La Auditoría Superior del Estado presenta demanda penal contra el rector Jesús Madueña

La controversia de la UAS y el Congreso del Estado subió de intensidad al integrar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado con el tema de rendición de cuentas, en el marco de un debate legal que tendrá ahora como escenario los tribunales.

A la par que el Congreso del Estado hizo público en enero su interés por realizar reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la ASE arrancó su trabajo de fiscalización a la Casa Rosalina. En una visión retrospectiva aparecen dos estrategias de acción, una la que desarrollaría en el terreno de las reformas legislativas; y otra en la observancia de la rendición de cuentas.

El 28 de enero la Junta de Coordinación Política dio a conocer una agenda legislativa que empujaría en los siguientes días. Ahí apareció la armonización de la Ley de Educación Superior y las reformas para democratizar las leyes orgánicas de la UAS, UAIM y la UAdeO.

Casi simultáneamente y en forma discreta, la ASE envió el 18 de enero un oficio a la UAS para comunicar la intención de realizar una auditoría a la institución. En respuesta a ese documento la Universidad manifestó por escrito a la ASE que carecía de facultades para realizar tal auditoría.

La ASE había incluido a la UAS, UAIM y la UAdeO en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2023 (PAVI), documento que fue entregado al Congreso del Estado vía la Comisión de Fiscalización el 10 de enero del presente año.

Una de las razones para incluir a la UAS había sido que desde 2018 la ASE no le había practicado ninguna otra auditoría, cómo sí lo había hecho a la UAIM y a la UADEO.

El 24 de marzo, el mismo día que el rector de la UAS, Jesús Madueña, indicó que se posponía la realización de una mega marcha anunciada en defensa de la autonomía y en contra de la recientemente aprobada Ley de Educación Superior, la ASE envió un nuevo oficio a la Universidad para notificarle sobre la práctica de una auditoría a los ingresos propios, que se realizaría el día 30 de marzo a las 10:30 horas.

Justo ese día por la mañana del 24 de marzo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo público un encuentro en su oficina con el dirigente del PAS, Melesio Cuén Ojeda y el gobernador Rubén Rocha Moya. En la fotografía que consignó el encuentro no apareció ni el rector de la UAS ni el diputado presidente de la Jucopo en el Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.

El día 29 de marzo nuevamente la UAS le reiteró a la ASE mediante oficio que no tiene atribuciones para realizar auditorías.

La ASE hizo pública un par de días atrás la negativa de la UAS a proporcionar información para realizar la auditoría y visibilizar así el procedimiento que está en curso en materia de fiscalización.

A la hora programada, el jueves 30 de junio un equipo de auditoras y tres abogados se presentan a la rectoría de la UAS para hacer entrega de un documento dirigido al rector Jesús Madueña, pero no se logró el cometido por no encontrarse en las instalaciones.

Robespierre Lizárraga, abogado general de la UAS, aseguró que no le quisieron entregar el oficio a él, a pesar de haber acreditado su representación legal, como lo constató el notario público No. 62, Ismael Arenas Espinoza.

En el encuentro con los auditores de la ASE, Lizárraga y la contadora general de la UAS, Rebeca Carrasco, reiteraron que carecían de facultades para iniciar una auditoría.

La UAS sostiene en sus argumentos que es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que de acuerdo a la fracción XX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son una institución de control indirecto.

Por lo anterior, aseguran, en este tipo de instituciones los ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos y Egresos, y por tanto no están incluidos en el gasto neto total. De acuerdo al marco legal, estos ingresos propios son fiscalizados por los órganos internos de control, es decir la contraloría general y la auditoría interna.

El encuentro con los auditores de la ASE, aseguró el abogado, duró alrededor de seis horas, tiempo durante el cual el personal de la Auditoría se comportaba extraño, realizando repetidas llamadas a sus superiores y modificaba constantemente el acta que elaboraba, la cual se negaron a firmar los funcionarios universitarios.

