La historia de la biblioteca “Gilberto Owen”, primero desmantelada, luego abierta años después con características muy lejanas al proyecto que se había anunciado en el sexenio anterior, es solo la punta del iceberg de la situación de la bibliotecas públicas en Sinaloa.

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Un informe técnico del Instituto de Cultura de mayo de 2019, señaló que la Red Estatal de Bibliotecas a nivel municipal tiene instalaciones desgastadas y en mal estado, derivado de que no se ha ofrecido mantenimiento adecuado, acumulándose el deterioro año con año.

En Sinaloa, solo el 27 por ciento de las 179 bibliotecas públicas existentes se encuentran dentro de la normatividad de las medidas mínimas, de 120 metros cuadrados, para operar una biblioteca de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaria de Educación Pública.

El diagnóstico motivó que, a finales de 2019, la Comisión de Bibliotecas, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, empujara la aprobación de recursos para detener el deterioro y recuperar a las bibliotecas.

Rosario Romero, diputado presidente de la Comisión de Bibliotecas, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, lamentó que pese a que el Congreso del Estado etiquetó recursos para bibliotecas en 2019 y 2020, el Gobierno del Estado solamente aplicó 10 millones de pesos de los 25 que fueron aprobados cuando sea probaron las leyes de Presupuesto de Ingresos y Egresos.

El gobierno estatal no dio ninguna razón para explicar el motivo por el cual se aplicó una menor cantidad de recursos en comparación con lo presupuestado. Solo respondió: “Estamos en eso”, relata el legislador de Morena, actual presidente de la Junta de Coordinación Política.

La situación de las bibliotecas en Sinaloa ya había sido presentada en una reunión que en 2019 promovió la referida comisión en coordinación con el ISIC con directores y coordinadores de bibliotecas.

En esa ocasión se resaltó, por ejemplo, que en los locales que inicialmente se planean para uso exclusivo de una biblioteca, a veces se les designa para instalar oficinas municipales, estatales o federales. Algo similar a lo ocurrido con la biblioteca “Gilberto Owen” en Culiacán.

En las sindicaturas, los ayuntamientos se comprometen a pagar el sueldo de bibliotecario, pero al final se lo cargan al síndico, y en cada cambio de gestión los primeros que salen son los bibliotecarios.

Los ayuntamientos se comprometen inicialmente a dotar de mobiliario a las bibliotecas, pero en realidad, les quitan las sillas, las mesas, los escritorios y el mobiliario.

En cuanto el mantenimiento, los ayuntamientos también hacen el compromiso de darle mantenimiento al local, reparar el mobiliario y dotar de los libros necesarios, pero en realidad los edificios están desatendidos, sin pintura, sin impermeabilizar. Los locales se deterioran por goteras, ventanas sin vidrios y faltantes de focos. El mobiliario se compone de mesas de tres patas y sillas que se empotran para lograr hacer una.

Tampoco se cuenta con el material requerido. La situación que prevalece es que se sobrevive por el desabasto de los materiales elementales.

Los ayuntamientos incumplen con el compromiso de vigilancia, labor que en realidad realizan los vecinos de las bibliotecas.
Al no contar con una partida presupuestal, las bibliotecas con los años se vuelven inservibles y se cierran.

En el último diagnóstico realizado antes de la pandemia, el 85 por ciento de las bibliotecas públicas requerían impermeabilización, pintura exterior e interior, reforzamiento de la seguridad en puertas y ventanas, iluminación adecuada y permanente.

El informe señalaba también que el actual mobiliario y equipo de bibliotecas era deplorable, ya que la última vez que se les había dotado de mesas era en promedio hace 20 años, y estaban funcionando con mobiliario reciclado del Ayuntamiento con dimensiones no adecuadas. En su mayoría carecían de mobiliario infantil.

El estado de la estantería de las bibliotecas fue catalogado también como inadecuado, obsoleto, no apropiado, deteriorado, inservible e insuficiente.

En cuanto al acervo bibliográfico era también desfasado, y que hace seis años atrás les había llegado la última colección.
Para atender la situación de las bibliotecas, el Congreso del Estado aprobó una primera partida de 15 millones de pesos para aplicarlo al 75 de las 179 bibliotecas, que representaban el 42 por ciento del total.

Los legisladores proponían entonces mejorar las bibliotecas existentes e instalar 70 nuevas, de las cuales 16 se planearon para el municipio de Ahome, siete para Culiacán y cinco para Mazatlán.

Frente a la situación de las bibliotecas en Sinaloa, el Congreso del Estado aprobó la semana pasada obligación para que el gobierno estatal destine cada año una partida del presupuesto para el funcionamiento de bibliotecas.

“Es tiempo de que el gobierno deje de ver a las bibliotecas públicas como un desperdicio y un gasto inútil, y les destine un presupuesto anual para poner un alto a su deterioro y carencias”, señaló Romero López.

Las reformas a la de Bibliotecas del Estado para otorgar un presupuesto anual, sumará a Sinaloa la obligación que ya existe en entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.

La Comisión de Bibliotecas, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales planteó a la Comisión de Fiscalización solicitar una auditoría específica para el caso de la biblioteca “Gilberto Owen” en donde se aplicaron millonarios recursos sin obtenerse los resultados que se plantearon al inicio del proyecto.

A finales de 2019, el Instituto de Cultura de Sinaloa (ISIC) lanzó licitaciones para la compra de mobiliario y equipo, cuyos contratos se firmaron el 30 de diciembre de 2019. Uno de los contratos se hizo con la empresa World Net Commerce SA de CV por la compra de 365 computadoras de escritorio, 73 impresoras, así como 428 reguladores de voltaje, 355 diademas con micrófono y 224 ventiladores, con un costo total de 2.9 millones de pesos. Otro contrato fue firmado con Mobiliarios y Servicios SA de CV por estantes, archiveros, sillas de diversas medidas entre ellas infantiles, y mesas, por un total de 10.8 millones de pesos.

De acuerdo con el acta de fallo de las licitaciones, el plazo de entrega sería 60 días naturales contados a partir del día 2 de enero.
Fue hasta para noviembre de 2020 cuando Gobierno del Estado difundió la entrega simbólica de mobiliario y equipo para un total de 80 bibliotecas públicas de Sinaloa. Del resto de los recursos presupuestados para el 58 por ciento de las bibliotecas pendientes, no se tiene información ni de la inversión ni del tiempo en que se aplicarían los recursos.

“Tal parece que solo les interesa hacer negocios”, expresó Romero López.