A la Memoria de Samir Flores,
asesinado por defender la tierra y el agua
en Morelos, México.

El pasado 5 de julio Roberto David Castillo García fue declarado culpable de ser uno de los asesinos intelectuales de la ecologista hondureña Berta Cáceres. Este es un veredicto histórico debido a que se trata de un alto ejecutivo de la empresa hondureña Desarrollo Energéticos (DESA) y oficial de inteligencia militar. El pueblo Lenca se opuso a que dicha empresa construyera una hidroeléctrica en sus tierras y privatizara los ríos.

En la madrugada del 2 de marzo de 2016 un grupo de sicarios entró a la casa de Cáceres y la mató; ella fue cofundadora (1993) del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El ecologista mexicano Gustavo Castro había asistido a un encuentro latinoamericano contra el extractivismo y se hospedó en casa de su amiga Berta. Tras balear a la activista un pistolero le disparó a Gustavo en la cabeza, con tan mala puntería que solo le voló un pedazo de oreja. Castro se hizo el muerto y salvó la vida. Así empezó para él, un infierno legal pues como testigo y sobreviviente se convirtió en una persona clave en el caso. Por el trato de victimario y no de víctima que le dieron en Tegucigalpa, Gustavo Castro se dio cuenta que los asesinos contaban con protección oficial y que no había voluntad de las autoridades de hacer justicia.

Pero entró en acción la presión internacional. En 2015 Berta Cáceres había ganado el premio Goldman, la presea más alta que puede recibir un ecologista. La ONU, la OEA, Green Peace, la Unión Europea, los grupos ecologistas, colectivos indígenas, así como la familia Zúñiga-Cáceres y la COPINH, exigieron justicia hasta que obtuvieron resultados. Siete asesinos materiales fueron capturados, enjuiciados y en diciembre del 2019 fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de prisión. Roberto David Castillo, uno de los autores intelectuales, fue declarado culpable el 5 de julio pasado y recibirá sentencia en agosto.

Los militares
Varios perpetradores materiales son ex militares o militares en activo entrenados en Estados Unidos, como el mismo Roberto Castillo.

Berta Zúñiga hija de Berta Cáceres dijo en entrevista para Ríodoce:

“A partir del golpe de Estado en Honduras (2009) los militares comenzaron a adquirir mayor poder. El Ejército había estado un tanto marginado pero el nuevo gobierno empezó a otorgarles mayor poder de actuación legal e ilegal. Ahora están metidos en inversiones de proyectos extractivistas de distintos tipos”.

Bertita, como la llaman cariñosamente recalca: “Fueron entrenados en Estados Unidos porque allá apuestan por la seguridad, que se traduce en ejércitos, armas, tecnología militar. David Castillo es militar de inteligencia que estudió en E.U. y utilizó sus conocimientos para el espionaje, monitoreo, persecución y vigilancia de Berta Cáceres, para asesinarla”.

La joven Zúñiga recalca: “En el crimen de mi mami también participó Mariano Díaz , Mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público. Los militares operan de manera ilícita y se dedican al narcotráfico, a la importación ilegal de armas, a negocios ilícitos, en un contexto de corrupción, de tráfico de influencias. Para nosotros eso no es casualidad.”

Con una pizca de optimismo, Zúñiga nos comparte que existe una propuesta de ley en Estados Unidos llamada Berta Cáceres Por Los Derechos Humanos, que exige se suspenda la ayuda militar de E.U. a Honduras hasta que se aclaren los crímenes en los que han participado las fuerzas armadas”.

Los Megaproyectos

—¿Qué ha pasado con los megaproyectos a los que se enfrentó tu mamá?
—Hay muchísimos proyectos en concesión en las tierras del pueblo Lenca. No han avanzado mucho porque el asesinato de mi mami trajo una paralización temporal, pero sí hay amenazas latentes. El proyecto hidroeléctrico Aguazarca está detenido. Los inversionistas se fueron cuando quedó claro que el crimen de Berta Cáceres estaba relacionado con él. Además varios empresarios fueron capturados e interrogados. Sin embargo, la concesión sigue vigente y es por 50 años así que existe el peligro de que pueda reactivarse.”

—¿Son empresas hondureñas?
—Supuestamente son nacionales con accionistas hondureños, pero les cambian el nombre y van mutando. Las inversiones internacionales no solo permiten materializar los megaproyectos, sino también mantener la violencia contra el pueblo Lenca.

—¿A quién benefician los megaproyectos, a la industria, la población, la exportación?
-—La energía sería vendida supuestamente a la Empresa Nacional de Energía que resulta bastante cara para los circuitos de producción. Hay que analizar los corredores de interconexión eléctrica en Mesoamérica que se están construyendo. Esa energía no es para las comunidades sino para profundizar el capitalismo”.

Los autores intelectuales

Para las hijas de Berta Cáceres y su equipo de abogados, no hay duda que los autores intelectuales son los accionistas mayoritarios de la empresa DESA, constructora de la hidroeléctrica propiedad de una de las familias más ricas y poderosas de Honduras, los Atala Zabla. Según Bertita Zúñiga ellos son dueños de bancos, de equipos de fútbol y de empresas constructoras.

La abogada Coritzia Ortez, dijo en entrevista con Ríodoce que uno de los asesinos declaró en su juicio que en la Junta Directiva de DESA se hablaba del “problema Berta Cáceres”

Coritza explica:
“A Castillo lo condenan sus comunicaciones que muestran su participación en el crimen. Encontramos más de 70 llamadas telefónicas de Castillo con los asesinos materiales; él los contrató, para nosotros, el equipo jurídico no es el único autor intelectual, fue un peón, un instrumento. Nosotros le imputamos la autoría, él no decidió sólo. Él fue la correa de transmisión.

“Para asesinar a Berta se movieron varias estructuras , tanto la criminal, que fue la ejecutora del crimen, como otra superior conformada por los directivos de la empresa y ellos están arropados por un manto de impunidad” afirma Ortez y subraya:

“La importancia del juicio a Castillo es que es muy difícil llegar a la élite, a esos niveles. El es la llave que nos llevó a las estructuras superiores”.

La abogada de las víctimas subrayó:

“Este juicio ha revelado cómo operan estas estructuras económicas de nuestro país. Aparentemente sus empresas están legalmente constituidas con los permisos correspondientes, pero detrás, hay procesos irregulares en las concesiones y los permisos, como el pasar por encima de las decisiones de las comunidades sin las consultas previas libres e informadas de acuerdo a las normativas internacionales, de acuerdo al derecho indígena internacional. Todas las irregularidades son permitidas porque estas empresas tienen vínculos de poder y es una estructura grande de empresarios y funcionarios.

—¿Ustedes cómo están, cómo se sienten ?

Berta Zuñiga suspira y relata:

—Hemos tenido una campaña de estigmatización, de criminalización incluso desde antes del asesinato de Berta . El COPINH y sus líderes que siguen en la lucha territorial siguen sufriendo amenazas, agresiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares y esas se han mantenido en el tiempo. No sabemos si tras el fallo en contra de Castillo se reactive la estructura criminal que mató a Berta Cáceres y puede haber arremetidas contra nosotros”, dijo con preocupación Bertita. Y recordó la lista de agravios y la campaña de criminalización que sufrió su familia y la COPINH.

“Se dijo que había sido un crimen pasional, un problema interno en la organización y había muchas irregularidades en el proceso. La labor que hicimos acompañadas de muchas personas fue proteger el proceso. Que el crimen no quedara en la impunidad, que las líneas de investigación fueran las correctas. Incluso fue robado el expediente que gracias a las fotocopias en nuestro poder pudimos reconstruir”.