El gobernador Rubén Rocha Moya y sus homólogos de Baja California Sur, Nayarit y Sonora rechazaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de invalidar la integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un desplegado, publicado ayer domingo luego de participar en una reunión de coordinación en materia de seguridad y turismo, a la que acudió el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, en Mazatlán, los mandatarios de Morena que integran la región del Mar de Cortés coincidieron que “los valores y la adscripción militares son indispensables para la afirmación y preservación de la honestidad, la eficacia y el profesionalismo de la Guardia Nacional”.

“Institución que mucho nos está costando construir a las y los mexicanos y que debe preservarse a toda costa de los vicios de corrupción, dispersión e ineficiencia en los que cayeron anteriores cuerpos federales de seguridad pública, caso de la Policía Federal y la Germanderia, por lo que su desincorporación de la Sedena es el problema central”, señala el texto.

Los mandatarios cerraron filas con el Presidente de la República y respaldaron su rompimiento con la Corte.

“Apoyamos sin regateos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su decisión de suspender la comunicación con un organismo jurisdiccional que ha demostrado su sumisión a intereses y políticas del pasado al tomar una decisión equivocada que afecta a los suscritos, responsables de la seguridad pública, la lucha contra la criminalidad y la protección de la sociedad y el interés público en la región noroeste de nuestro país”, sentenciaron.

Lamentaron que con el voto de 8 de 11 ministros de la Corte, se haya puesto freno a la incorporación administrativa y operativa de la corporación de seguridad, al Ejército.

La gobernadora Ávila Olmeda; el bajacaliforniano Víctor Manuel Castro; el nayarita Miguel Ángel Navarro; el sinaloense Rubén Rocha Moya y el sonorense Alfonso Durazo, dijeron que a desde su percepción, integrar la Guardia a SEDENA no es inconstitucional.

Expresaron que aún cuando la Defensa llegase a controlar la operación y la administración de la Guardia, ese organismo conservaría su carácter civil y sus labores de seguridad pública.

Se buscaba, justificaron, dar mejores condiciones de adiestramiento, preparación, entrenamiento e infraestructura al agrupamiento.

Insistieron en descalificar la interpretación de la mayoría en el Alto Tribunal, respecto a la violación del artículo 21 constitucional, al dar al Ejército facultades de administrar y operar un cuerpo policiaco cuando esas funciones no tiene conexión exacta con la disciplina militar.

Lo que resolvieron la mayoría de los ministros de la Corte, reclamaron ”carece de razón”.