Criminalizan protestas sociales en Sinaloa

DETENCIÓN DE PRECARISTAS. Con el garrote en la mano.

RRM y GVL ofrecieron solución a precaristas, pero respondieron con cárcel

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los olvidó y tiró a la basura la promesa de detener los desalojos de predios ocupados en la invasión Margaritas, en el puerto de Topolobampo, pues cuando salieron a la carretera a manifestarse por la continuación de los mismos, el del Municipio de Ahome los atrapó, cerrando una pinza de criminalización de la protesta social.

El viernes 15 de abril, del grupo de 30 precaristas, tres fueron turnados a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte por cargos que la policía municipal de Ahome les fincó como ataques a las vías generales de comunicación por haber bloqueado los carriles poniente de la carretera Los Mochis-Topolobampo: Juan Soltero Sánchez, dirigente de la Central Unitaria de Vivienda, Yesenia Gálvez Saille, líder de las invasión las Margaritas, y Carolina Aguilera Gutiérrez, que defendía su derecho a vivir en paz en el predio las Margaritas, el cual ha sido revendido por Luis Mendoza, apoderado legal del también revendedor, Hernando Vidales, que a su vez incumplió un contrato de construcción de viviendas populares con el entonces Instituto de la Vivienda de Sinaloa (INVIES) hoy Comisión de Vivienda (CVIVE).

El sábado 16 de abril, la vicefiscalía Regional de Justicia dejó en libertad a los tres detenidos. Nadie les informó porqué fueron dejados en libertad, simplemente, les abrieron las celdas y les dejaron salir. Cuando abandonaban las instalaciones, un policía ministerial que cuidaba el pórtico les indicó: “No vuelvan a reincidir”, y luego les flanqueó el paso.

MILTON AYALA. Fueron ilegales sus detenciones.

Cuando la advertencia no se disipaba aún, Soltero, Gálvez y Aguilera afirmaron que continúa la lucha por los predios tomados en posesión, y que ninguna intervención policial los amagaría para desistir. El miércoles, en una asamblea de barrio, los posesionarios de predios en invasiones cerraron filas, y reiteraron que, a nadie, a ningún funcionario les permitirán frenar el derecho a la protesta y la movilización, declarándose en confrontación con el gobierno de Gerardo Vargas Landeros.

Durante la vigilia por sus compañeros, los colonos recordaron que, durante la operación de desalojo de la carretera, al menos diez mujeres fueron vejadas por la policía, y otras fueron ofendidas con el epíteto “Pinches viejas argüenderas”. El insulto lo había dicho a boca abierta el secretario de seguridad, julio César Romanillo, y en el mismo acto recibió la respuesta de una señora bragada ¡Cul… ven a decírmelo aquí! Romanillo se retiró inmediatamente, pero una retahíla de respuestas lo acompañó. ¡Pinche chota picudo con su capuchita, pero culón con los sicarios! Encarado, Romanillo rectificó, ¡señoras, señoras, señoras! Y luego dio la orden de desalojar la carretera.

Antes del desalojo, Julio César Romanillo había llegado por la retaguardia de una barricada ligera que los manifestantes construyeron con algunas piedras, llantas, una manta y ellos como postes, lanzando manotazos al aire, tirando improperios a los civiles para el retiro de la protesta sin tener autoridad sobre ellos. En reciprocidad, Soltero Sánchez lo retó que detenga la reventa fraudulenta de lotes, que eso sí era un delito que él protegía abiertamente, y que, además, sus policías se fletaban y aceptaban sobornos de los acaparadores de predios para hostigar a las familias pobres, como él también lo estaba haciendo en ese momento.

Soltero explicó que el caso data de más de 15 años atrás cuando un sujeto apareció con una copia de una escritura pública 118/378 de 1998 con la que el entonces Instituto de la Vivienda de Sinaloa le concedió para la construcción de vivienda popular. Al paso del tiempo, el sujeto incumplió el contrato, pero el INVIES no recogió el predio y fomentó la reventa de lotes y el problema social que ahora estalló. El caso fue ventilado ante Rocha Moya que prometió actuar a través de la Comisión de Vivienda, pero hizo lo mismo que Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel: nada. Por eso estaban allí, protestando.

PRECARISTAS EN LA VICEFISCALÍA. Solución, exigen.

