Rector UAS: Vinculación a proceso anunciada

RECTOR JESÚS MADUEÑA. Vitoreado por sus empleados.

En medio de porras y gritos solidarios afuera de la sala, y una guerra de dimes y diretes legales adentro, frente al juez de la causa, el rector de la UAS fue vinculado a proceso por no permitir que la institución sea auditada por la ASE.

Entre intentos por diferir la audiencia, señalamientos al juez de ser parcial y favorecer a la Fiscalía, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, fue vinculado a proceso penal por impedir que la Auditoría Superior del Estado (ASE), auditara a la universidad.

Madueña Molina acudió a dos veces al Centro de Justicia Penal, en una de ellas acompañado del abogado General, Robespierre Lizárraga Otero; y en otra por el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera, y el Comité de Adquisiciones en calidad de imputados.

Por el delito de abuso de autoridad por presuntamente negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado, fue vinculado a proceso; y en otra causa penal, en la que también están involucrados el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y el Comité, la audiencia fue diferida.

El lunes, acudieron a audiencia el rector y Robespierre Lizárraga, pero el abogado de este último no asistió y envió un justificante médico de que un día antes tuvo una crisis hipertensiva cardioapatía y los abogados del rector pidió diferir la audiencia.

El ministerio público dijo que no tenían inconveniente en que se reprogramara para Robespierre, pero podían iniciar ese día con el rector.

Entonces, el abogado de Madueña, Milton Ayala, pidió al juez, Adán Alberto Salazar Gastélum, dejar la causa penal por ser parcial ya que en la sesión anterior autorizó a la Fiscalía sacar copias en la sede judicial y minutos antes ellos pretendieron entregar unos documentos a la Fiscalía, pero no llevaban copias y en la sede judicial les dijeron que no podían sacar copias ahí ya que era responsabilidad de las partes llevarlas.

El fiscal, Ramón Valenzuela, respondió que dolosamente el abogado hablaba de un hecho falso ya que las copias las habían sacado en una oficina que tiene la asesoría victimal en el Centro de Justicia y no habían usado equipo ni recursos del Poder Judicial.

El juez desechó la solicitud del abogado y señaló que en la audiencia anterior él solo autorizó un receso para que la Fiscalía entregara las copias, no que las sacaran ahí en la sede judicial.

Tras la negativa del juez, Milton Ayala volvió a pedir que difirieran la audiencia ya que no fueron citados con 48 horas de anticipación, pero el juez desechó la solicitud por improcedente.

La audiencia dio inicio y el ministerio público, Juan Antonio Vázquez, dijo que la conducta que imputan al rector ocurrió el 30 de marzo de este año, cuando Robespierre, en calidad de apoderado de la UAS y en representación del rector, negó a un grupo de auditores de la ASE información y proporcionar un espacio para que realizaran una auditoria a los recursos estatales e ingresos propios.

El fiscal detalló que el 18 de enero de este año la ASE envió un oficio a Madueña Molina sobre la realización de una auditoría al ejercicio fiscal de 2022; y el día 26, Robespierre respondió que solicitaba dieran por concluido el asunto porque la auditoría estatal no tiene facultades para auditar a la UAS.

CENTRO DE JUSTICIA PENAL. Vinculado a proceso.

El 27 de marzo la ASE giró un nuevo oficio en el que pide al rector nombre a una persona para que atendiera a los auditores y fijaba como fecha de inicio de la auditoría el 30 de marzo; y dos días después, Robespierre vuelve a contestar que no tienen facultades para fiscalizar a la universidad.

Alrededor de las 9:35 horas del 30 de marzo notificadores de la ASE ingresaron al campus Buelna de la Universidad para entregar un oficio en el que señalan que sí tiene facultades para fiscalizar a la UAS, pero fueron interceptados por Robespierre quien los condujo a su oficina.

Ahí el abogado les dijo que le entregaran a él el documento y los notificadores le contestaron que debía recibirlo el rector por lo que se fueron a la torre de rectoría, donde también fueron atendidos por Robespierre.

El abogado insistió en que le entregaran a él el oficio y los auditores le dijeron que sí podían dárselo, pero debía poner el sello de recibido de rectoría y Robespierre se negó.

A las 10:30 horas llevaron un grupo de auditores que también fueron recibidos por Robespierre ya que el rector no se encontraba.

Los auditores le pidieron que nombrara a dos testigos de asistencia y designó a Alfonso Carlos Ontiveros y a José Alfredo Peinado y le solicitaron proporcionara un lugar para realizar la auditoría y firmara el acta de inicio de auditoría, pero se negó.

Según los auditores, mientras estaban en el edificio había personas que les gritaban que eran enviados de Feliciano Castro y de Rubén Rocha Moya.

Ante la negativa del abogado de firmar el acta de inicio, los auditores levantaron un acta circunstanciada y el mismo día por la tarde el área jurídica de la ASE presentó una denuncia penal por abuso de autoridad.

