¿El gobierno federal maneja honestamente los programas sociales?

¿El gobierno federal maneja honestamente los programas sociales?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó la administración del año 2021 y reporta los siguientes hallazgos.

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Se pagaron 18 millones 32 mil 900 pesos a 3 mil 624 personas adultas mayores, quienes, de acuerdo a los registros oficiales, “fallecieron antes del ejercicio 2021”; a pesar de ello el gobierno federal dice que puso en sus manos el dinero.

Se pagaron 30 millones 708 mil 300 pesos de la pensión para el Bienestar para Adultos Mayores a 10 mil 106 personas finadas entre enero y agosto de ese año.

En total se entregaron, en 2021, 48 millones 741 mil 200 pesos, para 13 mil 730 personas fallecidas.

Los controles para que no sucedan irregularidades no han mejorado, al contrario.

En la revisión al ejercicio 2020, había encontrado 10 millones de pesos entregados a 2 mil 55 personas reportadas como muertas.

En la revisión al ejercicio 2019, habían encontrado “sólo” 872 mil pesos en beneficio de 236 ciudadanos que ya no existían.

El problema del pago a personas que están en un sepulcro ha aumentado, con todo lo que eso significa.

La revisión de la ASF abarca la cuarta parte del presupuesto por lo que podemos estimar que el problema del dinero entregado a muertos es de una dimensión de cuatro veces las cifras anotadas arriba.

Por otro lado, en la más reciente revisión a las becas que se entregan a estudiantes de preparatorias y colegios de bachilleres, la Auditoría encontró que se otorgaron supuestamente 27 millones 155 mil 200 pesos a 8 mil 515 familias, “sin que se proporcionara evidencia de que éstas los hubiesen cobrado”.

Las irregularidades son constantes, continuadas y no corregidas.

“En medio de revisiones con los titulares de becarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez en el municipio poblano de Oriental, agredieron a los visitantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y les arrebataron sus documentos” reporta el medio digital Puebla on line.

Ocurrió en noviembre del 2020 en el municipio de Oriental, Puebla, al aplicar cuestionarios a once becarios pero, después de responderlos, una persona que se dijo abogado de los “Servidores de la nación” de la localidad acusó que se violentaban los derechos de los funcionarios del gobierno federal.

“El abogado empezó a incitar a las personas para que rodearan al grupo auditor y les quitaran los cuestionarios, así como demás herramientas de trabajo”, narraron los agredidos.

Los afectados presentaron el 12 de noviembre del 2020 el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 052/CP2019, en la que confirmaban que después de ser rodeados por la gente devolvieron las firmas de los cuestionarios para luego retirarse.

En el programa “Jóvenes construyendo el futuro” también encontró, la Auditoría Superior de la Federación, pagos a personas difuntas además de dinero cobrado por los “Servidores de la nación” y centros de trabajo “fantasmas”, inexistentes, donde supuestamente había jóvenes aprendiendo un oficio.

Un año antes, la ASF había hecho las mismas observaciones al gobierno federal. No fueron corregidas.

La lección es muy clara.

La corrupción no se termina porque se repita esa frase todos los días ante un micrófono.

La corrupción se termina cuando se vigila, controla y se sancionan las irregularidades.

Para ello se tienen que fortalecer y crear instituciones y procedimientos.

Instituciones y procedimientos que transparenten cada una de las actividades y decisiones de cada uno de los empleados gubernamentales que participan en la ejecución de los programas.

Instituciones y procedimientos que den facilidades a los medios de comunicación, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil que rastrean en busca de irregularidades, esto es, ayudar a los contrapesos democráticos.

Instituciones y procedimientos que capaciten, controlen, supervisen y evalúen internamente la ejecución de la inversión pública.

Este trabajo para reducir la corrupción no lo ha hecho el gobierno federal.

Al contrario, quiere desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Quiere dar pasos hacia atrás.

Proclama que no debemos gastar en vigilar al gobierno federal, que ellos son diferentes.

Quiere que le creamos que es suficiente que saque un pañuelo blanco y diga: “ya se acabó la corrupción”.

Mientras, millones de pesos no llegan a los pobres, se quedan en el camino.

Artículo publicado el 12 de marzo de 2023 en la edición 1050 del semanario Ríodoce.

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