lunes, junio 27, 2022
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Inicia consulta popular para definir construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo; Gerardo Vargas vota por el ‘sí’

consulta planta de amoniaco-gerardo vargas

A las 8:00 horas de este domingo inició la consulta popular para definir si se construye o no planta de amoniaco en Toolobampo.

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue de los primeros en acudir a una de las 26 mesas que se instalarán en el municipio. Ante los medios de comunicación presentes mostró la boleta cruzada con la opción del “Sí”.

El mandatario, quien tiene una denuncia en su contra por presuntas amenazas contra el activista Ulises Pinzón, del grupo opositor “Aquí No”, llamó a la población a acudir a votar.

El ejercicio promovido por la Secretaría de Gobernación pretende consultar a 40 mil personas de los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte.

Las mesas de consulta estarán abiertas de 8:00 a18:00 horas. En Guasave se instalarán tres mesas y una más en El Fuerte. Los resultados se darán a conocer en medios impresos 24 horas después del ejercicio.

En la consulta podrán votar todos los residentes adultos de las localidades señaladas que lo acrediten con credencial de elector, y hasta que se agoten las papeletas.

La primera etapa del ejercicio, que fue informativa se realizó del 16 al 24 de noviembre en San Miguel Zapotitlán, Gustavo Díaz Ordaz, Higuera de Zaragoza, Topolobampo, Los Mochis, Heriberto Valdez Romero, en Ahome; en Guasave: Benito Juárez, Adolfo Ruiz Cortines, y Juan José Ríos, mientras que en El Fuerte será en Mochicahui; la segunda fase deliberativa, será del 25 al 27 de noviembre, y una tercera consultiva,

El Colectivo Aquí No e indígenas de la región se oponen a la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) al considerar que afectará el ecosistema de la bahía de Ohuira.

En los últimos días se han incrementado las movilizaciones en contra de la consulta popular, debido a que los opositores consideran que no es vinculante y carece de efecto legal ya que la Ley de Consulta Popular ordena que esta debe ser aprobadas por las cámaras de Diputados y Senadores, tras la acreditación de una violación a los derechos humanos de las comunidades y por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que no ha ocurrido.

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