En la investigación del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos ha habido pifias y repartición de culpas de la Fiscalía General del Estado, pero no justicia.

Lea: La primera gran pifia de la fiscal en el caso Luis Enrique Ramírez

La FGE acusó a una mujer que no podía ser sancionada y tiene dos órdenes de aprehensión que no ha podido ejecutar.

El periodista fue privado de la libertad la madrugada del 4 de mayo en la colonia Morelos, y encontrado asesinado la mañana del 5 de mayo de 2022, en un camino de terracería del ejido El Ranchito.

A un año del crimen, los responsables siguen libres y la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, culpa a los medios de medios de comunicación y a la sociedad de no cooperar para su captura y solo critica.

La titular de la FGE dijo que la dependencia hizo su trabajo y estableció la identidad de los responsables.
Manifestó que obtuvieron las órdenes de aprehensión, pero por diversos motivos no han podido ejecutarlas.

La FGE, indicó, por primera vez hizo la mecánica de ofrecer una recompensa por información que lleve a la captura de los responsables y hasta la fecha no funcionado.

“Me llama la atención que no se haya hecho ninguna llamada que tenga algo de trascendencia, ¿qué lectura se puede sacar de eso? que la sociedad no coopera, no le interesa, solo le gusta leer por el morbo”, expresó.

Aseguró que tienen información que los responsables están en el estado y nadie los denuncia.

Señaló que no cree que, en las comunidades de Pueblos Unidos, en Eldorado o en El Salado no lo conozcan, que son los lugares que todos saben que ahí se llevan.

“La gente es muy buena para criticar, pero cuando ya se trata de cooperar de aportar de dar datos, entonces sí ya se voltea para otro lado y ya no quiere cooperar”, reclamó.

Cuestionó a los medios de comunicación que no hayan solicitado a la federación que atraiga el caso porque quien ordenó el asesinato es miembro del crimen organizado.

“¿Por qué ustedes (medios de comunicación) no cooperan? yo les diría: exijan a la federación, tiene más recursos”, manifestó.

Comentó que debe haber corresponsabilidad y trabajar unidos para buscar la paz.

En noviembre del año pasado, la Fiscal argumentó que habían hecho intentos por detener a los responsables, pero desde adentro de la institución les daban “pitazos” y huían.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que corresponde al estado resolver porque es un homicidio doloso y reconoció que no ha funcionado el ofrecimiento de recompensas.

“Ni siquiera ha resultado el ofrecimiento de un pago de una recompensa, no hemos podido agarrarlos, yo sé que por ahí andan, no sé a qué se atienen y quién los cuida”, indicó.

Mencionó que ha habido intentos por detenerlos, pero han sido fallidos.

“Me mortifica no tenerles una respuesta a los periodistas en el caso de Luis Enrique, él era mi amigo y yo lo que les digo, es que hasta donde nos alcance las fuerzas vamos a trabajar para que ustedes hagan su trabajo manteniendo su integridad física”, expresó.

Señaló que es responsabilidad de las autoridades estatales capturar a los dos hombres que ya están identificados.

“Mis respetos a la fiscal Sara Bruna, yo creo que ella es una extraordinaria fiscal, hemos tenido resultados, vean los resultados. Es nuestro, es un homicidio doloso y está resuelto y está investigado, ya tenemos el nombre del autor material, no los hemos podido agarrar esa es la deuda que tenemos nosotros, pero ya sabemos cómo se llaman, muy probablemente sabemos que los miran ahí, pero algo ocurre, algo ocurre”, manifestó.

Aseguró que en la mesa de seguridad pidió que se redoblen los esfuerzos para hacer una tarea más certera.

En julio de 2022 la FGE anunció la detención de una mujer involucrada en el homicidio, pero resultó una pifia.

La mujer era Brysia Carolina “F”, pareja de Jorge Ernesto Gómez Galván, presunto autor intelectual del asesinato, y fue acusada de encubrimiento por favorecimiento.

La madrugada del 4 de mayo Luis Enrique se encontraba afuera de la casa de Brysia y movía la reja y gritaba que le abrieran por lo que ella le habló a su pareja y éste le dijo que marcara al 911.

Antes de que llegaran policías al domicilio, llegó Samuel Rodolfo Velarde, presuntamente enviado por José Ernesto, y lesionó de un balazo en el pie y privó de la libertad a Luis Enrique.

Según la FGE, Brysia dijo a agentes investigadores que alrededor de las 15:00 horas del 4 de mayo perdió el celular con el que se comunicó con su pareja, pero en las investigaciones se estableció que con ese teléfono siguieron comunicándose después de la hora en la que ella dijo haberlo extraviado.

La joven fue vinculada a proceso penal y durante un mes estuvo en prisión preventiva y fue puesta en libertad por órdenes de un juez federal debido a que violaron sus derechos porque no podía ser detenida ya que en un juicio de amparo tenía una suspensión contra cualquier detención.

En enero de este año el juez dictó auto de no vinculación a la joven debido a que es concubina del hombre al que presuntamente encubrió y de acuerdo con el Código Penal, las concubinas no pueden ser sancionadas por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Entre el 12 de mayo y el 14 de junio de 2022, autoridades federales anunciaron que ya había detenidos por el homicidio y todos fueron desmentidos por la Fiscal del Estado.

