Nos disponíamos a participar en un foro sobre libertad de expresión auspiciado por la embajada de Noruega en México y la organización Artículo 19, cuando mataron a otro periodista. Un día antes, uno más, el octavo en lo que va del año, una cifra y una tendencia nunca vistas en México.
¿Por qué no se ha logrado detener la ola de agresiones a periodistas? Por dos razones, principalmente. Una, porque el contexto de violencia e impunidad que existe no solo no ha disminuido sino que ha ido aumentando todos los días. Desde que mataron a Javier Valdez, aquel 15 de mayo, dijimos que no sería el último periodista asesinado porque había un contexto de violencia en el país que no iba a cambiar de la noche a la mañana. Y la otra razón es la impunidad con que se cometen los crímenes y las agresiones de todo tipo. Alejandro Encinas ha reconocido que al menos en el 45 por ciento de estas agresiones participa alguien que trabaja en el gobierno, sobre todo a niveles municipales. Y esto explica, entonces, por qué tenemos arriba del 95 por ciento de impunidad cuando de estas agresiones se trata.
Alejandro Encinas tiene el cuero duro porque no deja de ir a los foros donde esto se discute; es un hombre abierto pero también un funcionario público prácticamente derrotado. El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no protege a nadie. Lo ha reconocido de algún modo. Hace dos semanas tuvo lugar un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y presentó un diagnóstico del problema y cómo piensa él que puede irse resolviendo poco a poco el tema de las agresiones. El problema –y se lo dijimos en el foro realizado en la casa de la embajada de Noruega–, es que vamos ya por el cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y apenas se habla de un diagnóstico del problema, cuando éste se planteó desde el arranque de la administración. Y se hizo con carácter de urgente.
Armando Linares, se llamaba el periodista que asesinaron un día antes en Zitácuaro, Michoacán, y un mes atrás, el 31 de enero, habían matado a su compañero Roberto Toledo. Los dos trabajaban en el medio Monitor Michoacán. Después de la muerte de Linares, el medio cerró. Y entonces los que ordenaron el crimen de los periodistas, lograron su propósito.
¿Qué dijo el gobierno sobre la muerte de Linares? Que el periodista no había aceptado las medidas de protección. Le ofrecieron salirse de la ciudad, pero eso implicaba abandonar el trabajo y, es cierto, Armando no quiso hacerlo. No confiaba en las autoridades, a las que calificaba de corruptas, cómplices del crimen organizado. Hablé con alguien del Mecanismo al día siguiente de que lo mataron y me dijo que le mandaron mensajes para invitarlo a que saliera de Zitácuaro, pero que se negó. Y que luego ya no contestaba los mensajes. ¿Los mensajes? Después de que mataron a Toledo el Mecanismo tenía que hacerse presente, blindar a Armando contra una agresión que él mismo veía como inminente. Pero el Mecanismo le mandó mensajes.
En Michoacán gobierna Morena. ¿Hay alguna diferencia en materia de seguridad respecto a gobiernos anteriores, al del PRD o a los gobiernos priistas? No, ninguna. Ya dirán, para justificarse, que fue lo que heredaron del “periodo neoliberal”, que la violencia viene de atrás.
Bola y cadena
UNAS DE LAS COSAS INTERESANTES que dice Alejandro Encinas es que las fiscalías estatales no están haciendo su trabajo. Pero es lo menos que puede decir, porque en algunos casos pueden ser hasta cómplices. Por ejemplo, la fiscalía de Chihuahua permitió que el entonces gobernador Javier Corral, contaminara la investigación del crimen de la periodista Miroslava Breach. ¿Por qué lo hizo? Pues hay que averiguarlo, porque la periodista estaba investigando la presunta relación de Corral con el grupo delictivo de Los Salazar. Otro caso es el de la fiscalía de Veracruz, que echó mierda sobre mierda en la “investigación” del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso.
Sentido contrario
AUNQUE EL GOBERNADOR DIGA que saldrá siempre a defender a la Universidad Autónoma de Sinaloa—mal haría no hacerlo—es evidente que hay una pugna abierta con sus directivos en algunos temas. Los recursos es uno de ellos, pero detrás de este está, por supuesto, el del control universitario, el del poder, quién lo ejerce y cómo. No es que Rubén Rocha quiera hacerlo, o manipular la institución con algún fin político. Pero sí que no lo ejerza nadie más que quien debe hacerlo por norma. ¿Hasta dónde Jesús Madueña querrá hacerlo? Para ello tendría que romper con Melesio Cuen y eso está muy, pero muy lejos de ocurrir, casi imposible.
Humo negro
CLARO QUE HAY UNA OPERACIÓN desde el tercer piso. Héctor Melesio Cuen no tiene porqué equivocarse con lo vivo que es. ¿Quién la está haciendo? Pues ahí sí, quién sabe, pero es obvio, también, que es con la anuencia –por decir lo menos—del gobernador Rubén Rocha. A raíz de la renuncia de Carla Corrales al PAS, la semana pasada comenté sobre el destino incierto del ex rector y de su partido, el PAS, pero me quedé muy corto porque al día siguiente renunció al partido la alcaldesa de El Rosario, Claudia Liliana Valdez. Y dos días más tarde anunciaron también su salida dos diputados. Todavía no puede hablarse de un cisma en el PAS, pero el agua de la discordia sigue fluyendo en su interior y podría terminar socavando las bases del partido. No hay que olvidar que el PAS ha logrado mucho con sus alianzas, pero que al ir solo a las contiendas lo disminuye casi a nada. Queda muy poco del PRI, casi nada del PAN. No vaya a ser que también este partido pase luego a ser parte de la utilería electoral.
Artículo publicado el 20 de marzo de 2022 en la edición 999 del semanario Ríodoce.
