El exgobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, fue encontrado culpable de cometer los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias en 2007, cuando era alcalde de la capital del estado.

De acuerdo con proceso.com, Orozco Sandoval está condenado a cuatro años de cárcel, inhabilitación por tres años para ejercer cargos públicos y a un pago por 2.2 millones de pesos. La sentencia fue emitida por Irma Reyes de Luna, jueza auxiliar interina del Juzgado Segundo Penal.

El caso se remonta a 2007, cuando el panista terminaba su trienio como alcalde de Aguascalientes capital y el gobierno que dirigía aprobó una presunta triangulación de terrenos, en la que un predio propiedad del ayuntamiento terminó registrado a nombre de la asociación civil Fruideo A.C., integrada por el entonces alcalde y sus hijos.

La denuncia fue interpuesta en 2008 por el exregidor priista José Luis Proa y el exdiputado local, también por el PRI, Tagosam Salazar.

La acusación ha perseguido al exmandatario durante casi toda su carrera política.

El 19 de febrero de 2010, cuando competía por primera vez por la gubernatura, enfrentó una orden de aprehensión y un auto de formal prisión del que se libró gracias a un amparo que le otorgó la suspensión definitiva.

Tras esa victoria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restituyó la candidatura que le había sido retirada por el Instituto Estatal Electoral, argumentando que, aunque estaba sujeto a un proceso penal, no existía sentencia definitiva que lo declarara culpable.

Sin embargo, en esas elecciones Orozco Sandoval perdió frente al priista Carlos Lozano de la Torre.
Seis años después, con el proceso penal aún en su contra y tras pasar por el Senado de la República –cargo que le otorgó el fuero constitucional–, Orozco Sandoval se convirtió en gobernador de Aguascalientes.

“Son intereses políticos”, responde Orozco.

En un video en sus redes sociales, el exmandatario confirmó haber sido notificado del fallo judicial y afirmó que se trata de intereses políticos.

“Soy inocente y este caso, desde su inicio hasta su final, tiene un objetivo: la persecución política. Cuando este caso inició el objetivo era no dejarme competir por la candidatura a gobernador, y este fallo es claramente porque mi actividad diaria con la sociedad le incomoda a alguien. No me voy a dejar, hay varias instancias a las que acudiré para que la verdad salga a la luz”, dijo.

En los últimos meses, Orozco Sandoval reactivó sus actividades políticas con miras a participar en el proceso electoral de 2024. En sus redes sociales ha publicado mensajes en favor de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y otros en donde entrega apoyos sociales a nombre de “Contigo Aguascalientes”, una asociación civil fantasma, de acuerdo con información publicada por el medio de comunicación Poplab.

“Esta situación de persecución política no ayuda al PAN ni a la búsqueda de ganar la Presidencia de México, porque el mensaje que estamos dando es de división, odio y resentimiento”, añadió el exgobernador, que ha mantenido grandes diferencias y ha hecho fuertes críticas al presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, así como a la actual gobernadora panista del estado, Teresa Jiménez Esquivel.

En un comunicado, su oficina de prensa aseguró que “resultaba muy dudoso el actuar de la titular de dicho Juzgado” y agregó que la resolución no es definitiva y apelarán, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con una investigación periodística publicada por Poplab en noviembre de 2022, durante el gobierno de Martín Orozco (2016-2022) se entregaron apoyos a organizaciones civiles sin cumplir con la ley ni apegarse a las reglas de operación de distintos programas. Entre las organizaciones beneficiadas está Esperanza Aguascalientes Pro-Construcción A.C., que recibió 35 millones de pesos entre 2021 y 2022.

Dicha asociación tiene como presidenta de la mesa directiva a María Yolanda Ramírez Gutiérrez, esposa de Orozco Sandoval.