El exalcalde de Culiacán la propuso hace nueve años

No cortar el agua potable a deudores de este servicio fue una propuesta del exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. La iniciativa fue presentada y ratificada en las tres legislaturas anteriores, pero quedó entrampada en la llamada “congeladora” parlamentaria.

El primer registro fue el 28 de enero de 2014 en la LXI Legislatura del Congreso del Estado. La iniciativa recibió la primera lectura el 18 de febrero y la segunda el 25 de febrero de ese mismo año, cuando se turnó a la Comisión de Hacienda y Administración para su estudio. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiese haberse dictaminado en agosto de ese año, pero esto no ocurrió.

Cuando llegó la LXII Legislatura, Estrada Ferreiro la ratificó en octubre de 2016 para que los nuevos diputados la tomaran en cuenta, lo cual no sucedió. Al inicio de la siguiente Legislatura, la LXIII en octubre 2018, la ratificó nuevamente, dos meses antes de iniciar su primer periodo como alcalde de Culiacán.

La propuesta de no cortar el agua potable a deudores fue incluida entre las propuestas de campaña cuando Estrada Ferreiro se postuló por primera ocasión a la presidencia municipal de Culiacán.

Concluyó la LXIII Legislatura, y la iniciativa no fue tomada en cuenta, aun cuando la mayoría del Congreso del Estado ya estaba en manos de Morena, y él había sido un alcalde postulado por el mismo partido. Por el contrario, terminó envuelto en diversas controversias legales, principalmente por el tema del Impuesto Predial Urbano.

Para la actual Legislatura, la LXIV, Estrada Ferreiro no ratificó la propuesta que había estado presentando cada año para que no se cortara el servicio de agua potable a los usuarios morosos.

El tema del agua potable del entonces alcalde de Culiacán con el Congreso del Estado fue un asunto de controversia luego que se aprobara un descuento del 50 por ciento a personas adultas mayores, discapacitados, pensionados y jubilados en enero 27 de 2022. Reforma que no aceptó Estrada Ferreiro y se convirtió en una controversia constitucional para evitar que se aplicara por la afectación millonaria que tenía a la JAPAC. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de aplicar el descuento aprobado por el Poder Legislativo.

Ahora, la propuesta de no cortar el servicio está de nueva cuenta en el Congreso del Estado, pero presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, el pasado 22 de junio.

Tanto la iniciativa de Estrada Ferreiro como la ahora presentada por la bancada de Morena tienen en común la propuesta de reformar el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

En ambas iniciativas la propuesta de no suspender el servicio de agua potable por falta de pago, parte de la premisa de que el vital líquido es un derecho humano que debe ser asequible para todos, y por tanto nadie debería privarse del acceso, y que es una obligación del Estado garantizar ese derecho.

El párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa señala que es causa de limitación del servicio que los usuarios dejen de pagar uno o más meses o bimestres conforme al sistema de cobro establecido.

En sus argumentos, Estrada Ferreiro señaló que era ilegal y perverso que una autoridad que forma parte del Estado actué violentando los derechos humanos al suprimir totalmente el suministro de agua potable.

Indicó, además, que ese párrafo de la ley vigente violentaba no solo la Constitución federal, sino además los tratados internacionales.

Entre otros puntos especificó que debe reconocerse que existen usuarios en extrema pobreza, por falta de empleo o por alguna discapacidad total, que no pueda cumplir con el pago de las cuotas y tampoco tenga bienes para su embargo, la autoridad ante de proceder en contra de ellos, tendrá que sus problemas que muy probablemente estará garantizada su solución por mandato constitucional.

Por su parte, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, menciona que el Congreso del Estado recibió un oficio de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, para exhortar a que revisaran la legislación local, para que, en caso de existir sanciones por falta de pago, se realicen las reformas legales para que se garantice el acceso gratuito de por lo menos 100 litros de agua al día por persona.

Lo anterior como parte de dictamen emitido por la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.

En virtud de la anterior, el texto del decreto propone que se establezca que en caso de los usuarios que dejen de pagar uno o más meses o bimestres, deberá garantizarse a por lo menos 100 litros de agua por persona para uso doméstico.

La propuesta de Morena fue turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su estudio.

Artículo publicado el 09 de julio de 2023 en la edición 1067 del semanario Ríodoce.