Navidad.

Tiene 15 años. Una pistola le apunta a la cabeza.

Su amigo es un poco mayor, 18 años, está muerto a su lado, con la cabeza destrozada por un disparo.

¿Qué puede evitar que lo maten? El temor al castigo, no.

Le disparan. Lo matan.

Suben los dos cadáveres y los avientan en una brecha que comunica del libramiento a La Primavera a la colonia Real de Minas, en Culiacán.

Los medios informan la noticia en cuatro párrafos.

En Sinaloa, el 88.7 por ciento de los asesinatos cometidos en 2019 quedaron impunes. En todo el país, el 89.6 por ciento.

En Morelos quedaron sin castigo el 99.6 por ciento pero en Yucatán el 24.2 por ciento.

No es inevitable la impunidad, depende de cómo trabaje el aparato de justicia.

La calificación del desempeño de la Fiscalía de Sinaloa es de 55.4 puntos de un máximo de cien, según el Índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y Procuradurías 2020 – 2021 que elabora la organización “Impunidad Cero”.

Nuevo León obtuvo 68.6 puntos, el mejor, y Puebla, 36, el peor.

Las fuentes de información son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Estatales (CNPJE y CNIJE), así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). También se utilizaron el Modelo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal (MES), publicado por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación (Segob) y los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, hicieron un ejercicio de transparencia mediante el envío de solicitudes de acceso a información pública.

Los asesinos pueden ser castigados si existen las condiciones estructurales (instalaciones, recursos materiales, suficientes recursos humanos capacitados, etc.) y una organización eficiente de estas instituciones (aptitud de gestión, desarrollo de política criminal, distribución del trabajo, modelos de atención, entre otros).

El presupuesto per cápita que ejercen las fiscalías y procuradurías es clave para satisfacer las necesidades institucionales y, con ello, mejorar la procuración de justicia. Se ha encontrado que existe una relación entre el presupuesto ejercido en el combate a la impunidad y los niveles de impunidad de cada entidad federativa, reporta “Impunidad Cero”.

Sinaloa destina 240 pesos por habitante y ocupa el lugar 26 en la clasificación nacional. El promedio del país es de 380 pesos. CDMX dedica 767, el mayor, y Tlaxcala 174.

En 2020 el presupuesto per capita de Sinaloa fue menor al de 2016. El mejor año ha sido 2019.

El indicador de fiscales o agentes del MP por 100 mil habitantes es de suma relevancia dado que el modelo de investigación en México hace del MP el director de la investigación, por lo que a estos funcionarios les corresponden las tareas de investigar, coordinar a los policías y a los servicios periciales y ordenar las diligencias para demostrar ante un juez la existencia del delito y la responsabilidad de quién lo cometió, señala el Índice Estatal.

En este sentido, una tasa de fiscales por 100 mil habitantes muy baja puede aumentar las cargas de trabajo por fiscal y comprometer la calidad de las investigaciones.

Chihuahua tiene 33 fiscales por cada cien mil habitantes, el promedio nacional es de 10, que es la misma cantidad que tenemos en Sinaloa.

Un indicador de eficiencia del aparato de justicia es el porcentaje de denuncias cuyo trámite tardó más de cuatro horas.

En Sonora sólo el 9.6 por ciento de las denuncias tardó más de cuatro horas en hacerse. En Sinaloa, el 25 por ciento. El promedio nacional es de 32 por ciento.

En nuestro estado, en 2018 ese porcentaje fue de 34 por ciento. Se redujo en 2019 pero volvió a subir en 2020.

La probabilidad de esclarecimiento del delito nos dice el porcentaje de los delitos que se denuncian y se resuelven.

El promedio nacional es de 1.04 por ciento. En Guanajuato fue de 2.99 por ciento y en Sinaloa 0.79 por ciento. Ocupamos el lugar 21.

Si queremos evitar que nos maten, que nos roben y nos agredan, necesitamos un aparato de justicia que funcione.

Es imprescindible hacer un buen balance e identificar aciertos y errores. Sin instituciones capaces, el Estado mexicano puede debilitarse al grado que pierda la capacidad de gobernar.

La siguiente casa allanada por los violentos puede ser la nuestra.

En cualquier momento, un delincuente puede poner una pistola en tu cabeza y puede animarse a disparar porque sabrá que no le va pasar nada.

Artículo publicado el 02 de enero de 2022 en la edición 988 del semanario Ríodoce.