Romanillo nada escuchó, sino que, secundado por sus compinches, y con amenaza abierta, enfrentó a Soltero Sánchez: ¡Los vamos a desalojar! Y pidió a su chofer, secretario y a un tercero, que llamaran a la totalidad de la corporación. Y sí, lo hicieron. En minutos, seis patrullas cargadas con policías armados y encapuchados se apersonaron. Tres de los dirigentes fueron apresados, otros avasallados y replegados al carril contrario. Pero estos no abandonaron a sus dirigentes, sino que fueron en búsqueda de sus representantes de lucha, a quienes encontraron por la noche en la vicefiscalía de justicia.

En la carretera, quedó varado don Luis Mendoza, un adulto mayor que con bastón en mano no pudo encaramarse a la patrulla para ir con sus líderes, y cuyo caso había detonado la protesta.

Y es que muy temprano, supuestos actuarios, policías y un sujeto que se identificó como Edmundo Estrella, llegó al predio que don Luis ocupaba desde hace diez años, y sin mediar palabra ni mostrar orden de lanzamiento, le destrozaron la vivienda de madera y cartón. Luego, le sacaron sus pertenencias y se las tiraron a la calle. Cuando la población se organizó para la defensa del adulto mayor, la policía municipal inició el cerco.

Entonces, el grupo se organizó y tomó uno de los carriles de la carretera, pero se bajaron cuando la Guardia Nacional llegó y, superándolos en número, los intimidaron.

Pero los refuerzos de los precaristas llegaron momentos después, y una segunda protesta se organizó, pero ahora, se habían topado con Romanillo, que al ver al contingente femenino sacó fuerzas, valentía, desbragó el garrote y ¡zas! les dio mazazos, con el consabido ¡pinches viejas argüenderas! hasta apresar a dos de ellas y al líder que las acompañaba. Luego fueron conducidas a la policía, en donde fueron incomunicadas durante tres horas, depositadas en la vicefiscalía Regional de Justicia de Sinaloa, pasando la noche en las celdas, hasta este lunes, en que serán sentadas en el banquillo de los acusados.

Erika Martínez, otra de las mujeres que estuvo en la protesta a quien una patrulla de la policía municipal atropelló cuando buscaba responderle a romanillo la barbajanada, denunció que lo ocurrido es prueba que los gobiernos de Rubén Rocha Moya y de Gerardo Vargas Landeros son represores violentos de las protestas sociales y que su “discurso de primero los pobres es un engaño, una mentira, porque para ellos, primero son ellos, después ellos y por últimos ellos, y los grupos económicos que los encaramaron en el poder”.

Julio César Romanillo, justificó la operación en la carretera. “Había flagrancia, había un delito. Se les pidió retroceder y abandonar el bloqueo, amenazaron con cerrar el otro carril. Entonces actuamos”, explicó.

Y aseguró que, de repetirse el bloqueo, por este grupo u otros, actuarán. “Si están cometiendo delitos, y llegamos, actuaremos”, sostuvo.

Para el ex director de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Milton Ayala Vega, la acción de la policía municipal fue ilegal y excesiva, pues el bloqueo del camino no ameritaba detención, porque la prisión preventiva está reservada a unos cuantos delitos graves, además de que, en el catálogo de delitos del Código Penal del Estado de Sinaloa, el ataque a las vías de comunicación no existe.

“Lo que debió haber hecho el jefe de policía, era su informe policial y remitirlo a la autoridad, no detener ni desalojar. Evidentemente, fue un exceso. Fue ilegal. Lo que el policía debió haber hecho, fue negociar una salida alterna, ofrecer asistencia legal, atender el reclamo social, pero no detener y mucho menos desalojar, porque vulneró el derecho a la libre manifestación. Demostró incapacidad para salidas políticas”, afirmó Ayala Vega.

César del Pardo Escalante, fundador de la Central Unitaria de Vivienda, denunció que la criminalización de la protesta social es evidentemente un acto autoritario, ilegal y arbitrario, y llamó a la resistencia social contra las acciones de los gobiernos de izquierda, derecha o centro. “Ni un preso político por causa de la lucha social”, afirmó.

El llamado prendió en Culiacán y Mazatlán, en donde se ejecutaron plantones pacíficos a las afueras de las oficinas de CVIVE, mientras que, en Topolobampo, las asambleas de barrios recobraron fuerza y organización.

Artículo publicado el 23 de abril de 2023 en la edición 1056 del semanario Ríodoce.

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