Data Cívica se autodefine como una asociación civil feminista dedicada a “impulsar el cambio social, promover y defender los derechos humanos en México, además de fortalecer a la sociedad civil y al periodismo del país y la región. Nuestra agenda, agrega, se enfoca en luchar contra la violencia de género y feminicida; defender violaciones a derechos humanos y acompañar la búsqueda de personas desaparecidas; generar procesos de memoria y verdad; transformar la transparencia en rendición de cuentas; y reducir la brecha en el uso de datos y tecnologías”.
Ha publicado recientemente el informe de “Votar entre Balas” (https://votar-entre-balas.datacivica.org/) correspondiente al mes de septiembre que no sería más que anecdótico, si no fuera que es el mes en que se instaló el Consejo General del INE, con lo que oficialmente el 7 de ese mes inició el proceso electoral federal 2023-2024 y, como veremos, llegó acompañada de violencia en contra de actores políticos.
El informe de marras registra como antecedente que durante el gobierno obradorista se han registrado, hasta septiembre “en México, 1459 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. En México, nos dicen, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios” lo que indica que la política se ha vuelto una más de un cúmulo de actividades peligrosas y que representa una amenaza para quienes trabajan en las instituciones electorales, los partidos políticos y sus candidatos.
Está documentado que el crimen organizado, ante la contracción e inoperancia del Estado, tiene cada vez más incentivos e intereses políticos para accionar y diversificarse. Y es que sus actividades están ancladas en la economía y la economía genera intereses políticos, especialmente aquellos ligados al lavado de dinero y en las coyunturas electorales se han manifestado capturando a los partidos y actuando en sus procesos internos para la definición de candidaturas a los cargos de elección popular.
Así, en el inicio de este proceso electoral ya empezó a “calentar” el ambiente político y están los primeros ataques contra personajes de la vida pública de varios estados.
Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE lo registran bajo el principio de que “no existe la democracia donde impera el miedo” y, desde el periodismo y la academia, están documentados estos hechos durante el periodo obradorista: “78.3 por ciento de las personas víctimas de este periodo eran hombres; 10.3 por ciento, tenían una candidatura al momento del ataque; 45.7 por ciento eran funcionarias públicas y el 8.1 por ciento eran familiares de personas funcionarias o involucradas en el ámbito político… Veracruz lidera la lista de estados con más ataques; 10.5 ocurrieron ahí. En la lista continúa Guerrero, Guanajuato y Oaxaca. Estos cuatro estados representan el 37.4 por ciento de los eventos violentos registrados. Tijuana lidera la lista de municipios con más ataques seguido de Celaya, Chilpancingo de los Bravo y Colima”.
En septiembre pasado nos informa la firma de marras que “desde que inició el proceso electoral y hasta el 30 de septiembre, hemos registrado en nuestra base de datos 24 eventos de violencia política electoral, de los cuales diez fueron asesinatos. Justo el 30 de septiembre, dos encuestadores de Morena fueron asesinados y otro desaparecido en Chiapas por la delincuencia organizada. Se trataba de personas que estaban realizando una encuesta para saber quién debía ser la persona candidata para la gubernatura por parte de Morena en el estado. Esto podría reflejar inconformidad o una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quiénes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas”.
En definitiva, el crimen organizado está creando contexto especialmente donde habrá elecciones locales el próximo año especialmente en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Veracruz, estados a los que habría que agregar el incremento de la violencia cotidiana que han provocado que se vuelvan intransitables. Lamentablemente, este posicionamiento del crimen organizado no significa una revisión de la estrategia de seguridad de manera de que los procesos electorales transiten conforme lo reclamaría una democracia estable y todo ello, lleva a pensar, que, en 2024, quizá viviremos no sólo las elecciones más grandes de la historia sino también las de más violencia política.
