La ineficiencia en que opera el Registro Agrario Nacional en Sinaloa ha sido un secreto a voces. Al cobijo de la pandemia la institución prácticamente se paralizó y con ello los trámites de cientos de campesinos que han estado topando con pared.

Muchas quejas han llegado hasta el Congreso del Estado por parte de organizaciones campesinas y de ejidatarios.

La oficina del RAN en Sinaloa fue calificada por diputados de diversas bancadas como una oficina colapsada, burocrática, ineficiente e inservible para los objetivos para los cuales había sido creada.

Según el marco legal que le dio origen, el RAN tiene como misión ser guardián del patrimonio territorial en manos de ejidos y comunidades, así como brindar certeza jurídica a la propiedad social mediante el registro, el resguardo documental y la asistencia técnica.

Las quejas llegaron al Congreso del Estado y fueron expuestas en la Diputación Permanente. El diputado presidente Ambrosio Chávez Chávez, señaló en tribuna que el RAN no estaba atendiendo los problemas de los ejidatarios en Sinaloa.

La oficina del RAN fue creada en Sinaloa, al igual que en México en 1992, como Registro Agrario Nacional en calidad de órganos desconcentrados de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano (SEDATU).

Aunque la oficina ha entregado títulos parcelarios, todavía faltan muchas personas que no tienen los documentos que acrediten la propiedad de sus terrenos ni parcelas, documentos que se requieren para la solicitud de créditos, compra-venta o una garantía, señaló el legislador.

De acuerdo con datos del Congreso del Estado, en Sinaloa existen 1 mil 315 núcleos agrarios asentados en la entidad. El atraso en la expedición de títulos empieza a afectar a comuneros y ejidatarios para que puedan tener acceso a los programas de vivienda de los gobiernos federal y estatal, al exigir como requisito mínimo poder ser beneficiario el comprobar la propiedad de los terrenos.

Entre los riesgos está por ejemplo el no poder aplicarse un presupuesto de 10 millones de pesos de vivienda para grupos de desplazados de la zona de Badiraguato, ya que al no contar los beneficiarios con títulos de propiedad o certificados emitidos por el RAN, no podrán aplicarse al programa.

La sospecha, denunció el legislador de Morena, es que alrededor del RAN hay corrupción, coyotaje que provoca un viacrucis de ejidatarios que madrugan, algunos que llegan desde Choix o Escuinapa, sin poder resolver nada al no ser atendidos.

La logística para asignar citas para ser atendidos en el RAN es tan inoperante en lo físico como por internet, para poder hacer algún trámite como por ejemplo una sucesión parcelaria.

La falta de operación personalizado se agravó con la falta de un titular para la delegación del RAN en Sinaloa, ni un responsable.

La bancada del PRI calificó a la delegación del RAN en Sinaloa como un cascarón vacío. La diputada Cinthia Valenzuela Langarica cuestionó que la institución es inoperante ya que solamente tiene una oficina en la entidad para el gran cúmulo de trámites con un rezago de hasta tres años.

“Los ejidatarios no solo deben pagar sus trámites, sino la mordida que les exigen los funcionarios para que sus trámites puedan avanzar”.

El RAN, dijo, debe ser sacudido en Sinaloa para que les asignen presupuesto, pero también “que les corten las manos a la corrupción de sus funcionarios” para que se atienda a los ejidatarios con la dignidad que se merecen.

Poco después del inicio de la actual Legislatura, las fallas en la operación del RAN ya habían sido señaladas públicamente por la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela en noviembre del 2021, pero el posicionamiento no tuvo mayores implicaciones que ser atendidos por el entonces delegado. A 10 meses de la denuncia, la situación no mejoró en atención.

Por lo menos, indicó, la diputada hace 10 meses se tenía un delegado del RAN.

La legisladora de origen campesino e integrante de la CNC, lamentó que para solicitar un servicio al RAN de tipo informativo se requería hacer fila desde las 6:00 de la mañana.

El posicionamiento fue motivado porque bajo el argumento de las circunstancias propias de la pandemia la delegación del RAN repartía 50 citas a las primeras personas en llegar. Algunos ejidatarios que habitan a 300 kilómetros de distancia tienen gran dificultad para poder presentarse antes de las 6:00 de la mañana para poder lograr una cita.

En muchos casos los sucesores de los ejidatarios fallecidos pretenden agilizar el trámite de traslado de dominio de sus derechos agrarios para poder obtener el certificado parcelario para realizar trámites ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero para obtener créditos de avío en tiempo y forma.

Sin embargo, al no contar, con los certificados parcelarios estaban exponiendo a las familias campesinas a rentar sus parcelas a un bajo precio, denunció en su momento la legisladora, e hizo el llamado al RAN a que fuese sensible a la situación.

La misma legisladora expresó entonces que había intentado hacer contacto con el RAN por todas las vías, incluyendo la telefónica, pero en ninguna pudo obtener atención. El sistema de citas por internet no ofrecía citas cercanas, demorando meses para poder agregar una.

La denuncia de la situación había sido planteada por los ejidatarios, quienes solicitaron a los diputados su intervención para ampliar el horario de atención y eliminar el sistema de fichas que imposibilita el trámite.

Ya el diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez, desde noviembre también se había sumado a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del RAN en Sinaloa a una instancia que debe ofrecer legalidad y seguridad jurídica.

Artículo publicado el 25 de septiembre de 2022 en la edición 1026 del semanario Ríodoce.