Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron el dictamen de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El dictamen que incluye una adición al Código Penal reforma la aplicación de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa a quien utilice la violencia para evitar se ejerza la actividad periodística o la actividad de defensores de derechos humanos.

Las sanciones se aplicarían también por obstaculizar, impedir o reprimir la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos.

En caso de que la conducta sea cometida por un servidor público en el ejercicio de funciones, las penas serán hasta el doble.

El dictamen propuesto por los diputados incluye la creación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

De acuerdo al texto del dictamen, el Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones.

Entre sus facultades estará el disponer de oficio, o a petición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten, las medidas necesarias para prevenir la consumación de amenazas y/o agresiones.

El referido Instituto deberá programar y coordinar el cumplimiento de las medidas preventivas, medidas de protección y las medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes.

Ente sus facultades estará el solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las medidas que se dicten en favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como vigilar y evaluar su implementación y cumplimiento.

Estará también el denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir o dilatar el cumplimiento de las medidas señaladas en la ley.

El Instituto se integra por un consejo consultivo, una dirección general, un órgano interno de control y demás estructura que señale su reglamento interior, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables.

Las personas integrantes del consejo serán nombrados por el Congreso del Estado por las dos terceras partes de los miembros presentes, previa convocatoria pública.

El dictamen está programado para recibir la primera lectura en la sesión de hoy jueves, pero será sometido para su votación ante el Pleno el próximo martes.

El dictamen recibió la primera lectura en la sesión de hoy jueves, pero será sometido para su votación ante el Pleno el próximo martes.