Desde oficina de Cienfuegos operó campaña contra el GIEI y movimiento Ayotzinapa; un grupo de asesores del entonces titular de la Sedena recomendó minimizar, desprestigiar y bloquear el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para no afectar al Ejército y cerrar el caso
En 2020, con la llegada de la Cuarta Transformación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa tuvo acceso a archivos de la Sedena de 2014 al 2016, que incluyen documentos en los que asesores militares señalan que había que hacer una campaña negativa a las demandas del GIEI y de desprestigio contra el grupo y los representantes de las víctimas, “tal y como sucedió durante la segunda parte de 2015 y hasta abril de 2016”.
Dicha información, que forma parte del Sexto y último informe del GIEI, presentado el pasado martes, a casi nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encuentra también entre los millones de correos hackeados por el colectivo Guacamaya, y revela que un grupo de asesores del general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Sedena, consideró que los normalistas y el GIEI buscaban desprestigiar al gobierno y al Ejército, y aconsejó evitar que los investigadores y familiares de los estudiantes ingresaran al 27 Batallón de Infantería e interrogaran a militares que estuvieron en la escena de la llamada “noche de Iguala”.
Los análisis, informes y recomendaciones fueron enviados al correo de la Unidad de Asesores del Alto Mando por al menos siete generales en activo y retirados, intelectuales y analistas entre 2015 y 2016, quienes integraban un grupo cuya responsabilidad era asesorar al general Cienfuegos sobre temas coyunturales, y también recibía encargos como revisar los discursos y entrevistas del representante de las Fuerzas Armadas.
En la treintena de documentos extraídos por el colectivo Guacamaya, los asesores demeritan los primeros informes del GIEI, así como a sus integrantes, señalan que en el movimiento hay infiltrados, incluso de Morena, entonces liderado por Andrés Manuel López Obrador, con el fin de desestabilizar al país e incidir en las elecciones de 2018 y afectar al Ejército.
Impedir y alterar las instalaciones del 27 Batallón de Infantería
Con una investigación aún en ciernes, el 13 de enero de 2015, casi cuatro meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, compañeros y familiares de los jóvenes se enfrentaron a elementos de la policía militar y estatal cuando intentaron ingresar al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde aseguraban había elementos que participaron en la desaparición de los normalistas. El intento fue fallido.
El GIEI señala que el Ejército tenía infiltrados entre los normalistas y conocía todos los movimientos de los estudiantes previo y durante su desaparición, pero no actuó argumentando que no tenía competencia y le faltaba personal, y que durante los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, contó con personal castrense del 27 batallón de Infantería en los lugares clave de la “noche de Iguala”, lo cual fue confirmado a través de los celulares de los militares, pero la Sedena se ha negado a entregar dicha información, así como la relativa a una investigación interna.
El fallido intento de ingresar al 27 B/I, aparece entre los informes enviados por los asesores a Cienfuegos. En ellos aconsejan impedir el ingreso de civiles al cuartel militar, uniformar las declaraciones oficiales que se darían sobre el caso para no caer en contradicciones, negar que civiles detenidos hayan sido llevados a cuarteles militares, y quitar salas de arresto (mazmorras) que aún se encontraran en las instalaciones, escribió en un oficio fechado el 24 de enero de 2015, el general de División del Estado Mayor retirado, Humberto A. Guillermo Aguilar.
Y agregó: “Es posible que aún existan salas de arrestados con reja, de ser así, es necesario ordenar que se quiten y se saquen de los cuarteles. No aceptar la remoción de losas de concreto o excavaciones del terreno, argumentando que existen desde años anteriores y que las tierras no presentan indicios de haber sido removidas recientemente. Coordinar la participación de la C.N.D.H. y la C.I.D.H. pero soslayar la participación de Amnistía Internacional”.
Un día antes, el 23 de enero de 2015, Manuel Víctor Estrada Ricardez, excomandante de la Fuerza Aérea Mexicana, señaló a Cienfuegos que los grupos opositores en contubernio con los padres de los normalistas “han venido utilizando la calumnia y la difamación, como punta de lanza” y “han enfocado sus ataques para tratar de dañar la imagen y reputación de nuestro Ejército, a través de falsedades y acciones malintencionadas subidas de tono, pretendiendo con estas provocaciones involucrarnos ante la sociedad mexicana para obtener su respaldo y así poder entrar a nuestros cuarteles en todo el territorio nacional”.
El Tercer Informe de la CIDH
El 11 de mayo de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó el tercer informe en el que señaló la fragmentación de la investigación, lo que restaba eficacia y dificultaba el proceso, y se reclamaba que no se había podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos de la “noche de Iguala”. También se pidió clasificar el caso como desaparición forzada e investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
Días después, Humberto A. Guillermo Aguilar le señaló a Cienfuegos que “integrar las 13 causas penales en una sola, sería una acción positiva porque durante la integración y revisión se percatarían que el personal del 27/o B.I. no estuvo implicado en los hechos del 26 Sep. 14. Por lo anterior, es necesario preparar al personal del 27/o B.I. que será entrevistado y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias.”
“Su insistencia en recomendar que se clasifique a Ayotzinapa como Desaparición Forzada no debe aceptarse…, además que este concepto está vinculado al de Crimen de Estado y el gobierno de México no ordenó ni participó en los hechos del 26 Sep. 14… es necesario recordarle a la CIDH que en el caso Ayotzinapa, fue el crimen organizado que con su… poder económico y de intimidación manipuló a un gobierno municipal débil, que trabajaba vinculado a los Guerreros Unidos, y que este grupo de criminales actuó contra jóvenes que posiblemente eran usados por el grupo de Los Rojos”.