El ministerio público indicó que durante 2022 el Gobierno del Estado transfirió a la UAS 2 mil 545 millones 213 mil pesos de recursos estatales y 4 mil 779 millones 515 pesos de recursos federales.

Como datos de prueba presentó 38 facturas de la transferencia de los recursos estatales y una auditoría que realizó la ASE a la UAS en 2019 a los recursos estatales de 2018.

Además, presentó notas periodistas en las que el rector declara que no permitirían ser auditados, pero fueron rechazadas por el juez por solicitud de los defensores.

En su intervención, el defensor Milton Ayala dijo que el rector no es servidor público porque la universidad es autónoma.

Aseguró que la universidad no se rige por la Ley de Entidades Paraestatales sino por sus leyes específicas.

Manifestó que es falso que la UAS haya recibido recursos estatales y que la Fiscalía no acredita que los recursos que mencionaron que el gobierno estatal había transferido a la universidad fueron recaudados por el estado.Señaló

que solicitaron a la Secretaría de Administración y Finanzas informara la cantidad de recursos de ingresos propios que habían transferido a la UAS y contestaron que no le transfirieron.

Manifestó que debido a que la UAS no maneja recursos estatales no puede ser auditada por la ASE.

Si la conducta de impedir la auditoría fue ilegal, indicó, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado debió dictaminarlo y presentar la denuncia, y no el área jurídica de la ASE.

Raúl Monzón, también abogado del rector, dijo que, en la imputación, a Madueña Molina solo lo mencionaron tres veces y no tuvo ninguna participación en el acto que señalan de ilícito.

Pidió al juez no dictar un auto de vinculación a un inocente porque ningún testigo refiere la participación del rector ni se advierte que él estaba cuando llegaron los auditores o que hubiera dado la orden de impedir la auditoría.

No sé de qué voy a defender a mi defendido porque no hizo nada, aseguró.

El ministerio público dijo que los defensores trataron de confundir al juez porque el documento en el que la Secretaría de Finanzas dice que no transfirió recursos se refiere solo a recursos obtenidos por ingresos propios.

El juez determinó que los datos de prueba permiten suponer que el rector cometió el delito y dictó auto de vinculación y como medida cautelar impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El miércoles, Madueña Molina volvió al Centro de Justicia para ser imputado por la compra de 77 millones de pesos en carne, junto con el rector, Juan Eulogio Guerra Liera y el Comité.

Los integrantes del Comité que serán imputados son el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Pérez Martínez; la directora de General de Planeación y Desarrollo, Soila Maribel Gaxiola Camacho; el director General de Construcción y Mantenimiento, Jorge Pérez Rubio; el director de Proyectos Especiales, Óscar Orlando Guadrón; el contralor General, Manuel de Jesús Lara Salazar; y el ex director de Control de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuen Díaz.

La audiencia fue diferida debido a que algunos de los defensores no acudieron por la carpeta de investigación.

El defensor del rector dijo que no acudió porque le dio prioridad a la audiencia del lunes.

Salvador Loza, abogado de Guerra Liera, manifestó que él sí recogió la carpeta, pero requiere tiempo para analizarla porque son más de 13 mil fojas.

El juez reprogramó la audiencia para el próximo 11 de octubre.

En la audiencia, intentaron nombrarse como asesores victimales Robespierre Lizárraga, Yamir Álvarez y Ramón Bonilla. Los asesores son quienes defenderán los intereses de la UAS en su calidad de víctima.

El fiscal, Marco Antonio Álvarez, dijo que había un conflicto de interés con los asesores porque a Yamir, como apoderado legal de la universidad, le solicitaron información para integrar la carpeta de investigación y la negó.

El juez no les tomó protesta como asesores y programó una audiencia especial para el 30 de agosto para resolver el posible conflicto de interés.

Robespierre y Ramón pidieron al juez revocar su decisión de no darles el nombramiento y solicitaron que en ese momento les tomara protesta como asesores para no dejar en indefensión a la Universidad, pero el juzgador rechazó la solicitud.

Tras las negativas, el abogado del rector Milton Ayala promovió otra revocación por los mismos motivos y también fue desechada.

El fiscal manifestó que con su solicitud el abogado de Madueña exhibe el interés de que los apoderados legales de la UAS sean los asesores victimales porque representan un mismo fin en común y no el interés jurídico de la universidad.

Señaló que con ellos como asesores victimales no hay la certeza de que defenderán el interés jurídico de la víctima que es la universidad.

Madueña Molina volverá a la sala de audiencias este miércoles para que el juez resuelva el posible conflicto de interés con los asesores victimales y para ser imputado por la compra de 45 millones de pesos en tortillas.

Artículo publicado el 27 de agosto de 2023 en la edición 1074 del semanario Ríodoce.

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