El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no se tortura, no hay masacres ni se persigue a nadie, como lo señala Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos.

“En México no hay masacres. En México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”, declaró el mandatario durante la conferencia mañanera de este miércoles.

El mandatario también afirmó que el reporte del Departamento de Estado de EU no tiene sustento y significa una “violación flagrante al derecho internacional”.

Al mismo tiempo, acusó a la institución de proteger al “conservadurismo en América Latina”. Agregó que dicho organismo de gobierno “utiliza la calumnia”.

“Pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos”, concluyó.

En el Informe Mundial 2022 sobre derechos humanos, se señala que en México ñas violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, continúan durante el gobierno de López Obrador.

Añadió que además dichos hechos suelen quedar impunes, y la implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 han sido lentas y “hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”.

“Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental México Evalúa, apenas 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, señala el informe.

“En general, el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones. La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla”.