En Culiacán, médica intenta pagar la reparación del daño, y en Mazatlán otro es denunciado por el deceso de una joven

Mientras en Culiacán una médica intenta pagar la reparación del daño para cerrar una causa penal por la muerte de una paciente en un procedimiento estético, otro médico de Mazatlán es denunciado por el fallecimiento de una joven.

El caso de Culiacán es el de Leslie Paulina, de 26 años, por el que Amayrani “R” está vinculada a proceso por homicidio culposo y usurpación de profesiones; y el de Mazatlán es el de Magnolia, de 29 años, por cuya muerte la semana pasada fue denunciado el médico Hernán “L”.

Ambas fallecieron durante procedimientos quirúrgicos para bajar de peso que pagaron en cundinas y resultaron con perforaciones en los órganos.

Tras la muerte de Leslie, el 3 de marzo de 2022 la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios anunció revisiones a las clínicas; y la semana pasada con el fallecimiento de Magnolia lo volvieron a anunciar.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, dijo que ya han clausurado parcialmente 11 clínicas y revisarán a todas, sean privadas o públicas.

“En la reunión se les dijo que se va continuar la evaluación y se van a tomar las medidas necesarias, también se les dijo que no se lo deben tomar personal, que nosotros tenemos que asegurar que las personas que acudan a las clínicas tengan atención adecuada, se dejó muy claro los puntos que tenemos que tratar”, indicó.

González Galindo mencionó que la semana pasada se reunieron con personal de 50 clínicas, de 55 que tienen registradas en el estado, y acordaron la evaluación de la farmacovigilancia, la infraestructura y el curriculum del personal.

Mencionó que inspectores de la Coepriss y Protección Civil continuarán con las revisiones.

El caso más reciente es de Magnolia, originaria de Navolato, quien se hizo una manga gástrica en Mazatlán el 21 de julio de 2022.

Sus familiares denunciaron que tras la cirugía la joven presentó fuga esofágica y quedó internada en la clínica.

Tras varias negligencias la trasladaron al Hospital Civil de Culiacán, donde le diagnosticaron múltiples perforaciones en el sistema digestivo y órganos lacerados y perforados.

Después de seis meses de la cirugía, la joven falleció de un infarto el pasado 6 de enero.

Su familia acudió a la Vicefiscalía General de la región Centro para presentar una denuncia contra el médico Hernán “L”, quien le hizo la manga.

Leslie Paulina murió tras un procedimiento estético de “minilipo” en el que también le perforaron los órganos.

A la joven, la médica Amayrani le realizó la intervención el 9 de febrero del año pasado.

Después de la cirugía, Leslie presentó dolor por lo que fue internada en un hospital del IMSS, donde los médicos diagnosticaron que tenía varios órganos perforados, y el 3 de marzo falleció.

Amayrani “R” fue vinculada a proceso penal en agosto por la muerte de Leslie y por usurpar profesiones debido a que según la Fiscalía ella es médica general pero no tiene especialización para lipoesculturas y su clínica no contaba con equipo ni licencia de Cofepris.

La semana pasada propusieron al juez Adán Alberto Salazar Gastélum un acuerdo reparatorio para cerrar la causa penal.

La propuesta era el pago de la reparación del daño a las hermanas de Leslie como víctimas indirectas.

El asesor victimal, José de Jesús Manjarrez, dijo que las ofendidas estaban de acuerdo con la propuesta porque quieren terminar con el proceso ya que se sienten revictimizadas al acudir a las audiencias y recordar todo lo que pasó.

Señaló que es un acuerdo de voluntades no de coacción.

El juez preguntó si Leslie tenía hijos, esposo y si vivían sus padres; y contestó que tenía una hija de 9 años de la que sus tías se hacen cargo, que estaba separada de su pareja y que sí vivía su mamá.

El juzgador señaló que cuando la víctima fallece, por derecho los primeros beneficiarios de la reparación del daño son los hijos, si no hay es la cónyuge o concubino y si tampoco tiene son los padres.

“Los tres viven, y ¿se lo van a dar a las hermanas?”, cuestionó el juez.

En este caso, indicó, la beneficiaria tiene que ser la niña y preguntó a los ministerios públicos si ellos tenían la certeza de que la reparación del daño sería para la menor.

El ministerio público, Ramón Valenzuela, mencionó que hasta un día antes supieron que hubo un acuerdo entre las partes y no había forma de acreditar que la reparación del daño recaerá en la menor y que las tías tienen la potestad de la niña.

El ministerio público, Isaac Aguayo, reiteró que la Fiscalía se oponía al acuerdo porque la investigación todavía no concluye y además debe quedar claro qué pasó porque este caso trascendió del interés particular al interés social.

“¿Fue homicidio culposo?, ¿fue doloso?, es importante que la sociedad sepa qué pasó, que se termine la investigación”, expresó.

Señaló que hay un peritaje pendiente que impactará de manera contundente la investigación.

El defensor Juan Rivera comentó que la reparación del daño se entregará a las hermanas de las víctimas porque ellas son las que se han hecho cargo de la niña.

El defensor Endir Retamoza manifestó que la oposición de la FGE no tiene fundamento.

Por solicitud del juez, a la sala de audiencias acudió la mamá de la víctima, quien dijo que estaba de acuerdo en que la reparación del daño se pagara a las hermanas de Leslie porque ellas eran las que se encargaban de la menor.

El juez rechazó aprobar el acuerdo porque mencionó que la ofendida es la niña, no las hermanas.

“Lo más importante es que la niña sea beneficiaria, se busca que no aparezca algún ventajoso y se quiera aprovechar”, expresó.

Artículo publicado el 05 de febrero de 2023 en la edición 1045 del semanario Ríodoce.