Los líderes comuneros que se dicen ‘amagados’ por el gobierno

Pese a las presuntas irregularidades perpetradas por el Gobierno del Estado de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, decretó la expropiación de la superficie de 1,869-35 -29 hectáreas de la comunidad de “San Marcos”, denuncian los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos.

Aparentemente, las primeras “victimas” del “decretazo de AMLO serán Fausto Sánchez Osuna y Paulo Moreno Enciso, presidente y tesorero de la Comunidad de San Marcos, porque las negociaciones llevadas a cabo por ambos con el Gobierno del Estado, tienen inconformes a algunos comuneros que recopilaron 70 firmas para destituirlos en la asamblea del 9 de septiembre.

El punto cuatro del decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública dice: “Que el 22 de mayo de 2005 la comunidad de “San Marcos”, en asamblea general, aprobó el convenio de ocupación previa respecto de tierras de uso común”.

Los comuneros inconformes reprochan que lo que el decreto no dice es que con el “amañado” convenio de ocupación previa, iniciaron las irregularidades de los gobiernos del estado y del municipio de Mazatlán, presididos por Jesús Aguilar Padilla y Alejandro Higuera Osuna, respectivamente.

Los damnificados recuerdan que, en 2005, una de las primeras mentiras oficiales difundidas por dichos gobernantes fue la aviesa afirmación de que la iglesia de San Marcos quedaría inundada hasta el campanario, pero la parroquia del pueblo, de pie con sus tres cruces, desmintió a los políticos.

Temerosos comentan que el “legado de irregularidades” que dejó el finado ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, en el tema de la presa Picachos, le sobrevivió, pues no olvidan que el 11 de octubre de 2014, la corrupción de Mario López Valdez, redundó en el asesinato del líder Atilano Román Tirado.

Reconocen que “ingenuamente” creían que la pesadilla del “viejo régimen de corrupción” cuya estafeta entregó el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, terminaría con la llegada del “nuevo gobierno” de AMLO, pero tanto el nombramiento de aquél como embajador de México en España, como el injusto decreto expropiatorio con pretexto de utilidad pública, les gritan la verdad.

Las supuestas amenazas que se ciernen sobre la cabeza de los líderes comuneros han generado una especie de silencio tácito entre los desconfiados campesinos que sólo se rompe cuando se les garantiza el anonimato.

El decreto mencionado publicado el viernes 11 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación, causó indignación en la mayoría de los campesinos, al grado de que en el acto buscaron a Fausto Sánchez Osuna y Paulo Moreno Enciso, presidente y tesorero de la Comunidad de San Marcos, respectivamente, para que convocaran a una asamblea urgente para defenderse del edicto federal.

Critican los comuneros que mientras unas comuneras abogadas tramitaban un juicio de amparo para intentar neutralizar la declaratoria de expropiación Sánchez Osuna y Moreno Enciso, no habían dicho “esta boca es mía”, ante los precios injustos por hectárea estipulados en la indemnización decretada.

“La indemnización es injusta, porque la Ley de Expropiación establece precios más altos por hectárea de los asentamientos humanos (pueblos) que fueron inundados por la construcción de la presa Picachos y nos quieren pagar una baba de perico”, expresó uno de los presuntos damnificados.

La tibia reacción de la directiva de la Comunidad de San Marcos, quienes en vez de informar si habían recibido notificación sobre el decreto expropiatorio, esperaban impasibles la “indemnización injusta”, hizo preguntarse a los comuneros si sus líderes no habían sido “maiceados” por el gobierno en turno.

“El detalle es que el decreto se lo tienen que notificar a la mesa directiva, pero ellos dicen que no se puede lograr justicia y que están amagados por el gobierno, pero no aclaran quiénes los tienen amenazados”, comentan.

Los campesinos buscaron a sus dirigentes en sus casas para que firmaran el, juicio de amparo elaborado en tiempo y forma por las licenciadas comuneras, pero se negaban a dar la cara argumentando que estaban “amenazados”.

“Los comuneros ya están organizando el amparo, nomás que ocupaban que lo firmara la mesa directiva, la convocaron para que viniera al cobertizo de San Marcos a una reunión, pero ni Fausto ni Paulo querían salir de sus casas, ellos insisten que los tienen amagados los del gobierno”, aseguran.

El domingo 20 de agosto, con apoyo de asesores jurídicos de la Procuraduría Agraria, la Comunidad de San Marcos, convocó a los comuneros a una asamblea celebrada en el cobertizo de pueblo, donde acudieron más a fuerzas que de ganas, los abrumados dirigentes campesinos a capotear los reclamos.

La postura de los afectados por el decreto expropiatorio consistió en proponerles a los “amenazados” que renunciaran a sus puestos si no querían defender los intereses de la comunidad ante la injusticia del gobierno federal.

“Si le sacan cañas al tercio, porque el miedo no anda en burro y no quieren agarrar el toro por los cuernos, qué renuncien a sus puestos y de pilón que denuncien a los que según los tienen amenazados, porque no podemos seguir confiando en unos líderes que hacen como que nos defienden, pero más parece que los tiene ´maiceados´ el gobierno en turno”, enfatizaron.

Artículo publicado el 27 de agosto de 2023 en la edición 1074 del semanario Ríodoce.