Los imputados son señalados de robo agravado y daños

Años atrás, una mezcla mestiza de hombres de negocios se apersonaron en el campo pesquero El Colorado, en Ahome, y lanzaron ofertas de ayuda comunitaria en la que todos mejorarían su estatus económico y calidad de vida, pero lustros después se toparon con la realidad: fueron despojados del mar, de la tierra, del aire y ahora están por perder su libertad.

Cuatro individuos de la comunidad son ahora procesados. Y en sus propias palabras se consideran “chivos expiatorios” a los que la Fiscalía General de Justicia del Estado incrimina para abrir el camino a una colonización promovida por el Gobierno del Estado en aras de una industrialización, y para el placer y venganza de “gachupines”.

Ángel Abdón Gaxiola Martínez, cobanaro del centro ceremonial Jesús de Nazareth de El Colorado, Carlos Ramón y Yadira Luna Gámez, hermanos y avecindados, e Israel Velázquez Espinoza, presidente del Comité de Vigilancia de Pesca Responsable, resultaron vinculados a proceso por robo agravado calificado y daños en el caso 438/2020 interpuesta por la Asociación de Productores de Moluscos Bivalvos y Francisco José García Sánchez.

El expediente integra hechos denunciados por la empresa y el particular desencadenados de mayo al 30 de junio del 2018, en El Colorado, cuando una turba irrumpió en las parcelas marinas, quemando una panga, dañando los cultivos de conchas, robando semilla, amenazando al personal, y otros sucesos aislados.

Según García Sánchez, en el caso habría dos cabecillas, Israel Velázquez y Leonel Sánchez Cota, este último, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora.

El dirigente, acusó, pretendía extorsionarlo con 400 mil pesos para permitirles trabajar en El Colorado, y al negarse, comenzó el hostigamiento por Israel, que concluyó con la destrucción de infraestructura, equipamiento e insumos por parte de pescadores, adictos y personas diversas, concluyendo con la querella.

En la acusación, García Sánchez no pudo acreditar un pelo a Sánchez Cota, pues este demostró que la imputación era falsa, sin pruebas irrefutables ni testimonios razonables, versada sobre hechos de dudosa realización y con testigos contradictorios, desconocidos, y aparecidos de la nada dos años después de iniciadas las actuaciones ministeriales.

El caso legal contra Sánchez Cota terminó desechándose ante lo irrebatible de los argumentos del dirigente para demostrar la mentira en que incurrían los empresarios.

Sin embargo, esto no fue así con el cobanaro, los hermanos y el pescador, pues las misma trama que no pudo con Sánchez Cota, a ellos los mantiene vinculados a proceso y con una exigencia de reparación del daño que oscila de los 11 a los 27 millones de pesos, un dinero que jamás podrán reunir, pero a cambio se les exige que abandonen el pueblo y liberen una franja de 500 metros para el libre paso de los empresarios.

A los cuatro los ubicaron en el lugar por fotografías y tres testimonios de jornaleros de Mayocoba y San José que no fueron localizados durante dos años de investigaciones policiales y ministeriales, sino hasta que los empresarios conocieron sus versiones, cuando estos se presentaron voluntariamente para declarar.

A estos, los fiscales les dieron validez y no a los testigos de los acusados. “Yo estaba en Las Grullas pagando a Rubén Félix, pues soy gestora voluntaria, cuando ocurrieron los hechos, pero esos testimonios no fueron tomados en cuenta”, explicó Yadira.

En tanto que el cobanaro aseguró que estaba en labores propias de los yoremes y por tanto lejos del lugar del conflicto, lo mismo que el pescador.

Los tres afirmaron que el zipi-zape ocurrido no fue producto de un alboroto, sino de la indignación contra los empresarios, pues estos de manera abusiva se apropiaron y cercaron 910 hectáreas de playa y pescaderos en donde los yoremes y avecindados han capturado camarón, escama y conchas décadas antes que los “gachupines”.

El polvorín en que está convertida esta comunidad, afirmaron, es porque cinco personas pretenden privatizar las áreas en donde 3 mil 500 pescadores capturan el sustento.

“Lo que sucede es injusto, y producto de los intereses de los empresarios con el gobierno, desplazando a los pueblos para el desarrollo económico de unos cuantos, lo que debe de terminar”, precisó el cobanaro.

Artículo publicado el 01 de enero de 2023 en la edición 1040 del semanario Ríodoce.