Francisco Reséndiz, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, declinó su competencia para seguir con el juicio de amparo promovido por Rafael Caro Quintero, luego de haberle concedido a éste la “suspensión de plano” para frenar su extradición “exprés” a Estados Unidos.

Corresponderá a un juez de Distrito del Estado de México resolver el fondo del amparo, debido a que el capo sinaloense se encuentra internado en el penal del Altiplano y, en ese sentido, debe ser un juzgador de dicho estado el que resuelva la cuestión, informó Aristegui Noticias.

Sin embargo, la decisión del juez Reséndiz no afecta la medida concedida a Caro Quintero para que no sea extraditado sin que se siga el procedimiento correspondiente, es decir un juicio al respecto, como establece el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

La demanda de amparo fue promovida por Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del narcotraficante, y ratificada por el propio capo nacido en Badiraguato, Sinaloa, una vez que le fue notificada por las autoridades judiciales adscritas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, ubicado en Almoloya, Estado de México, donde fue internado el pasado viernes 15 de julio.

El juez jalisciense señaló que el artículo 37 de la Ley de Amparo determina que el juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute el acto reclamado.

“En ese contexto, es evidente que el órgano de control constitucional competente para resolver el presente juicio de garantías, es el juez de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, dado que la ubicación del centro de reclusión donde se están o pretenden ejecutar los actos que reclama la promovente, se encuentra en la jurisdicción en que ejerce dicho Juzgado Federal, es decir, en el estado de México, lugar donde formalmente tienen ejecución las consecuencias jurídicas y materiales de los actos que reclama”, dice el juzgador en su resolución.

Si el juez que reciba la demanda de garantías decide no aceptarla, será un Tribunal Colegiado el que resuelva el caso en un plazo no mayor a ocho días.

Reséndiz había advertido de esta circunstancia, al conceder la suspensión a Caro Quintero: “Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal”.

La extradición de Rafael Caro Quintero sin cumplir todo lo previsto en la norma, señaló entonces el juez, implicaría que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comandancia General de la Guardia Nacional, podrían incurrir en un desacato judicial y en el delito de abuso de autoridad.

En su resolución, Reséndiz ordenó a la FGR y a las autoridades penitenciarias que permitan la libre comunicación del detenido con sus abogados defensores y con su hermana Beatriz Angélica.

“Asimismo, se les conmina a las autoridades responsables que tengan a disposición al directo quejoso para que permitan la comunicación de éste con la parte promovente o en su caso con sus abogados defensores a efecto de que no se obstaculice su defensa, pues es derecho fundamental de los gobernados que se encuentren asistidos jurídicamente por su defensor desde el momento de su detención, así sea en calidad de aprehendidos o detenidos”, advierte el resolutivo del juzgador federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno vigilará que no haya corrupción en el caso, y recordó que el narcotraficante estaba sentenciado a 40 años de prisión cuando fue liberado en agosto del 2013 gracias a un amparo, fallo judicial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió en 2014.

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo. Se está viendo el proceso, se va a actuar como siempre, de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo”, explicó en su conferencia matutina esta semana.