La titular de la Auditoria Superior del Estado, Emma Félix Rivera, afirmó que se requieren funcionarios púbicos íntegros, formarlos y seleccionarlos, al ser cuestionada de no ser visibles la consecuencias administrativas o penales del trabajo de fiscalización de la ASE, para sentar precedentes contra la corrupción y la impunidad.

En su comparecencia que se prolongó por tres horas ante el Congreso del Estado consideró que falta construir una estructura ética de la democracia en la que exista un servicio civil de carrera que evite tanto cambio de funcionario en las administraciones, sobre todo las municipales.

No todas las observaciones tienen un ingrediente de intencionalidad, sino que algunas de ellas son errores, son desconocimiento, falta de experiencia, manifestó.

La auditora aseguró que falta legislar para consolidar los órganos internos de control para que se tenga un efecto correctivo y sancionador sobre reiterados asuntos como las adjudicaciones directas que se registran principalmente en los municipios.

La auditora reconoció que de los órganos internos de control la ASE tiene muy poca información en relación a las sanciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se solicitan.

Explicó que la ASE hace un trabajo técnico de presentación de hallazgos, pero no resuelven, para que las autoridades que sancionan de oportuna respuesta e informen a la auditoría y al Congreso del Estado.

Al referirse a los contenidos de los informes individuales de las auditorías financieras, citó las observaciones recurrentes:

Obras que reflejan conceptos estimados en exceso, no ejecutados y/o no previstos en el catálogo.

Obras que no se encuentran concluidas, que no están en operación, o que operan en condiciones no adecuadas.

Falta de documentación comprobatoria y justificativa.

Omisión del entero en tiempo y forma de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

Debilidades de control interno de las entidades.

Deficiente integración y control de expedientes de obra pública.

Registro incorrecto o extemporáneo de las operaciones.

Pagos improcedentes o en exceso.

Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad fiscalizada.

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa.

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones.

Omisión de reintegros de recursos a la tesofe o a la tesorería estatal.

Saldos de deudores o cuentas por cobrar pendientes de comprobar o recuperar.

Anticipos a proveedores y contratistas que no presentaron amortización o recuperación.

Insuficiencia financiera de recursos del activo circulante de libre uso y/o etiquetado para pagar los pasivos.

Deficiencias, falta o incumplimiento de programas, proyectos e indicadores, objetivos y metas.

Incumplimiento de la ley de disciplina financiera para la generación, publicación y entrega de la información.

Activos fijos que no se encontraron al realizar la inspección física.

Respecto a las 10 auditorías sobre el desempeño realizadas, las más frecuentes:

Deficiente operación y/o funcionamiento del programa presupuestario.

Inadecuada transparencia y rendición de cuentas del programa presupuestario.

Inadecuado diseño de la mir del programa.

Insuficiente cumplimiento de las normas de control interno.

Insuficiente cumplimiento de objetivos y/o metas del programa presupuestario.