Los ciudadanos hicieron cola para ampararse contra la obligación de presentar certificado de vacunación
“Lo que hicimos nosotros es protegernos de una orden arbitraria, ilegal del todo, emitida por la autoridad municipal a quien no le corresponde emitir este tipo de ordenamiento,” sostiene Guadalupe Morales Carrillo, abogado que ha amparado a 435 mazatlecos, contra la “Ley Químico”.
“Los Juzgados Octavo y Décimo están otorgando la suspensión definitiva a todos los amparados; ahorita están en proceso de estudio para la suspensión, solamente alrededor de 250 amparos, dado que el resto ya fueron otorgados”, dijo el defensor de los amparados mazatlecos.
Entrevistado en sus oficinas ubicadas en la calle Teniente Azueta y avenida Manuel Gutiérrez Nájera, donde los ciudadanos hicieron cola para ampararse contra la obligación de presentar certificado de vacunación para el acceso a sitios públicos y privados.
“Se hizo necesario implementar la defensa legal en contra de la violación que se estaba causando, o que se sigue causando, a las personas que por alguna situación no han podido vacunarse y pues ahí estamos hablando de algo que ni siquiera le competía al presidente municipal”, critica.
Los ciudadanos se ampararon porque consideraron como una violación el que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres decretara el 2 de agosto, arbitrariamente, que el ciudadano que no tenga cómo comprobar que ya se vacunó, no puede ingresar a esos lugares indispensables.
Prohibición absurda
La orden del “Químico” Benítez produjo la indignación de los ciudadanos quienes argumentaron que no es negarse a vacunar.
“Porque se hizo del conocimiento público que la persona que no había tenido oportunidad de vacunarse en el día que le correspondía por qué razón, porque estaba enfermo, porque estaba saliendo apenas de la enfermedad, la había superado recientemente, y recomendaban los médicos que no se vacunaran de inmediato, pues tenían que esperar un mes por lo menos”, dijo Morales Carrillo.
La orden del “Químico” Benítez perjudicó a esas personas que no pudieron vacunarse en su momento, porque no tenían como demostrar que tenían un certificado de vacunación para poder ingresar a todos los lugares necesarios.
—Esa era la parte absurda de la prohibición- se le comenta a Morales Carrillo.
—Exacto. Ese es el punto. Que nuestro amparo era contra esa orden ilegal de afectar a esas personas que no eran consideradas porque la orden fue tajante, en general, no hacía diferencias en que te explicaban por qué no la tenían, te mandaban sacar un certificado de que eras negativo, o sea, la persona tenía que sacar un certificado de 800 o 900 pesos, para acreditar que no estaba enfermo. Eso también lógicamente llevaba a que la gente tuviera que ir a gastar, pues no estamos para estar gastando cada rato o cada quince días para demostrar que no estaba enfermo de COVID-19.
Artículo publicado el 29 de agosto de 2021 en la edición 970 del semanario Ríodoce.
