El proceso contra Genaro García Luna alcanzará un nivel de seguridad nunca antes visto durante un juicio en contra de un mexicano, ni siquiera contra capos del narcotráfico, luego que el juez Brian Cogan accediera a una petición de la fiscalía para que los miembros del jurado que deliberen la inocencia o culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública, sean escoltados al salir y entrar de la corte, por temor a que puedan sufrir algún tipo de agresión.

Según el documento 103 del expediente 1:19-cr-00576-BMC, radicado en una corte federal del Distrito Este de Nueva York, Cogan aprobó la petición de la fiscalía para que el jurado fuera protegido y además permanezca anónimo y parcialmente “secuestrado” o, utilizando un término más jurídico, “segregado”, durante los días en que participen en el juicio.

“Estar secuestrados o segregados significa que cada día que inicie cada deliberación del juicio, los miembros del jurado quedarán completamente aislados, algunas veces en cuartos de hotel que muchas veces la corte renta en los alrededores del juzgado, para que el jurado descanse en habitaciones resguardadas por agentes federales, en el entendido que sólo podrán irse a sus casas hasta la noche, es decir, una vez que hayan terminado las deliberaciones de cada día”, explicó un fiscal familiarizado con este tipo de casos.

La decisión del juez Cogan obedece al alcance que puede tener García Luna y quienes lo apoyan, luego que trascendiera que el ex secretario de Seguridad estuvo conspirando un plan para eliminar al hermano de Ismael, el Mayo Zambada, y a Luis Cárdenas Palomino –colaborador de García Luna en la SSP– para que no testificaran contra él, una vez que inicie el juicio, programado para octubre de este año.

“Será un jurado anónimo y parcialmente secuestrado para proteger la integridad del juicio y la imparcialidad de los miembros, pero también para prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con los jurados, y mitigar cualquier temor en la mente de los jurados de cualquier dicho o acoso, intimidación u otra interferencia”, escribió el juez Cogan en la moción enviada a los fiscales liderados por Erin M. Reid, y con copia para la cabeza de la defensa Cesar De Castro.

Agrega el documento: “Estas medidas son necesarias, porque el juicio involucra cargos excepcionalmente graves y García Luna tiene los medios para interferir en el proceso judicial, y porque sin duda este caso atraerá intensamente la atención de medios de comunicación de todo el mundo”.

La defensa de García Luna por su parte respondió que tal moción dará a los fiscales una ventaja inconstitucional al erosionar su presunción de inocencia y su capacidad para llevar a cabo un juicio justo.

“Ninguno de los cargos en mi contra son delitos de violencia, además que el gobierno no tiene pruebas que demuestren que tenga antecedentes de violencia, y aunque mi caso tiene el potencial de una publicidad sustancial, considero que los jurados no deberían ser anonimizados y secuestrados solo por eso, sino que podrían utilizarse otros procedimientos, menos extremos, para proteger la identidad de todos ellos, se lee en un párrafo atribuido al ex secretario.

Cesar De Marco, por su parte, reiteró que, aunque los fiscales del caso han presentado cientos de miles de documentos en donde se inculpa a García Luna, no existe una evidencia concreta en las más de 500 horas de grabación en donde se escuche al acusado, porque son en su mayoría inaudibles o ininteligibles y consisten principalmente en declaraciones hechas por el informante de la cárcel y no por el señor García Luna.

“No hay hojas de línea correspondientes o resúmenes de las grabaciones, y el gobierno sólo nos ha proporcionado las transcripciones de un puñado de conversaciones; en otras palabras, la defensa pretende sacar a la luz hechos relevantes para la credibilidad del informante de la cárcel y proporcionar al tribunal con ejemplos de grabaciones poco confiables y falsas”, se lee en un documento enviado por la defensa al juez Cogan.

La fecha de inicio del juicio sigue programada para el próximo 24 de octubre, y según expertos se cree que muchos otros nombres saldrán a la luz pública, incluido el del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012 durante el sexenio de Calderón Hinojosa, y enfrenta cargos por tráfico de drogas, abuso de autoridad, y de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que esa organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Fue arrestado en diciembre de 2019 en el aeropuerto internacional de Dallas, Texas, y al ser presentado frente al juez Cogan, se declaró inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

Según los fiscales, la evidencia en contra de García Luna sobre su involucramiento con el Cártel de Sinaloa es abrumadora. Además, aseguran tener pruebas sobre amenazas y sobornos que hizo contra periodistas, además de su intento por conspirar para matar al Rey Zambada y Cárdenas Palomino.

Artículo publicado el 10 de julio de 2022 en la edición 1015 del semanario Ríodoce.