Guillermo Aguilar también señala que los padres de los normalistas pidieron la inspección de dos nuevos lugares, en los que “seguramente se encontrarían cadáveres enterrados clandestinamente… “con el fin de “seguir tratando de desprestigiar al gobierno de México”.
“En caso de encontrarse otros cementerios clandestinos, es necesario prever que el gobierno dé la primicia a los medios de comunicación orientada a que los cadáveres son producto del enfrentamiento entre los cárteles del narcotráfico que operan en el estado de Guerrero; no hay que permitir que los padres de Ayotzinapa o sus asesores den primero la noticia manejada a su conveniencia”, dijo.
A un año de la desaparición
En septiembre de 2015, previo al primer año de la desaparición de los normalistas, los asesores de Cienfuegos consideraron que el informe del GIEI formaba parte de una campaña negativa contra el gobierno y el Ejército y proponen, entre otras líneas, la necesidad de iniciar una campaña con líderes de opinión y en medios para descartar la participación de la Sedena en la desaparición de los normalistas.
“Como ya se intentó involucrar al Ejército en la desaparición y muerte, queriendo con ello responsabilizarlo, y ya que fue el mismo grupo de expertos quienes concluyeron que no existe evidencia alguna de que así fue, ahora y como parte de la presión que los diferentes grupos como Amnistía Internacional, Human Right Watch, Centro PRODH, CIDH, CETEG y otras, producen, la denuncia y señalamiento irán en torno a la ‘omisión’”, escribió el periodista Juan Ibarrola en un informe dirigido a la Unidad de Asesores de Cienfuegos.
Añade que las peticiones para que se legitime el movimiento, la permanencia del GIEI y aceptación plena del informe, replanteamiento de las investigaciones, relanzamiento de la búsqueda de los normalistas, entre otras, “son subjetivas como excluyentes”.
“Ningún otro grupo ha tenido el apoyo tanto de gobierno como de la sociedad aun y a pesar de que la mano de grupos delictivos, la CETEG, grupos de izquierda y MORENA están directamente involucrados con el mismo”.
Para Juan Velásquez, otro de los asesores del Alto Mando de la Sedena, acceder a las peticiones de los padres de los 43, sería “muy delicado, porque implicaría que el propio gobierno se repruebe y entonces, ¿para que quién le crea en el futuro? y lo que es peor, para que se ponga en manos de extraños (como la CIDH, patrona del GIEI, presidida por Emilio Álvarez Icaza, aliado de Javier Sicilia y las demás organizaciones antigobiernistas), con su “agenda” propia y objetivos contrarios a los de México.”
El basurero de Cocula
El 9 de febrero de 2016, el equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer que no había evidencia científica de que los 43 normalistas fueron incinerados en el Basurero de Cocula, como lo señala la llamada “Verdad Histórica”.
Posterior a la presentación del informe, Humberto A. Guillermo Aguilar consideró que este demostraba que no había ningún avance sobre el destino de los estudiantes y que “conocer la verdad es poco probable por la participación del crimen organizado y el tiempo que ha transcurrido.”
“Se recomienda a esa Superioridad tenga a bien considerar la posibilidad de difundir que el informe del EAAF es resultado de la buena disposición del gobierno federal para conocer la verdad y que se seguirá investigando. Según sea prudente, abrir nuevas líneas de investigación que con anterioridad señaló el GIEI y el EAAF, desde luego, descartando el interrogatorio al personal del 27/o B.I. Prever que pretendan fincar responsabilidades a la PGR y Marina por posible siembra de evidencias”.
Siguen obstrucciones de la Sedena
En el sexto informe, los investigadores del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes anunciaron que se marchan de México ante imposibilidad de continuar las investigaciones por la opacidad de las autoridades, señalan que actualmente la Sedena continúa negando la información sobre el personal militar que fue enviado para informar lo que ocurría durante la noche de Iguala, y que quienes han sido interrogados han modificado sus declaraciones.
“Tanto los reportes de Sedena como del Cisen muestran que se tenía un control minucioso de la movilización de los jóvenes hasta las 20h30 de la noche, con reportes cada poco tiempo de sus acciones. Incluso se reporta de manera constante hasta la 21:30. Sin embargo, existe un apagón informativo después. Si bien todas las corporaciones tenían antes detalles precisos sobre los movimientos de los jóvenes, horas y lugares, dicha información no aparece a partir de su entrada en Iguala. Todo ello muestra un comportamiento coordinado, de ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente. Incluso la adulteración de bitácoras, de números de las patrullas, lo demuestra”.
Las averiguaciones del GIEI apuntan a que también miembros y directivos de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como las corporaciones estatales y federales, “ocultaron información, mintieron en otros casos, modificaron documentos, bitácoras o cambiaron declaraciones y documentos con objeto de ocultar los hechos o sus responsabilidades”.
Luego de la presentación del sexto informe sobre Ayotzinapa, que fue respaldado por diversas organizaciones internacionales, como la ONU, el presidente Andrés Manuel López afirmó que la Sedena y la Marina sí han entregado información para las investigaciones.
“Es una campaña para socavar para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.
Artículo publicado el 30 de julio de 2023 en la edición 1070 del semanario Ríodoce.