Una de esas ocasiones fue el 7 de junio, en un evento Culiacán donde durante su discurso la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que ya había un detenido y minutos después el gobernador Rubén Rocha Moya la desmintió.

Por información que lleve a la captura de Jorge Ernesto Gómez Galván, presunto autor intelectual; y por Samuel Rodolfo Velarde, supuesto autor material, la FGE ofrece un millón de pesos de recompensa por cada uno.

A un año del asesinato del periodista, la impunidad es el sello de la casa…

En el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, las manifestaciones y protestas han caído en tierra infértil, abonada con promesas huecas.

A un año del homicidio el reclamo de justicia persiste. El número disminuye, pero no su intensidad. La exigencia es terca ante la tierra muerta en la que se ha convertido la justicia, incapaz de dar frutos positivos en sus 365 días de impunidad.

Plantados frente al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), familiares y amigos del columnista de El Debate exigen justicia. Una justicia que aborta sus frutos ante la incapacidad de las autoridades.

Es el 5 de mayo un día aciago para la familia Ramírez Ramos, una fecha borrascosa para el gremio periodístico por los nubarrones de la impunidad.

La de Luis Enrique no es la única manifestación ni la única exigencia de justicia en la FGE. Decenas de rostros adosados a los vidrios de su estructura ven pasar los días sin que sus cuerpos sean encontrados por sus familiares. Son los desaparecidos del estado.

De los olivos negros penden listones de reclamos. Son las estadísticas de la impunidad.

Óscar Loza Ochoa, el sempiterno defensor de los derechos humanos, merodea con pasos cansinos, fatigados de lucha, en una exigencia más. Justicia por la muerte del fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas.

“Hace once meses nos dijeron que ya estaba resuelto el caso. Esto no ha resultado cierto”, expresa.
Luis Enrique observa desde el piso, inmune al comal ardiente que es el concreto en el mediodía del aniversario de su muerte.

Ahí está. Más olvidado por la incapacidad de la justicia que por su muerte.

“No vamos a dejar su causa hasta que no haya justicia”, reitera el ombudsman.

Y en la víspera del aniversario luctuoso del autor de los libros La Ingobernable y La Muela del Juicio, la declaración de la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñónez…

“La gente es muy buena para criticar, pero cuando ya se trata de cooperar, de aportar datos, entonces sí ya se voltea para otro lado y ya no quiere cooperar”.

El visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa pone los puntos sobre las íes.

“Los que tienen que realizar el trabajo son ellos. Se le paga a la fiscalía, y bien, precisamente para que realicen su tarea. No la han hecho. Nos deben mucho…” subraya.

El homicidio

La madrugada del 5 de mayo de 2022 Luis Enrique Ramírez Ramos fue privado de la libertad en las inmediaciones de su vivienda en la colonia Los Pinos, y su cuerpo, encontrado la mañana de ese mismo día en una de las calles de la colonia El Ranchito, en el sector sur de Culiacán, emplayado como delincuente.

El columnista era el noveno periodista asesinado ese año en el país.

Un año de impunidad

En el horno de Culiacán el sol baña a los asistentes a la manifestación pacífica con su fuego líquido. Calcina los cuerpos, no las exigencias de justicia ante un año de impunidad.

Lidia Oralia, la presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, se hace la voz y lee un manifiesto.

“Hoy, lamentablemente, se cumple un año de impunidad, un año de injusticia por el asesinato del periodista, escritor y amigo…” expresa.

Ahí, ante la vista de Luis Enrique, demanda la utilización de todos los recursos humanos, financieros y legales de la Fiscalía General del Estado para la resolución del caso.

“…que no quede en el olvido como muchas otras carpetas de investigación de asesinatos y agresiones a periodistas, en el cajón del olvido”, manifiesta.

Ahí, frente a la FGE, ante la manifestación pacífica contra la impunidad, la ausencia de representación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa duele. No hay quien exija justicia por parte de ese ente…

En las palabras que caen en la infertilidad del terreno de la fiscalía, Lidia Oralia continúa:

“No se nos hace creíble o posible que un aparato como es una fiscalía del estado, con tantos elementos, con tantos agentes, no puedan dar con estas personas. Máxime que se habla de que siguen en el estado…”

La FGE tiene detectados a Jorge Ernesto Gómez Galván y a Samuel Rodolfo Velarde, presuntos homicidas de Luis Enrique, por quienes ofrece una recompensa de 1 millón de pesos por cada uno.

Palabras…

Sara Bruna Quiñónez, la fiscal que se duele de la gente que es buena para criticar y mala para cooperar, accede a recibir a una comisión de familiares y periodistas que demandan su atención.

“Mostró apertura”, dice Lidia Oralia, “hubo el ofrecimiento de continuar para establecer (sic) justicia…”

En treinta minutos la fiscal, a decir de la dirigente de la 7 de Junio, les reiteró su compromiso de continuar trabajando en la búsqueda y captura de los presuntos homicidas.

“Aunque no nos lo dijo, tácitamente, pero sí hay el compromiso, pues ella dice que ya hicieron el trabajo fino…”

La zona por la que se mueven los presuntos asesinos, les dijo, ya se tiene detectada. Nada más falta una cosa. La más importante…

“…que lo único que les falta es, pues, lo más importante, detener a los culpables…”

Artículo publicado el 07 de mayo de 2023 en la edición 1058 del semanario Ríodoce.