Gallos de pelea, armas largas y cortas, más de un millón de pesos en efectivo, bebidas, drogas, salas y recámaras de lujo…
Los penales de Sinaloa ha sido controlados por los reos por lo menos durante la última década. Cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que hay autogobierno y corrupción en su Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria.
El pasado viernes 11 de febrero ocurrió otra muestra más. Dentro del Centro Penitenciario Aguaruto encontraron 13 armas de fuego, un millón 250 mil pesos, droga y gallos de pelea. Y una celda de lujo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ocultó y no dio a conocer.
El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que hay autogobierno y corrupción en los penales.
“Claro, hay corrupción porque esas armas entran por la puerta, tiene que ver con los que revisan la puerta, la entrada”, señaló.
El mandatario aseguró que el último decomiso fue circunstancial en una revisión sorpresa.
Señaló que las armas fueron encontradas porque los gallos que tenían los internos habían rascado la tierra y los policías notaron algo irregular y ahí estaban enterradas las armas.
En esa revisión la SSPE dio a conocer que aseguraron un millón 250 mil pesos, siete armas largas entre ellas un fusil AR15, un AK47 y una subametralladora, seis armas cortas, dos paquetes con mariguana y siete gallos de pelea.
La dependencia omitió informar que además había por lo menos 20 cargadores para arma larga, 15 para arma corta, seis charolas de cerveza, tres tablas para “tablear” personas con el número 701 marcado, calcomanías con las iniciales JGL, fornituras y chalecos con placas blindadas.
También ocultaron dar a conocer que había una celda de lujo que tenía sala y recámara.
En fotografías difundidas extraoficialmente se observa que tenían muebles, pantalla, sistema de sonido, aire acondicionado y cama.
En las paredes de la sala había dos imágenes de San Judas Tadeo y en medio de ellas una de Joaquín el “Chapo” Guzmán.
En marzo de 2017 ya habían localizado una celda de lujo en el mismo penal.
En esa celda estuvo Juan José Esparragoza Monzón, el Azulito, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul; Jesús Peña González, el 20; Alfredo Limón Sáchez, el Limón; Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito Ántrax; y Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal.
La celda fue desmantelada hasta después de que el Azulito y los otros cuatro operadores del Cártel de Sinaloa se fugaron.
La celda tenía muebles, aire acondicionado, enseres, aparatos para hacer ejercicio y cocina.
En ese entonces el actual secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, era subsecretario de Seguridad.
El martes de la semana pasada fue destituida la directora del penal, Emma Alcantar González, quien había sido nombrada en octubre del año pasado por Castañeda Camarillo.
Un día después, el miércoles, el jefe de seguridad del centro penitenciario no se presentó a trabajar, presuntamente por estar contagiado de COVID-19.
Por lo menos desde 2011 la CNDH ha denunciado que hay corrupción y autogobierno en los penales del estado.
En el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de 2015 la CNDH incluyó que había áreas de privilegios y prostitución.
De acuerdo con la CNDH el autogobierno permite que algunas personas privadas de su libertad ejerzan control sobre la población, tengan privilegios, y se introduzcan sustancias y objetos ilícitos.
“El problema de las condiciones de autogobierno/cogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades”, señala el organismo.
La Comisión menciona que, de acuerdo con expertos en la materia, los altos niveles de corrupción se presentarían en gran medida, debido a que el personal carcelario resulta insuficiente, labora en condiciones muy precarias, y no cuenta con los elementos que requiere para desempeñar su función.
“Un centro penitenciario en el que la autoridad no tiene el mando y control legítimo de la administración, orden y disciplina, para su buen gobierno interior, difícilmente podrá operar en condiciones apropiadas de seguridad y atención para los internos, que permitan alcanzar el logro de los objetivos de la reinserción”, establece en los informes.
El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que tras el decomiso se hará un diagnóstico de los centros penitenciarios y habrá un reordenamiento en los penales.
“Los penales de este país tienen el tema del auto gobierno y las cosas que adentro ocurren, entonces es un tema complicado que yo faltaría a la razón, incluso, decirle yo lo voy a corregir, tenemos que verlo, es un tema general de seguridad el tema de penales que los tratamos con la Secretaría de Seguridad y lo tratamos con el Ejército y la Guardia Nacional, etcétera”, dijo.
Señaló que remover a la directora no resolverá el problema pero es necesario para empezar a reordenar.
“Vamos a revisar el personal, sobre todo los custodios que revisan la entrada, ya se tomaron medidas para efecto de revisar todo el personal. Tenemos que checar muchas cosas, ojalá que mejorando un poco más, que lo vamos a hacer en el caso de los ingresos de los custodios, de los celadores, pero lo vamos a hacer, también revisamos ese tema porque para que entren las armas, entren los gallos y esas cosas tiene que haber complicidad de la autoridad, vamos a ver dónde está, vamos a entrar a revisar”, indicó.
Mencionó que “hay que ver las complicidades no solo de la directora, el jefe de seguridad tiene que decirnos muy claramente, es el que más directamente está metido en el tema de cuidar este tema que es seguridad al interior”.
El secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, responsabilizó a los reos del fuero federal.
Detalló que en el penal de Aguaruto hay 2 mil 164 internos, de los cuales alrededor de 685 son por delitos federales y muchos de ellos permanecen ahí a partir de que han obtenido una suspensión definitiva, o un amparo por parte de los jueces federales para efecto de no ser trasladados.
“El centro no tiene sobrepoblación, sin embargo, son estas personas privadas de la libertad por razones de delitos federales las que generan ciertamente una circunstancia que ha redundado en este tipo de actos”, expresó.
Artículo publicado el 20 de febrero de 2022 en la edición 995 del semanario Ríodoce.
