Clínicas privadas, entre la espada y la pared

Clínicas privadas, entre la espada y la pared

Se encuentran en la disyuntiva de notificar los ingresos de personas heridas de bala o de callar por miedo

La medicina privada en Culiacán se encuentra entre la espada y la pared…

Ante el ingreso de una persona herida de bala es obligación de los directivos de la clínica particular dar aviso al ministerio público. En esta ocasión, al parecer, se omitió esa disposición legal.

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La clínica hospital donde se suscitó un tiroteo en su interior la noche del 28 de septiembre de 2023, a decir de las autoridades, omitió el protocolo de seguridad.

La omisión costó tres vidas. Entre ellas la de Otniel Montoya, un urgenciólogo de Angostura que compartía su ciencia entre el hospital del IMSS de Salvador Alvarado y la clínica particular donde murió en medio del fuego cruzado.

También murieron dos hombres que habían asistido a la clínica con el fin de visitar a un hombre que se encontraba en el área de urgencias, quien, según los informes oficiales, fue herido de bala el 23 de septiembre en Santiago de los Caballeros, Badiraguato; y uno de los agresores que, al final, terminó sin vida en el Hospital General de Culiacán.

“Cada que hay un incidente de sangre, la obligación de la clínica, del personal médico, es informar a la Fiscalía (General del Estado) para que tenga la asistencia, y más que si se sabe que pudiera ser, como fue en este caso, que suponemos que estaba gente armada en el interior”, expresó Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

“No. No nos avisó (la clínica)… sí, tienen la obligación de hacerlo. Ellos tenían un oficio de que les dieran protección, pero no nos avisaron a nosotros…” aseguró la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Ulises Murillo Llanes, presidente de la Sociedad Sinaloense de Especialistas en Medicina de Urgencias (SSIME), reconoció la obligatoriedad de la notificación protocolaria, pero desconoce si esta se realizó.

“Cuando hay un paciente… arriba un paciente con lesiones de arma de fuego, se tiene que dar aviso al ministerio público, y de ahí inician una serie de procesos… Ignoro a detalle esa información (si hubo o no notificación)”, comentó el dirigente médico.

La disyuntiva

Las clínicas particulares al no contar con vigilancia policial, se prestan más para recibir personas heridas de bala en hechos violentos y no notificar al ministerio público, ya sea por omisión o por temor.

Un médico que pidió el anonimato aseguró que en ocasiones se ven obligados a no dar parte a la autoridad competente sobre el ingreso de una persona herida de bala, como lo establecen los protocolos de seguridad.

“¿Qué hacemos…? Por una parte, es nuestra obligación dar parte al ministerio público, pero por el otro, está la gente que trae a esa persona que a veces vienen bravos”, comenta.

El presidente del SSIME expone los riesgos que conlleva el arribo de pacientes heridos de bala a las clínicas particulares.

“Las áreas de urgencias son áreas bien críticas, en el cual el arribo de pacientes desencadena una serie de sentimientos, tanto en los familiares de los pacientes como en el personal del área médica que los atiende”, manifestó.

Ulises Murillo Llanes recalca el temor de la comunidad médica, expuesta a eventualidades como la ocurrida el 28 de septiembre.

“Sí se siente siempre el temor…” subraya, “aquí se acentúa más por la ciudad de Culiacán…”

El especialista atribuyó este hecho que sucedió la noche del 28 de septiembre, a la falta de comunicación, sobre todo a la carencia de protocolos de seguridad en las clínicas particulares.

“…que se establezcan protocolos, en el cual al momento del ingreso de un paciente, con tales o cuales características, se active una estrategia que había el año pasado. Un botón de pánico”, subrayó.

La medicina bajo fuego

En los últimos años la muerte se ha ensañado con la gente relacionada con la medicina, la que después de ejercer su ciencia en busca de preservar la vida, ha sucumbido ante la violencia e inseguridad en el estado.

El caso más notorio fue el de la paramédico de Cruz Roja, María Genoveva Rogers Lozoya, quien el 28 de febrero de 2010 murió de un balazo en la cabeza cuando realizaba labores de radioperadora en la base de Gabriel Leyva Solano.

El 8 de junio de 2015 el pediatra Luis Oswaldo fue privado de su libertad cuando se encontraba en su consultorio, y días después apareció muerto a balazos.

El 20 de junio de 2016, Israel “N” fue asesinado a balazos en su consultorio particular en la colonia 6 de Enero.

Días antes tuvo igual destino el médico Víctor Manuel “N”, en su consultorio ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

En 2017 el director del ISSSTE, Miguel Ángel “N”, sufrió un atentado a balazos frente a las instalaciones de este instituto, donde minutos después falleció a causa de las heridas.

El 27 de febrero de 2019 Francisco Javier “N”, médico del Hospital de la Mujer, adscrito al área de neonatos, fue asesinado a balazos cuando conducía su vehículo.

El 29 de septiembre el jefe de personal del IMSS en Sinaloa, murió a tiros cuando salía de su vivienda.

El 5 de junio de 2023 Jesús Alfredo, auxiliar de enfermería del Hospital General Regional número 1 del IMSS, fue tiroteado cuando conducía un vehículo en la colonia 10 de Mayo.

Y el más reciente, el 28 de septiembre, la muerte de Otniel al interior de una clínica particular de Culiacán.

Artículo publicado el 08 de octubre de 2023 en la edición 1080 del semanario Ríodoce.

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