Por resistirse a auditoría, la ASE va por sancionar a la UAS

EMMA GUADALUPE FÉLIX. Sanciones en curso.

Las observaciones podrían llegar hasta los 300 millones de pesos

Para la Auditoría Superior del Estado, la auditoría a la UAS se encuentra abierta, aunque con dos tramites de procedimientos sancionatorios en marcha.

La auditoría a la UAS fue contemplada en el Programa Anual de Auditorías para este año, por lo que, en enero de 2022, se inició el proceso de solicitud de información para realizar la revisión.

Dado a que existe una interpretación por parte de la UAS de que a la ASE no le corresponde practicarles una auditoría, la información solicitada no fue entregada, desde la primera solicitud formulada en enero.
Ante la negativa de entregar información, la ASE inició un procedimiento en la Dirección de Normatividad que depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

El procedimiento que deberá enfrentar la UAS se sigue en forma de juicio, por lo que los presuntos funcionarios responsables fueron citados a comparecer personalmente en una audiencia en mayo para presentar pruebas y alegatos. En caso de no presentarse los representantes de la UAS, se tendrán por ciertos los hechos que se les imputan y perderán su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, debiendo resolverse con los elementos que obren en el expediente respectivo.

Tras el desahogo de esta etapa, la ASE emitirá, en un plazo de 45 días hábiles, una resolución mediante la cual se podría imponer una multa en caso de resultar procedente.

La ASE basa su procedimiento en lo señalado en el artículo 34 bis C, el cual indica que todo servidor público que maneje, ejerza, administre o custodie recursos públicos, deberá atender los requerimientos de documentación e información que le formule la Auditoría Superior del Estado durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos.

El mismo establece que, de no proporcionarse la información a la ASE, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

De acuerdo a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, las multas que podrían aplicarse podrían ir de 15 mil 561 a 207 mil 480 pesos, aunque en casos de reincidencia podrían duplicarse.

La citada ley establece además que las sanciones que se impongan son independientes de las sanciones administrativas y penales que resulten aplicables por la negativa a entregar información a la Auditoría Superior del Estado, así como por los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la tarea de fiscalización.

Desde el pasado 18 de enero, la ASE la notificó a la UAS la intención de realizar la auditoría, pero la respuesta por escrito de la institución educativa fue que se carecía de facultades para ser fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado.

Para el día 24 de marzo, la ASE envió nuevo oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa para
notificarle sobre la práctica de una auditoría a los ingresos propios, que se realizaría el 30 de marzo a las 10:30 horas. Al nuevo documento, la UAS reiteró de nuevo, por oficio, que carecía de atribuciones.

A la hora programada se presentó un cuerpo de auditores, con un oficio dirigido al rector de la UAS, quien no se encontraba en las instalaciones universitarias. Ahí levantaron un acta para dejar asentado que no pudieran realizar la auditoria por la falta de entrega de documentación.

Ahora la ASE, amparado en su ley, continua su tarea bajo un procedimiento sancionatorio a la UAS.

La titular de la ASE, Emma Félix Rivera, ha preferido no declarar sobre el monto de las multas que pudieran ser aplicadas a la UAS por no entregar la información solicitada para la auditoría, pero ha adelantado que las observaciones podrían ser sobre el monto total que no pudo ser auditado que se estima en 300 millones de pesos.

Artículo publicado el 30 de abril de 2023 en la edición 1057 del semanario Ríodoce.

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