Abogados de la UAS interpondrán ante jueces federales un “incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva”, ya que la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, desobedeció la resolución de jueces federales que otorgaron amparos definitivos a la Universidad.

El Asesor Jurídico de la UAS, Ramón Bonilla Rojas, señaló que en estos momentos hay cuatro suspensiones definitivas de jueces de Distrito en contra de la ASE donde dicha autoridad judicial le ha ordenado que no puede emitir resoluciones en tanto no se resuelva el fondo del amparo, sin embargo, “de manera terca y obstinada” la Auditoría Superior del Estado, obedeciendo intereses extraños, decidió darle vista a la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal, donde señala que la Casa Rosalina tiene un daño al erario público por 400 millones de pesos.

“Ella no va a tener un problema con la Universidad, va a tener problemas con un Juez federal porque va a tenerle que explicar por qué y bajo qué circunstancias o motivos se atrevió a desobedecer una suspensión definitiva, ¿qué se va hacer en este caso? un incidente por exceso en efecto de incumplimiento de una suspensión definitiva (…) tendrá que enfrentar a un Juez Federal”, precisó Bonilla Rojas.

Agregó que por desobedecer a un juez la auditora estatal puede enfrentar inhabilitación o separación del cargo y hasta pudiera ser motivo de delito que amerita prisión el desacatar una orden de un juez federal.

El abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, compartió que sorprendieron las declaraciones en medios de la Auditora, en el sentido de que la UAS tenía pasivos con daño al erario público.

Aseguró que siempre se le ha demostrado que la ASE no tiene competencia para auditar los recursos federales y federalizados que recibe la institución.

“Es lamentable que la Auditora se preste, no sólo a ser un instrumento de persecución política, sino que también falte a la verdad y al derecho, ya que hay suspensiones producto de amparos promovidos, y lo expresado, más que un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas del órgano fiscalizador, nos denota una intención política de estar denostando y perjudicando a la Universidad”, opinó Lizárraga Otero.