La madre rastreadora fue asesinada en Elota el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Desde 2019 Rosario Lilián Rodríguez Barraza se entregó a la búsqueda de su hijo Fernando Abixahi Ramírez y murió asesinada, sin encontrarlo.

La integrante del colectivo Corazones sin Justicia fue privada de la libertad y asesinada atropellada el miércoles 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Para María Isabel Cruz Bernal, del colectivo Sabuesas Guerreras, a la rastreadora la mató la ineptitud del gobierno tanto para buscar a sus hijos como para proteger a las madres buscadoras que han denunciado amenazas.

“¿Porqué carajos no hicieron nada?, nos están asesinando y nosotras no queremos ser las próximas”, expresa.

La rastreadora es la segunda madre que es asesinada mientras busca a su hijo. En 2014 en Culiacán, corrió la misma suerte Sandra Luz Hernández, quien buscaba e investigaba la desaparición de su hijo Edgar.

Rosario Lilián buscaba a su hijo Fernando Abixahi, de 20 años, un jornalero desaparecido desde el 16 de octubre de 2019, en La Cruz.

El martes pasado se conmemoró el día del desaparecido y el colectivo Corazones sin Justicia organizó una misa en Elota.

Después de la ceremonia religiosa, Rosario volvió a su casa y en el camino fue “levantada” por hombres armados que la subieron en una camioneta al parecer Suburban color blanco y se la llevaron por la fuerza.

El reporte al C4 de Mazatlán llegó poco minutos después de las 21:00 horas e indicaba la privación de la libertad de una mujer en la calle Eucalipto de la colonia Palos Blancos, en la Cruz.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y el hijo de Rosario les informó que habían “levantado” a su mamá.

A las 23:15, también al C4 de Mazatlán, reportaron que había un cadáver en el vado de la calle Manuel Pilar Abraham, en la colonia Víctor Manuel Quintero.

El cuerpo era el de Rosario, quien según la Fiscalía General del Estado fue asesinada por atropellamiento.

El Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Saavedra, dijo que iniciaron la investigación por feminicidio.

“Para la Fiscalía es prioritario esclarecer la muerte de la señora Rosario Lilián, por tratarse de una mujer y, además; parte de un grupo sumamente vulnerable como son, las buscadoras de personas desaparecidas. Sabemos el dolor que llevan consigo para encontrar a sus familiares, por lo que no podemos, ni debemos ser ajenos a ello”, dijo.

Aseguró que la FGE dará atención prioritaria a este caso por tratarse de una integrante de un grupo vulnerable.

Rosario Lilián ya había denunciado que era víctima de amenazas. Una de ellas fue rociar con gasolina su casa, pero no la incendiaron.

Desde que desapareció su hijo ella empezó la búsqueda y a hacer sus propias investigaciones para aportar datos a la FGE.

Días antes de su asesinato había grabado un video en el que habla sobre la desaparición de su hijo y de los responsables.

“Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y la Fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada”, dice la grabación.

En el video asegura que solo busca una respuesta sobre el paradero de su hijo, no responsables.

“No sé de su paradero. Lo he buscado de día y de noche y nada más nada. Lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco”, menciona.

María Isabel Cruz, del colectivo Sabuesas Guerreras, aseguró que el asesinato de Rosario Lilián muestra la ineptitud del gobierno para protegerlas a pesar de las amenazas que reciben.

“Desde la muerte de Sandra Luz no se había tenido una asesinato de alguna compañera por andar buscando a su desaparecido, sin embargo ahora nos viene a sacudir, esto nos viene a sacudir como madres, como rastreadoras y como personas que andamos buscando a nuestros desaparecidos porque nos quieren meter miedo con esto para no seguir buscando, sin embargo no va a ser así”, indicó.

Rosario Lilián, dijo, fue asesinada por hacer lo que debía haber hecho la Fiscalía, que es buscar a su hijo.

Manifestó que no hay ningún protocolo para proteger a las madres buscadoras y este asesinato lo demuestra.

Rosario había denunciado amenazas, indicó, y no tomaron ninguna medida para proteger su integridad física.

“Si ellos ya sabían porqué carajos no hicieron nada, estamos amenazadas todas, todas estamos amenazadas por andar buscando a nuestros desaparecidos, pero si no los buscamos nosotras nadie nos va buscar, entonces ¿ellos porqué no hacen nada?”, mencionó.

En todos los colectivos, aseguró, han recibo algún tipo de amenaza. Ella personalmente ha tenido varias y tres agresiones físicas, y ha presentado denuncias que no han avanzado.

“Nos están asesinando y nosotras no queremos ser las próximas, tenemos cinco amenazas de muerte en nuestro colectivo y ¿quién ha hecho algo? nadie ha hecho nada, entonces no queremos ser las próximas. Yo sé que cuando me toque me va tocar pero yo quiero que mi último suspiro sea para mi hijo”, expresó.

Rosario es la segunda madre asesinada mientras buscaba a su hijo desaparecido. La primera fue Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo Edgar García Hernández, desaparecido desde el 12 de febrero 2012.

Tras la desaparición de su hijo, se convirtió en activista y fue fundadora del colectivo que hoy se conoce como Voces Unidas por la Vida, integrado por madres con hijos desaparecidos.

La tarde del 12 de mayo de 2014 fue asesinada a balazos en la calle 30 de Septiembre, en la colonia Benito Juárez en Culiacán.

Sandra Luz fue a esa zona porque le dijeron que le darían información sobre el paradero de su hijo y ahí le disparó José Fernando Valenzuela, señalado por ella como responsable de la desaparición de su hijo.

El 20 de mayo del mismo año, José Fernando fue detenido y reconoció que había asesinado a Sandra Luz.

Tres años después, en 2015 el juez Sergio Valdez Meza dictó sentencia absolutoria por falta de pruebas y fue liberado.

El entonces Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, acusó que el juez incurrió en irregularidades jurídicas e incluso contradecía sus propias decisiones.

Además, señaló posible tráfico de influencias debido a que el defensor del acusado era cuñado de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo publicado el 4 de septiembre de 2022 en la edición 1023 del semanario Ríodoce.