La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la declaratoria del Tren Maya como una obra de seguridad nacional no violó la suspensión que un ministro de la propia Corte había concedido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de decreto que intentaba blindar las obras emblemáticas de del gobierno federal contra impugnaciones jurídicas.
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Al resolver un recurso de queja presentado por el INAI en el marco de la controversia constitucional 217/2021 contra el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, ya invalidado por ser inconstitucional, la Primera Sala resolvió que la citada declaratoria no reservó la información sobre el Tren Maya de forma automática, por lo que no se invaden competencias del INAI.
La declaratoria del Tren Maya como obra de seguridad nacional no violó la suspensión en materia de acceso a la información, otorgada contra el acuerdo del año 2021 que consideró de interés público y seguridad nacional diversos proyectos y obras: #PrimeraSalaSCJN pic.twitter.com/oRrNgZAABr
— Suprema Corte (@SCJN) July 5, 2023
El organismo autónomo argumentaba que la declaratoria del Tren Maya catalogaba la información derivada de dicha obra de infraestructura como de seguridad nacional, reservando así su difusión, pero sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto.
Sin embargo, la Primera Sala de la Corte resolvió que la declaración del Tren Maya como una obra de seguridad nacional que emitió el Consejo de Seguridad Nacional, no implica que la información derivada de dicha obra estuviera catalogada como reservada en términos generales.
De acuerdo con el fallo, el Consejo de Seguridad Nacional, al reconocer la existencia de la citada declaratoria, respondió que correspondía a cada sujeto obligado o dependencia pública, atender las solicitudes de acceso a la información.
Por lo anterior, la Corte estimó que la declaratoria no ordenaba a ninguna autoridad reservar la información de forma obligatoria, sino responder a cada solicitud de conformidad con la legislación en la materia.
