Las cámaras los grabaron en plena faena. Unos extorsionando, otros robando con lujo de violencia. Ambos usaron los equipos oficiales, entregados para su custodia con el fin de proteger a la comunidad… pero terminaron torciendo su formación y escupiendo el juramento, convirtiéndose en maleantes con uniformes. Son policías. Ambos casos sucedieron en Ahome, al norte de Sinaloa.

Los involucrados son policías preventivos y ministeriales investigadores, respectivamente.

El primero ya es cuadernillo 533/2021 derivado de la carpeta de investigación 2077/2020 y está a punto de iniciarse el juicio. El segundo fue protegido por el coordinador, José de Jesús Angulo Sánchez, y el entonces vicefiscal general de Justicia en la Zona Norte, Arnoldo Serrano Castelo, por tratarse de cuatro de sus subordinados.

De acuerdo con la audiencia en receso, los policías involucrados en un caso de abuso de autoridad, cohecho, uso indebido de documentos, fraude y robo de vehículo, involucra al menos dos policías plenamente identificados, Alberto R.V. y René E.R.R. El primero estaría viviendo en Guasave y el segundo en Ahome.

Además, estarían también involucrados dos civiles, Manue J.P.D. y Víctor M.B.L.

La carpeta de investigación fue integrada por la Unidad Anticorrupción.

Inició por la denuncia de un médico veterinario que habría sido retenido para un cacheo. En este, los policías simularon que el auto estaba reportado como robado, apareciendo en el caso un civil que se dijo ser el propietario.

Todos confundieron al particular hasta que le obligaron a pagar 10 mil pesos a cambio de no detenerlo, y entregar el coche.

Como el médico no tenía dinero, apareció otro sujeto que se comportó como prestamista, firmándole un pagaré.
El caso fue tan burdo que la entrega del dinero fue grabada en video.

Meses después, la investigación concluyó y se judicializó, pero en la audiencia inicial para la imputación de hechos, sólo uno de los policías se presentó, por lo que esta fue suspendida, reprogramándose.

Juan Manuel Figueroa Fong, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome, dijo desconocer el caso y ofreció indagarlo, para emitir un posicionamiento.

Hasta el cierre de la edición, esto no se había comunicado.

Sin embargo, en la víspera, el jefe policial aseguró que no se toleraría la corrupción en las filas, y que se había dado una instrucción de cesar los abusos y operar con apego a derecho y respeto a los derechos humanos de las personas.

En el segundo caso, el de los investigadores policiales, se indagaron al menos cuatro robos con violencia en donde se sustrajeron más de 2 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con datos internos de las pesquisas, los involucrados fueron conocidos como Macario “M”, Juanito “L”, Chiquilín “Q” y Carrizo “L”.

Estos habrían utilizado las armas de cargo para encañonar a sus víctimas, y las patrullas para seguirlos, incluso, para perpetrar los robos y huir. Una motocicleta también fue detectada.

Entre las víctimas figuran una casa de cambio, agricultores y un empleado de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

De acuerdo a diversas fuentes que conocen del caso, la sospecha comenzó porque en los primeros robos violentos no se investigaron, pese a que la policía municipal aportó los primeros indicios.

Además, en labores de inteligencia se encontraron grabaciones, lo que inició el hilo conductor hacia los ministeriales.
Los robos violentos fueron perpetrados durante septiembre y octubre de este año.

Fue así que el coordinador de investigaciones, José de Jesús Angulo Sánchez fue enterado del caso, al mismo tiempo que Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal de Justicia en la Zona Norte. El primero resolvió cambiar a Culiacán a sus subordinados, y el segundo no abrió investigación.

Ríodoce buscó a Angulo Sánchez en la coordinación de la Policía Ministerial del Estado, pero un subordinado del comandante dijo que estaba ausente, y ofertó que haría llegar el antecedente del tema y el número telefónico para concertar la entrevista; la llamada nunca llegó.

No es la primera ocasión que policías investigadores se ven involucrados en hechos presuntamente constitutivos de delito, pues a finales del 2020, investigadores y hasta el comandante del destacamento ministerial en San Blas, El Fuerte se vieron involucrados con una banda de “robacoches” que operaba en la zona norte de la entidad.

Conocido por el apodo del “Abuelo”, un jefe de grupo pretendió rescatar a un grupo de sujetos que habían perdido la libertad por conducir un vehículo robado.

Cuando el caso llegó a sus superiores, se ordenó darle carpetazo. El destino del policía nunca se aclaró.

Los coordinadores de la policía ministerial sólo se encerraron en sus oficinas y no aclararon los casos, y Serrano Castelo no concedió más entrevistas.

Artículo publicado el 21 de noviembre de 2021 en la edición 982 del semanario Ríodoce.