El Gobierno del Estado de Sinaloa compró patrullas y vehículos utilitarios por 122 millones 665 mil 593 pesos sin licitación y ocultó por 5 años el nombre de los proveedores, argumentando que se pone en riesgo la seguridad pública y a los servidores públicos.

Las compras fueron solicitadas por Ricardo Jenny del Rincón, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, y aprobadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Las Actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, presidido por el subsecretario de Administración, Juan Carlos Vizcarra, en las que se resuelve exceptuar la licitación y adjudicar los contratos, no fueron publicadas en el portal de transparencia, a pesar de que es información que el gobierno debe difundir de oficio.

Mediante una solicitud de acceso a la información, la Secretaría de Administración y Finanzas entregó los documentos, pero eliminó el nombre de los proveedores.

La SAyF proporcionó una acta del Comité de Transparencia, presidido por el procurador fiscal, Jesús Manuel Martínez Peñuelas, en el que señala que determinaron clasificar reservada de manera parcial la información por un periodo de 5 años.

Menciona que dar a conocer la información, como el nombre de los proveedores, “podría poner en estado vulnerable a los encargados de la seguridad pública estatal, dicho de otra manera, se compromete de manera directa la seguridad pública, poniendo en riesgo a los servidores públicos que utilicen los multicitados bienes adquiridos, pudiendo obstruir de esta manera la prevención y persecución de los delitos”.

En su conferencia semanera el gobernador Rubén Rocha Moya ha dicho en reiteradas ocasiones a sus funcionarios que la regla debe ser la licitación y que transparenten los documentos.

“Agilidad en la página por favor, hay que subir lo que tenemos que subir que no me lo estén pidiendo todo el tiempo, que no haya necesidad de hacerles solicitudes porque la página está”, dijo el 19 de diciembre de 2022, después de que se dio a conocer que la Secretaría de Obras Públicas no estaba publicando toda la información de los contratos.

De acuerdo con las actas, el 15 de diciembre de 2022, el Comité Intersecretarial aprobó la compra de 17 vehículos para Fiscalía General del Estado, por 6 millones 929 mil 999 pesos.

La compra fue solicitada por el SESESP y señaló el nombre de la empresa (el nombre de la empresa fue testado al responder la solicitud de información) a la que debían ser comprados y justificó la excepción de la licitación “derivado a que, por caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas”.

Al día siguiente, el Comité aprobó otra compra de 17 vehículos tipo pick up para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también solicitada por el SESESP.

La compra a la empresa, cuyo nombre permanecerá oculto por 5 años, fue por 18 millones 54 mil 969 pesos.

El acta señala que los vehículos se requieren de manera inmediata “para los elementos operativos de la Policía Preventiva Municipal de las diferentes Direcciones de Seguridad Pública Municipal, para que estos puedan continuar con un mejor desempeño en el debido desarrollo de sus actividades, encabezando los enfrentamientos y operativos contra grupos delictivos de la entidad, para lograr la captura de presuntos criminales por delitos fuero común y del fuero federal, aseguramiento de armas, decomiso de drogas, desmantelamiento de laboratorios para elaboración de drogas, desarticulación de grupos delictivos, recuperación de vehículos robados entre otros”.

El 12 de enero de 2023, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, pidió la adquisición de 12 vehículos blindados, de los cuales son seis pick up y seis vehículos Black Mamba, con un costo de 74 millones 920 mil 920 pesos.

Castañeda Camarillo señala que para la compra de esos vehículos blindados “resulta de suma importancia considerar las actividades que la Policía Estatal Preventiva ha estado encabezando en el combate a la delincuencia en toda la entidad y que ha arrojado resultados tales como captura de presuntos criminales, aseguramiento de armas, decomiso de drogas, desmantelamiento de laboratorios para la elaboración de drogas, desarticulación de grupos delictivos”.

Menciona que es clara la necesidad de llevar a cabo la adquisición de vehículos blindados para la Policía Estatal Preventiva, los cuales permitirán seguir actuando con la mayor de las confianzas en el ataque frontal a los grupos delictivos, así como al estar apoyando a instancias federales en operativos.

“La Policía Estatal Preventiva está en constante enfrentamiento contra los grupos delictivos lo que genera una situación de riesgo para el personal operativo de la corporación al estar encabezando los operativos contra la delincuencia organizada, además de apoyar a instancias federales cuando requieren del apoyo estatal para sus operativos”, indica.

El 30 de enero de 2023, el Comité autorizó la compra de otros seis vehículos blindados para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por 22 millones 759 mil 705 pesos.

La compra también fue solicitada por el titular de la SSPE, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien señaló a la empresa a la que debían ser adquiridos.

Durante el evento conmemorativo del 20 aniversario de las leyes de transparencia en México, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, Rocha Moya aseguró que actualmente se privilegia el acceso a la información pública de calidad, en contraste con el antiguo régimen autoritario que operaba con la lógica de un sistema autocrático y sustraído a la vigilancia ciudadana.

“La opacidad del poder es la más absoluta negación de la democracia, porque elude la más elemental de las obligaciones de todo representante a saber, rendir cuentas a sus representados, al pueblo que es la fuente de todo poder legítimo, en otras palabras, se hacía caso omiso a la máxima de que el mandatario no es el que manda, sino el que obedece el mandato”, expresó.

Artículo publicado el 21 de mayo de 2023 en la edición 1060 del semanario Ríodoce.