La Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad los dictámenes de las Leyes de Ingresos de los 18 municipios para el ejercicio fiscal del 2022

En una prolongada sesión de trabajo que tuvo lugar la noche de este viernes, el director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, Édgar Donato Vega Márquez informó que  todas las iniciativas de Leyes de Ingresos fueron objeto de análisis técnicos por la Auditoría Superior del Estado, la cual hizo algunas observaciones a las propuestas de Mocorito, Culiacán, Sinaloa y Elota.

En el primer caso, precisó que detectaron algunas diferencias, mismas que deberá tomar en cuenta el municipio para elaborar su presupuesto de egresos con base en el proyecto de Decreto que se apruebe y no en los montos establecidos en su iniciativa.

En lo que respecta a Culiacán, expuso que el ayuntamiento propone incluir se incluyan derechos por la prestación de servicios de desarrollo urbano que ya se vienen otorgando pero que se cobran incorrectamente o no se cobran.

Sin embargo, observó, la Constitución Política de México establece que los servicios serán prestados, pero no mandata que sean cobrados.

Además, observó, los derechos o contribuciones se establecen en la Ley de Hacienda Municipal y no en la Ley de Ingresos.

Adicionalmente observó que el ayuntamiento de Culiacán no anexó estudios de carácter técnico-financiero que permitan llevar a cabo un estudio más exhaustivo en cuanto a los beneficios que su propuesta pudiera tener, por lo que se concluye que dichos derechos se deben regular en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

En cuanto al municipio de Sinaloa el director jurídico explicó que se observó que la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos, en lo que se refiere al porcentaje de recargos sobre saldos insolutos que se causarán en los casos de falta de pago oportuno de los créditos fiscales, indemnización por insuficiencia de fondos y en casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, propone aumentarlo del 2.2 al 4.5 por ciento mensual.

Este aspecto, explicó, se considera inviable en razón de que el municipio no adjunta especificaciones técnicas basadas en una política tributaria que permita tomar una decisión en ese sentido.

Además, observó que la Comisión de Fiscalización propone una tasa del 2.0 por ciento para todos los municipios ante esa situación particular, tomando en cuenta que es facultad del Congreso establecer los porcentajes referidos.

En el caso de Elota, expuso que el correspondiente ayuntamiento no entregó en tiempo y forma su iniciativa de valores unitarios del suelo y las construcciones para el año 2022.

Ante ello se propone extender al 2022 las tablas catastrales aprobadas para el 2021, sobre las cuales se aplicarán las tasas aprobadas un día antes para la aplicación del cobro del impuesto predial, que serán del 2.5, 3.0 y 4.0 por ciento.