Arrebatos, confrontación, venganzas y campañas de desprestigios, común denominador

El viernes 30 de junio, María del Rosario Barreras había terminado su jornada de afanadora y promotora en el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio de El Fuerte, en donde cumplía 7 años de labores, y 4 horas después fue despedida.

La orden de cesarla habría salido del alcalde, Gildardo Leyva Ortega entre las 13:00 horas y 19:00 horas del mismo viernes, pese a no existir causal; y ejecutada a las 19:51 horas por el jefe de recursos humanos del ayuntamiento, Cosme Corral Valdez.

Era una venganza contra una extrabajadora del municipio, Juana Maribel, hermana de María del Rosario, quien la media mañana del viernes 30 de junio había participado en la protesta del colectivo Guerreros Unidos durante la séptima edición del cabildo abierto en San Blas, y en donde el alcalde, Gildardo Leyva Ortega tuvo un exabrupto que terminó en el arrebato de abandonar su propio acto de gobierno.

Juana Maribel Barreras se unió al grupo Guerreros Unidos usando su derecho de libre asociación y participó en la movilización pacífica para exigir el pago de su finiquito laboral y la entrega de medicamento para tratar su artritis reumatoide degenerativa que desarrolló tras laborar 19 años en la dirección de Seguridad Pública y que la administración de Leyva Ortega le niega sistemáticamente. “Fue pacífica, y mi hermana no tenía nada que ver en ella. Ella no estuvo ni cerca, sino trabajando”.

María del Rosario Barreras, confirmó que estaba a más de 40 kilómetros de distancia del lugar de la movilización e ignoraba que su hermana fuese activista, sin embargo, “a las 19:51 me llama por celular Cosme Corral Valdez, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de El Fuerte y tras identificarme me dice que estoy despedida, que este lunes acuda a firmar la baja. Luego, colgó. No dio ninguna justificación”.

Las hermanas consideraron que el despido fue producto de una venganza del alcalde, Gildardo Leyva y del secretario, Édgar Adair Espinoza Robles por haber quedado como mediocres al no haber podido resolver una situación tan simple.

Yesenia Rojo Carrizosa, lideresa de Guerreros Unidos, calificó el caso como un abuso de autoridad, y sostuvo que reaccionarán ante el exceso de poder del alcalde y su secretario.

Llamó a las ofendidas a acercarse a la dependencia para asesorarlas sobre las acciones posteriores en contra de los servidores públicos, incluyendo el cabildo y demás funcionarios.En

las venganzas contra detractores, la primera dama del municipio y esposa del alcalde, Gildardo Leyva también se involucró. Laura Ledezma y llamó ridícula a Juana Rodríguez, porque esta mostraba vasos de agua lodosa que el presidente municipal asegura que es potable. Rodríguez fue de las primeras víctimas de venganza políticas de la dupla municipal pues esta fue activista del ahora síndico de San Blas, Jesús Uriarte Ramírez, un hombre que en el plebiscito le ganó la careada al tapado oficial. Hasta ahora, Rodríguez no ha sido liquidada, y se encamina a recurrir al gobierno ante tribunales.

Sobre los hechos, el secretario de la comuna, Édgar Adair Espinoza Robles se negó a comentarlo con Ríodoce, pese a que se le pidió su réplica. “No doy entrevistas”, dijo con sequedad a la petición. Luego se enfiló hacia el postigo del salón de cabildo y desapareció en el despacho del alcalde, que se había ausentado durante 48 horas.

Antes, el mismo regidor había publicado un video en el que denunciaba fuego amigo para cesarlo del cargo, “acción que tendría una reacción pues ya sabía quienes eran los instigadores”; y por la mañana, en un noticiero radiofónico en donde la comuna fleta espacio, se pintó de blanco y acusó guerra sucia y buenas relaciones con su jefe, Gildardo Ortega, a quien sirve.

En la víspera, Jairo Samuel Leyva Soto, regidor independencia y crítico de la comuna, denunció en sus redes que un bloguero a sueldo de 17 mil pesos mensuales con el ayuntamiento, lo ofendió y buscó camorra en plena sesión de cabildo, en una campaña de provocación y desprestigio auspiciada por el despacho del alcalde.

Sara Acela Galaviz Navarro, visitadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa dijo que el ejercicio de gobierno de Gildardo Leyva Ortega y de su secretario, Édgar Adair Espinoza se encuentra en el uso abusivo del poder público agravado por razón de género, acción sancionada por el Poder Judicial.

Los regidores, Teresa de Jesús Chaparro Valdez y José Ramón Bueno Ibarra, que fueron testigos de lo ocurrido, reconocieron que en el gobierno falta prudencia y operación política, pero descartaron sentar en el banquillo al secretario y al alcalde “por no tener esa responsabilidad ni facultades”.

Artículo publicado el 09 de julio de 2023 en la edición 1067 del semanario Ríodoce.