Consulta indígena sobre planta de amoniaco será bajo usos y costumbres

No fue fácil llegar a acuerdos entre el gobierno y los pueblos indígenas del norte de Sinaloa que tuvieron que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que les cumplieran su derecho a ser consultados sobre la pertinencia de una planta de amoniaco que con capital suizo-alemán se pretende construir en Topolobampo, territorio ancestral, pero como ha sucedido en los últimos meses, los yoremes triunfaron.

“Estos funcionarios corruptos nada más vienen a chingar, a querer favorecer a los ‘amoniacos’ y pretender querernos pasar por sus pendejos, por sus ignorantes, pero no lo consiguieron, y se tuvieron que tragar sus palabras”, resumió Tiburcio Ahumada, gobernador tradicional de Lázaro Cárdenas, momentos después de que salió de la biblioteca “José María Morelos”, en donde habían entregado el protocolo de actuación para la consulta indígena.

“No fue fácil, pero se logró. Querían imponerse como lo hicieron en los otros pueblos, pero no. Con nosotros se hace conforme los usos y costumbres, no como ellos digan. Ellos tienen que cumplir una sentencia que les dictaron por un asunto que ellos provocaron al quitarnos el derecho a ser consultados”, dijo Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, quien también asistió a la asamblea.

“Hoy lo defendemos de ellos mismos, de sus fregaderas. No nos van a obligar a vivir en una zona de sacrificio y riesgo por un desarrollo criminal, por un gobierno coludido con empresarios corruptos. Vamos a detener el etnocidio que pretenden realizar. La planta de amoniaco no va a tener el consentimiento que pretende, aunque otros pueblos ya opinaron a su favor”.

En la reunión acordaron que las consultas iniciarán el 4 de septiembre en el centro ceremonial Ignacio de Loyola, en Lázaro Cárdenas, proseguirán el 11 de septiembre en Ohuira, en el centro ceremonial Virgen del Carmen, continuarán el 18 del mismo mes en Lázaro Cárdenas (Carricito, en el centro ceremonial Virgen de Guadalupe y concluirán el mismo día en Paredones, en el cobertizo de la Cooperativa de Producción Pesquera Eustaquio Urías Valdez.

Antes, las asambleas informativas se realizarán desde este domingo hasta el 3 de septiembre.
La convocatoria para la consulta fue firmada por Daniel Quezada Daniel, como titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la autoridad responsable Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agustín J. Goicochea Chávarri, titular de la Unidad de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación y Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas, quienes decidieron, y lo aceptaron los yoremes, integrar a la consulta a un pueblo “fantasma” y a un centro ceremonial inexistente, en el que supuestamente es líder Librado Bacasegua Elenes, el indígena expulsado de Lázaro Cárdenas y de Ohuira.

“Todos sabemos que ese pueblo es inexistente, que está desolado, que nadie vive allí y que el centro ceremonial nunca ha existido, pero si el INPI, Semarnat y Segob quieren burlarse del magistrado que obligó la consulta, allá ellos. Eso debe de tener una consecuencia jurídica para los funcionarios”, dijo Melina Sandoval, miembro de la etnia.

Junto a ella está Guadalupe Espinoza Acosta, que está más puesta para encender la defensa de la bahía en contra de los gobiernos y los empresarios.

“No vamos a doblar las manos, ni vamos a ceder nada. Que se preparen las autoridades porque están montadas en sus burros para vernos la cara de guajes. Pero ya no, hoy defenderemos lo que ya ganamos con todo”.

Mientras los cobanaros defienden su posición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició este jueves y viernes una investigación científica en la bahía Santamaría-Ohuira y Topolobampo para determinar el grado de impacto que el desplante de la construcción ha ocasionado, como la mortandad de mangle, el destierro de aves migratorias y de especies marinas.

La investigación de campo incluye muestreo del agua de la bahía y documentales fotográficas de la zona impactada, entre otras pruebas.

La científica Diana Escobedo, investigadora que durante 30 años ha documentado los cambios en las bahías, acompaña a los técnicos de la CNDH. Ella afirmó que los gobiernos y los empresarios eligieron el peor lugar para desarrollar el proyecto de planta de amoniaco, pues las condiciones de la bahía no lo permitirán sin ocasionar un daño irreparable al entorno.

“Ese daño al ambiente, alguien, algún funcionario actual y empresarios lo deberán de pagar en el futuro, porque van a acabar con el sustento de miles de familias y un hábitat de especies amenazadas con la extinción”, advirtió.

Artículo publicado el 21 de agosto de 2022 en la edición 1021 del semanario Ríodoce.