así como las acciones de seguimiento y vigilancia sobre organizaciones, personas defensoras y activistas, evidenciando la estigmatización de la institución sobre estos sectores y su visión alejada de los principios democráticos”.
Otra prueba del despliegue del Ejército en tareas civiles es la Guardia Nacional “en 2019, se reformó la Constitución para la creación de GN como la entidad civil responsable de la seguridad pública a nivel federal. En la práctica se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación”.
Artículo publicado el 24 de diciembre de 2023 en la edición 1091 del semanario Ríodoce.
