Persiste la discriminación indígena
“En México duele ser mujer indígena”, dice la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. El caso de Gabriela, la joven jornalera, casi niña, pues solamente tiene 15 años de edad, que parió a la intemperie, rodeada de escombros, luego de que en el IMSS-Bienenestar de Adolfo Ruiz Cortines, Guasave, se le negara brindarle atención médica por no ser derechohabiente es, quizá, el ejemplo más claro de discriminación, estigmatización e incluso condiciones de esclavismo en la que miles de jornaleros trabajan en los valles agrícolas de Sinaloa.
La mayoría de los migrantes cada temporada inician su éxodo desde estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y Chihuahua, son expulsados por los conflictos y pobreza que abaten a sus lugares de origen; llegan a estados como Sinaloa, en donde encuentran una oportunidad para laborar en la producción agrícola en busca de poder seguir subsistiendo.
“A la mayor parte de los trabajadores los contratan y no aparece un patrón directo… Los productores que usan esta mano de obra deben respetar las reformas del gobierno federal de limitación de subcontratación” dice Óscar Loza Ochoa.
Cabe resaltar que este tipo de subcontratos a los que se refiere el defensor de derechos humanos, es usado para eludir el pago justo de salarios, brindarles seguridad social y prestaciones de ley. Esos derechos son letra muerta para los jornaleros, la mayoría de ellos ni siquiera saben de leyes y escasamente hablan el español.
Aunque hay galerones que los albergan en condiciones aceptables, hay cuarterías no regularizadas, especialmente en Juan José Ríos y Ruiz Cortines, en donde de acuerdo a Andrea Leticia Espinoza, directora de salud y bienestar social de Guasave, viven en el hacinamiento, promiscuidad e insalubridad, de la misma forma, son los principales consumidores de drogas, de alcohol y mariguana en particular.
Las consecuencias para los trabajadores y sus familias ya han sido develadas en múltiples ocasiones a lo largo de este año, especialmente en el sector salud, ejemplo de ello es la crisis humanitaria que vivieron en el primer trimestre del año, en la cual, de acuerdo a datos proporcionados por la Dra. Andrea Espinoza, se realizaron 263 atenciones, desde el día 19 de marzo hasta el 17 de abril, sino que también cobró la vida de ocho menores de edad a manos de la desnutrición, neumonías y deshidratación.
Loza Ochoa hace saber que las instituciones de salud no han desempeñado su papel adecuadamente.
La realidad de los trabajadores del campo es tal, que ni siquiera a instituciones defensoras de derechos humanos les otorgan información real, tan es así que se le ha hecho solicitud de información a la Dirección del Trabajo y a empresas sobre la cantidad de personas que reciben y cuál era el contenido de los contratos, estas no han sido contestadas, igualmente en la clínica a la que acudió la joven madre en Cortines, pues el director se niega a firmarlas de recibidas, destaca Loza Ochoa.
Los indígenas que viajan como nómadas de una región a otra de México, están lejos de lograr lo que propone Eufrosina Cruz Mendoza, la política y activista defensora de los derechos de los indígenas, que dice que se tiene que “reaprender a vernos con los ojos correctos, exigir más justicia para lograr la igualdad”, pues aunque hay leyes para protegerlos, es necesario que se apliquen los protocolos necesarios para asegurar su cumplimiento y que la crisis anteriormente atravesada no se vuelva a repetir.
El activista y defensor de derechos humanos, Óscar Loza Ochoa anunció que para mediados del mes de diciembre estarán llevando a cabo visitas a los campos agrícolas para asegurarse cuales son los que cuentan con condiciones tolerables para los jornaleros.
Artículo publicado el 03 de diciembre de 2023 en la edición 1088 del semanario Ríodoce.