Cuando eran las 16:48 horas, Robespierre Lizárraga realizó una transmisión en vivo para cuestionar que poco después de las 16:00 horas la titular de la ASE, Emma Félix Rivera, ya había declarado a los medios de comunicación que había incumplido la UAS y que se iban a aplicar responsabilidades, cuando la diligencia no había concluido.

En la misma transmisión el asesor legal de la UAS, Alfonso Carlos Ontiveros, señaló que se quería dejar constancia que el personal de la ASE pretendió sorprender la buena fe con la que se estaba haciendo la diligencia de requerimiento e información a la universidad, al “mañosamente” incorporar un oficio y una acta que no correspondía a la actuación que se estaba llevando a cabo, sino de una anterior donde pretendieron subsanar errores que cometieron, situación que comprometía la legalidad de diligencia.

En diversos comunicados, la UAS señaló que no se oponen a ser fiscalizados, ya que la Auditoría Superior de la Federación estaba realizando tres auditorías: una del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de obras e infraestructura; otra auditoría forense sobre el timbrado de la nómina; y una tercera sobre el gasto absoluto, el cual se refiere a cada peso que ingresa y gasta la institución.

El abogado de la UAS señaló que la ASE actuó de una manera arbitraria e ilegal, pues el personal elaboró una acta de que no les quisieron recibir el oficio, cuando fueron ellos quienes se negaron a entregar el documento que iba dirigido al rector, situación que es incongruente.

Señaló además que la acción del Congreso del Estado por medio de la ASE era un acto que violentaba lo dispuesto por el juez primero de Distrito, respecto a la suspensión definitiva otorgada a la UAS por la expedición de la Ley de Educación Superior.

Por la noche del mismo jueves, la ASE denunció ante la Fiscalía General al rector de la UAS, Jesús Madueña Molina y al abogado general de la institución, Robespierre Lizárraga Otero, por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten.

En el fundamento de hechos de la denuncia, el director de Asuntos Jurídicos de la ASE, Octavio Ramón Acedo Quezada, hizo referencia a la solicitud que presentaron desde el 18 de enero en la que pidieron información a la UAS para la realización de una auditoría a los recursos estatales y propios del año fiscal 2022.

Especifica en el documento que la información sobre esa auditoría debió haberse entregado el pasado 23 de febrero, y que en caso contrario se haría acreedor a sanciones contenidas en la Ley de la Auditoría Superior.

Tras la denuncia, el rector de la UAS exhortó a los universitarios a continuar defendiendo la autonomía “sin ceder un centímetro” y a estar alertas ante cualquier llamado.

De acuerdo con las estimaciones de la ASE los ingresos propios de la UAS en 2022 ascendieron a alrededor de 350 millones de pesos por concepto de pagos de colegiaturas del alumnado y otras prestaciones de servicios que la universidad está facultada, y que no están exentos de ser fiscalizados.

La Auditoría Superior de la Federación ordenó una auditoría forense para la UAS y una financiera de cumplimiento por distintos fondos, en tanto que la ASE está requiriendo la información para revisar los recursos propios, y por tanto no se está interfiriendo ni duplicando la fiscalización, sostiene la titular de la Auditoría Superior del Estado.

El diputado presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo, sostuvo que la UAS es autónoma, pero que esta autonomía no representa un escudo o condición que la exima de los capítulos de rendición de cuentas que están establecidos en la ley; es un instrumento para desarrollar el derecho de los jóvenes a una educación con libertad de cátedra, y una libertad para decidir el gasto de los recursos.

“Tienen que rendir cuentas, no es una extraterritorialidad, no es aquí la ley no aplica”, sentenció.

En la auditoría de 2018 que la ASE realizó a la UAS encontró que efectúan pagos de sueldos superiores a los autorizados en los tabuladores o contratos, pagos de prestaciones que no están consideradas en el Contrato Colectivo de Trabajo, efectúan pagos por honorarios a trabajadores que ocupan plazas administrativas, académicas y de confianza, sin acreditar la compatibilidad, además de la falta de comprobación y justificación de gastos, entre otros.

Artículo publicado el 02 de abril de 2023 en la edición 1053 del semanario Ríodoce.