A unos días de haber rendido protesta ante el Congreso del Estado, Jenny Judith Bernal Arellano declara que es hermosa la labor del naciente Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero advierte que necesita presupuesto, pues sin éste sería quedar solamente como una aspiración en el papel.

La primera directora general del citado Instituto hace notar que quiere que se le otorgue presupuesto suficiente para operar todos los mecanismos de protección. De acuerdo con el texto de la Ley que dio origen, el órgano autónomo deberá tener un presupuesto igual o mayor al tres por ciento del presupuesto destinado a publicidad oficial.

Al momento, está a la espera de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal la llame a para atender el asunto del presupuesto. De momento no existe ningún recurso, ni siquiera un espacio físico, por lo que deberá iniciar desde cero, en función de las adecuaciones presupuestales necesarias por el funcionamiento del Instituto, como se señaló en un artículo transitorio que se incluyó al aprobar la Ley de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A Bernal Arellano le aterra pensar en que no se tenga un refugio en donde llevar a esa persona que se siente agredida, no tener la posibilidad de sacarla del estado, o no contar con un mecanismo de prevención mínimo o el más costoso cuando se requiera. “No quiero que eso pase con las personas que están en riesgo”.

El Instituto, recalca, necesita nacer con esa fuerza, de lo contrario sería solamente letra dorada.
Se requiere tener un presupuesto sólido para poder tener oficinas en el norte, centro y sur de la entidad, para lograr una cobertura mucho más amplia.

Sobre lo que hará diferente el nuevo instituto frente a otros organismos del mismo tipo que existen en otras entidades que no han logrado reducir los índices de riesgos, la directora general, quien cuenta con estudios de Doctorado en Derecho, manifiesta su interés en la generación de una conciencia por el respeto a los derechos humanos, el cual será el eje central de su trabajo. Reconoce que ha sido muy difícil reducir las amenazas porque los institutos no tienen impacto en esa parte, sino son las áreas de seguridad pública.

Afirma que si hay una agresión, pero no hay investigación eficaz y un combate estricto a la impunidad, las cosas no van a funcionar.

El Instituto, menciona, será más reactivo cuando exista una amenaza, cuando la persona se sienta en peligro su vida o integridad, por lo cual será muy importante la labor conjunta de todas las instituciones para establecer juntos una política pública en Sinaloa de prevención de agresiones desde las personas del poder político, económico, liderazgo o en los medios de comunicación.

En torno a la creación mecanismos e instituciones de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, cuando toda la población siente que está en riesgo, considera que es válido ese reclamo, pero debe pensarse que los defensores de derechos humanos, como los periodistas, tienen un riesgo mayor. Son grupos en condiciones de vulnerabilidad que se exponen y que son personas públicas.

Lamenta que existe el incremento de casos de muertes de defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que es necesario poner un tope, además de que una obligación del Estado es proteger los derechos de toda persona.

A pregunta específica sobre si retomará algunas de las propuestas planteadas en las comparecencias ante diputados por los otros aspirantes a ocupar la dirección general del Instituto, responde que pretende hablar con ellos para para ver la posibilidad sumar sus planteamientos al plan de trabajo que presentará ante el Consejo Consultivo.

La primera directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tiene como reto que la población entienda que el naciente organismo autónomo no es policía ni un ministerio público ni un juzgador.

La afirmación es pronunciada al cuestionársele por qué se debe tener confianza en que el Instituto va a resolver las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de los defensores de derechos humanos y periodistas, y no se convertirá en una estructura burocrática más.

El instituto, enfatiza, tiene como misión crear una cultura de respeto a las personas y sus derechos humanos, y legalidad en los funcionarios públicos, que tiene un brazo precioso de poder decretar medidas de protección en favor de personas que sean defensoras de derechos humanos o porque realizan la labor periodística.

En torno a la autonomía que deberá tener el instituto en sus decisiones y programas, responde que la autonomía no debe verse que esté peleada con el resto del gobierno. Es un ente de Estado, pero no de gobierno.

Artículo publicado el 31 de julio de 2021 en la edición impresa 1018 del semanario Ríodoce.