A pesar de la Ley, predominan los varones en la oficina del gobernador Rubén Rocha
En apego a las reformas en materia de equidad de género para tener gabinetes paritarios, el gobernador Rubén Rocha Moya realizó los nombramientos de sus funcionarios de primer nivel con ese criterio al arrancar su gestión, pero omitió apegarse a la disposición constitucional cuando prefirió personas del sexo masculino para que ocupar puestos de subsecretarios, directores y jefes de departamento.
La falta de paridad en los puestos en donde se toman decisiones de subsecretarios hacia abajo en la estructura del gobierno estatal, incluso fue señalada por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, ante diputados del Congreso del Estado, al cuestionar que había mucho todavía que hacer materia de paridad de género.
La oficina del gobernador muestra la omisión en la paridad cuando se trata de los nombramientos de servidores públicos. Si bien la titular es una mujer, la mayoría de los puestos son ocupados por hombres. De un total de 18 plazas directivas, solo cinco son desempeñadas por mujeres.
Al igual que los gobiernos municipales, el gobierno estatal incurrió en una violación al marco legal que señalaba que los nombramientos de los funcionarios públicos debiesen ser bajo el criterio de paridad de género pero sin establecer sanciones específicas.
De hecho, el gobernador Rocha Moya anunció antes de tomar protesta a integración de su gabinete, que estaría integrado con paridad de género. En conferencia de prensa enfatizó que de las 13 secretarías, seis serían para mujeres, y siete para hombres.
Ahora el escenario cambió, ya que el Congreso del Estado reformó un total de 19 leyes locales para establecer como falta administrativa a quien no respete la paridad de género en la asignación de puestos dentro de la estructura de mando del servicio público.
La reforma se incluyó dentro del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Al siguiente día de la publicación del decreto, que fue aprobado en forma unánime por el Congreso del Estado el pasado 29 de agosto del año en curso, el gobierno estatal tendrá un plazo de 60 días para realizar las adecuaciones pertinentes en la normatividad interna para establecer la observancia obligatoria del principio de paridad.
El mismo plazo también aplicará para los ayuntamientos y los órganos constitucionales autónomos.
La disposición de paridad de género en Sinaloa se realizó en Sinaloa desde la Legislatura anterior, luego que en julio de 2020 se concretó una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los puestos de representación política, en la administración púbica, en órganos jurisdiccionales, autónomos y gobiernos municipales.
Las diputadas de la anterior legislatura calificaron la reforma como “un día histórico”, con la firme convicción de que los gabinetes y los equipos de gobierno con una marcada participación masculina habían terminado.
La entrada en vigor del decreto, que establece ahora sanciones administrativas a los funcionarios que no respeten la paridad de género en los nombramientos, está en espera que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Artículo publicado el 11 de septiembre de 2022 en la edición 1024 del semanario Ríodoce.
